Estado de México: un caso de digitalización forzada de trámites en nombre del «progreso»

La reciente ofensiva legislativa y administrativa en el Estado de México para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión de trámites oficiales se presenta ante la opinión pública como un salto hacia la modernidad. Sin embargo, tras la narrativa del «gobierno digital» y la «eficiencia algorítmica», se esconde una estructura de exclusión que amenaza con desmantelar los derechos básicos de la población mexiquense, convirtiendo el acceso a la justicia y los servicios en un privilegio tecnológico.

La implementación de sistemas automatizados en una entidad marcada por profundas brechas de conectividad no es un acto de progreso, sino una barrera burocrática de nueva generación. Para millones de ciudadanos en zonas rurales o periféricas, la obligatoriedad de interactuar con una interfaz inteligente para ejercer derechos fundamentales —desde la obtención de un acta de nacimiento hasta la denuncia de un delito— supone una forma de analfabetismo forzado por el Estado.

El primer gran foco rojo reside en la recopilación masiva de datos biométricos. Bajo el pretexto de «garantizar la identidad» y evitar fraudes, el Gobierno del Estado de México está construyendo bases de datos sin precedentes. Iris, huellas dactilares y reconocimiento facial se están convirtiendo en el peaje necesario para existir legalmente ante la autoridad, entregando al Estado la llave biológica de cada individuo sin garantías claras de ciberseguridad.

Esta acumulación de información sensible abre la puerta a una hipervigilancia sistémica. Al cruzar los datos de los trámites oficiales con las cámaras de seguridad urbana y algoritmos de predicción del delito, el Edomex corre el riesgo de transformarse en un panóptico digital. Aquí, la presunción de inocencia se debilita frente a la «probabilidad estadística» dictada por un software que nadie ha auditado de forma independiente.

Críticos y expertos en derechos digitales advierten que la privacidad ha dejado de ser un derecho para convertirse en una moneda de cambio. En un país con antecedentes de filtraciones masivas de datos y venta de padrones electorales en el mercado negro, la centralización de biometría en manos de una IA estatal es, por decir lo menos, una imprudencia histórica que deja al ciudadano vulnerable ante el robo de identidad y la persecución política.

Además, el despliegue de estas tecnologías responde a dictados globales extranjeros. Las plataformas y modelos de lenguaje que se pretenden implementar no son desarrollos soberanos; son productos de empresas transnacionales, principalmente estadounidenses y chinas. Al adoptar estas herramientas, el Estado de México —y por extensión la Federación— cede su soberanía tecnológica, permitiendo que criterios comerciales y sesgos extranjeros dicten la administración de la cosa pública mexicana.

Esta dependencia tecnológica erosiona la ya frágil soberanía nacional. Al utilizar infraestructuras de nube y algoritmos propietarios, la capacidad de decisión del gobierno local queda supeditada a los términos y condiciones de corporaciones que no rinden cuentas a la ciudadanía mexicana. La gobernanza se terceriza, y con ella, se diluye la responsabilidad política de los funcionarios frente a sus electores.

En el ámbito laboral, la sombra de la IA proyecta una crisis inminente. La automatización de trámites no solo busca agilizar procesos, sino reducir la nómina pública. Miles de empleos administrativos en las oficinas estatales están bajo amenaza directa. La promesa de «reubicación» suele ser un eufemismo para el despido, eliminando el contacto humano que, en muchos casos, es el único puente de empatía entre el sistema y un ciudadano en crisis.

La pérdida de empleos por la IA no es un daño colateral menor; es un golpe al tejido social en una región donde la precariedad laboral ya es la norma. Sustituir a un servidor público por un chatbot o un sistema de decisión automatizada deshumaniza el servicio civil. Un algoritmo no comprende el contexto de una madre que busca un apoyo social o la urgencia de un campesino que intenta regularizar su tierra; solo conoce parámetros de entrada y salida de datos.

Este modelo de «Estado Algorítmico» profundiza la estratificación social. Aquellos con acceso a dispositivos de última generación y conocimientos digitales navegarán el sistema con relativa facilidad, mientras que los sectores más desfavorecidos quedarán atrapados en bucles de error tecnológico, sin un rostro humano al cual reclamar. Es la digitalización de la desigualdad.

Las voces disidentes señalan que el incremento de estas tecnologías dificulta el ejercicio de derechos básicos. El derecho de petición, consagrado en la Constitución, se ve obstaculizado si el único canal disponible es un sistema que no reconoce dialectos, acentos o que simplemente falla por una mala conexión de internet en municipios como San Felipe del Progreso o Luvianos.

Asimismo, la falta de transparencia en el funcionamiento de estos algoritmos —la llamada «caja negra»— impide que el ciudadano sepa por qué se le negó un trámite o un beneficio. Si el sistema decide, bajo criterios opacos, que un usuario no cumple con el perfil, la impugnación de esa decisión se vuelve una odisea legal frente a un responsable invisible.

Es imperativo cuestionar a quién beneficia realmente esta prisa tecnológica. Mientras los proveedores de software celebran contratos millonarios, la ciudadanía se enfrenta a una erosión silenciosa de su autonomía. El Estado, en su afán de parecer vanguardista, parece olvidar que su función primordial es proteger y servir al ser humano, no optimizar procesos a costa de la libertad y la privacidad.

La soberanía de un país también reside en la capacidad de su gente para interactuar con sus instituciones sin intermediarios tecnológicos que respondan a intereses ajenos. México, y específicamente el Estado de México, está entregando su memoria y su identidad biológica a sistemas que no comprende ni controla totalmente, bajo el espejismo de una modernidad que no ha sido consultada con el pueblo.

La narrativa oficial insiste en que la IA eliminará la corrupción. No obstante, la historia nos enseña que la tecnología suele simplemente desplazar la corrupción de la ventanilla al código de programación. El sesgo algorítmico puede institucionalizar la discriminación de manera mucho más efectiva y difícil de detectar que un funcionario corrupto, ya que se disfraza de objetividad matemática.

Por otro lado, el consumo energético y el impacto ambiental de mantener estos centros de datos rara vez entran en la discusión política local. Se gasta en tecnología lo que bien podría invertirse en capacitación humana o en mejorar la infraestructura física de las oficinas que atienden a los más pobres, quienes siguen haciendo filas de horas bajo el sol mientras el gobierno presume aplicaciones móviles.

El peligro de la pérdida de privacidad es irreversible. Una vez que el Estado posee el mapa de tu rostro y el patrón de tu caminar, no hay vuelta atrás. En un contexto de inseguridad como el que vive el Edomex, ¿quién garantiza que estas bases de datos no terminarán en manos del crimen organizado, facilitando extorsiones y secuestros con precisión quirúrgica?

Finalmente, la discusión en el Congreso local debe elevarse más allá de los beneficios cosméticos. Es necesaria una regulación estricta que garantice la soberanía de los datos, la auditoría humana obligatoria de cada decisión tomada por IA y, sobre todo, el mantenimiento de vías analógicas obligatorias para garantizar la inclusión total.

La digitalización no debe ser un arma de control ni un mecanismo de exclusión. Sin una defensa férrea de la privacidad y una resistencia consciente a los dictados tecnológicos globales, el Estado de México corre el riesgo de convertir a sus ciudadanos en simples puntos de datos, despojados de su voz y su soberanía ante la fría mirada de un servidor ubicado a miles de kilómetros de distancia.

El progreso que no incluye a todos, y que por el contrario, nos hace más vulnerables ante el poder y el capital extranjero, no es progreso; es una nueva y sofisticada forma de colonialismo digital que urge frenar antes de que el último trámite humano sea desactivado para siempre.