por Rubén Luengas
En agosto del 2008, ante todos los funcionarios públicos de México, incluido el entonces presidente Felipe Calderón, reunidos en el Consejo Nacional de Seguridad, el empresario Alejandro Martí , cuyo hijo fuera secuestrado y asesinado, les pidió que renuncien a sus cargos si no eran capaces de combatir el delito y restablecer la seguridad en el país.
«Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada, también es corrupción, en nuestro país hay jóvenes que requieren el trabajo de ustedes y estarían gustosos, con todo el entusiasmo de gente limpia y no maleada de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo», dijo en aquel 2008 Alejandro Martí en una Cumbre Nacional de Seguridad en México.
Cuatro años y medio después, con otro residente presidencial en Los Pinos, proliferan en diferentes partes de la geografía mexicana, grupos de autodefensa civil, que surgen -según reportan los medios y aseguran comentaristas- como la respuesta natural y legítima ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en lugares como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chihuahua y Morelos, entre otros.
En febrero pasado, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, dijo que se tienen identificados grupos de autodefensa civil en cuatro puntos de la entidad, mismos que, aseguró Vallejo, serán censados y se les acreditará y capacitará, además de asignarles un salario. La idea es, dijo el gobernador del PRI, que no se desvirtúe la función de autoprotección con la que surgieron. Pero ésa es justamente la preocupación de otros actores, como el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez, quien ha dicho que se corre el riesgo de que el Estado Mexicano se desmorone si los grupos de «autodefensa» o «resistencia civil» continúan apareciendo en México. «Si no se pone la debida atención, advirtió el arzobispo, la situación puede agravarse».
También recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que la actuación de las policías comunitarias no debe continuar porque «afectan la gobernabilidad y generan un problema de seguridad nacional»; pero los miembros del Consejo Mayor de Gobierno Comunal, reportó la prensa mexicana, respondieron que cuando le pidieron a la CNDH que vieran las condiciones en las que les tenía la delincuencia organizada, no lo hicieron.
Por mi parte, me parece perfectamente comprensible que ante la omisión del Estado en el cumplimiento de una de sus razones esenciales de existir, los ciudadanos se nieguen a permanecer resignados y pasivos ante la impunidad y la agresión de la que son víctimas, pero al mismo tiempo no me parece ocioso acudir a experiencias como la guatemalteca, pensando en evitar que el instinto legítimo de autodefensa y la decisión comunitaria de ponerse en guardia pueda llegar a significar echarle gasolina al fuego o que «a río revuelto ganancia de pescadores».
Ignoro si es verdad lo que el Comandante de la Novena Región Militar de Guerrero, Genaro Fausto Lozano Espinoza, afirmara en el sentido de que existe «una mano que mece la cuna» detrás de la conformación de todos los grupos de autodefensa. El comandante descartó que se trate de un fenómeno espontáneo y rechazó ofrecer más detalles por cuestiones de seguridad, pero personalmente no descarto que el caldo de cultivo sea el adecuado para que esa posibilidad sea real, por lo menos en algunos de los casos.
Según la Procuraduría General de la República, cuando el ejército detuvo el pasado 6 de marzo a 34 supuestos integrantes de un grupo de autodefensa de Buenavista Tomatlán en el estado de Michoacán, los detenidos portaban armas AK-47 y AR-15 y estaban relacionados con el cártel de Jalisco Nueva Generación, que opera en el occidente del país. En el caso de Guatemala, a finales de 1981, jefes y portavoces militares comenzaron a decir que grupos de campesinos pedían al ejercito que les proporcionaran armas para organizarse y «defenderse de los guerrilleros». En 1982, se inició la formación sistemática de patrullas de autodefensa civil (PAC), hasta que en 1984 había más de 900.000 patrulleros en la hermosa tierra del Quetzal. A finales de 1987, los patrulleros eran aproximadamente 1,2 millones, lo que representaba la mitad de la población masculina de Guatemala mayor de 15 años.
Según estudios sobre las PAC guatemaltecas, parecía que el deseo del ejército era «hacer de cada ciudadano un soldado» y se planteó para ello un esquema de militarización del país centroamericano. A principios de 1992, el ministerio de la Defensa habló de la «impostergable» decisión de incrementar las patrullas civiles, a las que, dijo, se dotaría de más armamento y de entrenamiento especial. Resulta que el concepto de las PAC no fue una creación de Guatemala, sino una táctica inscrita en la doctrina de contrainsurgencia estadounidense, que se aplicó en la guerra de Vietnam durante la llamada «Operación Fénix», que tenia como objetivo aislar al movimiento revolucionario vietnamita.
Al referirse a las patrullas guatemaltecas, la organización America’s Watch escribió: «Son el más amplio modelo de control militar de la población campesina que existe en el mundo». El caso es que las PAC terminaron siendo responsables de miles de abusos y violaciones a los Derechos Humanos. Según un estudio hecho por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, (ODHAG), sobre el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI ), las PAC participaron, entre otros actos criminales, en al menos 342 matanzas.
Preguntarán algunos, ¿qué tiene que ver el caso guatemalteco y sus 36 años de guerra civil con la llamada «guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado y los grupos de autodefensa civil que están surgiendo en México? Mientras en Guatemala las PAC fueron de hecho grupos paramilitares creados para cumplir una función contrainsurgente con la excusa de la autodefensa, teóricamente en México los grupos de autodefensa civil estarían surgiendo como respuesta a la incapacidad del Estado para defender a su población, pero creo que en este contexto no podemos ignorar declaraciones como la realizada en 2010 por la entonces Secretaria del Departamento de Estado Hillary Clinton, en el sentido de que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con México no sólo con helicópteros Blackhawk una vez que los narcotraficantes «se organizan como grupos paramilitares y se comportan como grupos terroristas e insurgentes» extendiéndose por Centro América, por lo que Clinton presionó para impulsar un Plan Colombia en la región.
El tiempo nos dirá si como dijo el Comandante Lozano Espinoza de Guerrero, «una mano mece la cuna» de los grupos de autodefensa comunitaria en México o se trata de algo espontáneo y legítimo ante la impunidad y por el hartazgo de la población que vive en la zozobra, pero en cualquier caso, habría que mirar la esencia de la propuesta del artista mexicano Pedro Reyes, que ha convertido armas decomisadas del narcotráfico en instrumentos musicales: así como esas armas han sido exorcizadas, haciendo que cañones retumben como marimbas o partes de pistolas que se usaron para matar, suenen ahora como platillos de metal, así debemos impulsar en México. No un Plan Colombia, sino un exorcismo nacional que desarme las mentes y las conciencias de los mexicanos, una conversión nacional de valores que desde la educación, la cultura, los medios de comunicación, las iglesias, los partidos, los diferentes niveles de gobierno, etc., estimule nuestra capacidad de transformación y genere las oportunidades y los espacios para realizarla, lo que significaría en la práctica, un plan duradero y efectivo de autodefensa civil y de rechazo a la barbarie.
