Reforma Energética y Otros Tres Deseos Cumplidos

Op-ed por Aleyda González

Por si la Reforma Energética no fuera ya un gran regalo a los intereses extranjeros, en los últimos días los legisladores han aprobado tres importantes modificaciones a las leyes secundarias que constituyen un mayor despojo a la nación, y también un más jugoso obsequio los intereses privados que pretendan invertir en la explotación energética en México.

Los diputados y senadores han confirmado que las empresas extranjeras no sólo podrán explotar los recursos del subsuelo mexicano, sino que podrán ‘apropiarse temporalmente’ de los predios donde existan estos recursos energéticos, sean estos gas o crudo, y no tendrán que pagar utilidades a sus empleados por la explotación de los mismos. Pero además, la recién aprobada adjudicación de una parte del pasivo laboral de PEMEX y CFE a la deuda pública, permite que esos mismos inversionistas no tengan que cargar con el pasivo que en los últimos años se ha multiplicado de manera casi inverosímil.

No es expropiación, es “servidumbre legal”

El pasado 25 de julio, las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado dictaminaron las leyes secundarias en materia energética. En la aprobación, que duró alrededor de dos horas, no se encontraban presentes los representantes del PRD y PT, y las únicas modificaciones que se aprobaron –sin discusión alguna- fueron las propuestas hechas por el PAN.

Entre las más destacadas modificaciones planteadas del blaquiazul, fue el cambio del término “expropiación” por el de “ocupación temporal” de predios con fines de explotación de hidrocarburos. El cambio, según el senador Salvador Vega Casillas del PAN, tiene la finalidad de evitar que los campesinos no perdieran sus tierras a manos de los contratistas ya que tal abuso “Acción Nacional no [lo] iba a permitir”. Además, agregó, “habrá una recompensa justa por las molestias, por el daño”, así como una ganancia si se encontraran hidrocarburos en sus predios y éstos fueran explotados comercialmente.

En estos términos, la “ocupación temporal” se lleva a cabo de dos maneras. La primera, por las buenas, es a través de la compra o renta de tierras, bosques y aguas por parte de las trasnacionales para su explotación. La segunda, o por las malas, es a través de la figura de “servidumbre legal”, la cual establece la obligación de ejidatarios, comuneros y productores privados de entregar bosques y tierras a las trasnacionales, luego de que, en un plazo de 10 días la primera opción no sea aceptada, y entonces la Secretaría de Desarrollo Agragario, Territorial y Urbano (Sedatu) tramite esta figura legal ante el Ejecutivo.

De esta manera, de acuerdo con Vega Casillas “los campesinos y los propietarios de la tierra serán enormemente beneficiados por toda la riqueza que encuentren en sus propiedades”. Y no sólo eso, sino que además se planea modificar esta disposición para establecer que las empresas petroleras se vean obligadas a pagar entre el 0.5 y 1.5 por ciento de sus ganancias al dueño del predio. Lo anterior siempre y cuando este porcentaje no vaya a “inhibir la competitividad ni representar una carga desproporcionada” a las petroleras extranjeras.

Empresas nacionales y trasnacionales exentas del pago de utilidades

Durante la discusión en la Cámara de Diputados las comisiones de Hacienda y de Energía avalaron exentar a las empresas, nacionales y extranjeras, que obtengan contratos de exploración y explotación de hidrocarburos del pago de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).

Dicha excepción fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en la iniciativa de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y fue votada en lo general en la Cámara de Diputados, este sábado 26 de julio, sin modificación alguna.

El argumento para defender este dictamen fue que los patrones podrán ofrecer “otros beneficios” adicionales al ingreso laboral, los cuales no se especifican en ninguna parte de la ley secundaria. Dejando esta prestación a la libre consideración de cada empresa -en caso de que decidan ofrecerla- pues la ley, tal como está ahora redactada, no los exige.

Ningún Pemexproa

El diputado por el PRI Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía, asegura que la adjudicación de una proporción del pasivo laboral de Pemex y la CFE a la deuda pública no significan “ningún rescate”.

De hecho, según Bernal, el pasivo no lo pagarán los mexicanos pues, según él, “no se están comprometiendo recursos fiscales” y tampoco “habrá una transferencia de recursos del gobierno federal” o un sacrificio fiscal. Pero no aclara de dónde entonces se obtendrán los casi 700 mil millones de pesos que esa proporción de los pasivos de ambas empresas -que ya no son paraestatales sino “empresas productivas del Estado”- representa.

Para dar más detalles sobre el porcentaje del pasivo laboral que acarrean tanto Pemex como la CFE y que asumirá el gobierno federal, el panista Juan Bueno Torio, habló específicamente de asumir el 3% del PIB de Pemex y 1% del PIB de CFE. Lo que se traducen en alrededor de 650 mil millones de pesos, en tanto que el total de pasivos laborales de ambas empresas es de más de un billón 650 mil millones de pesos.

Pero en algo coinciden tanto el diputado priista como el blanquiazul, y es en que no se trata de un Pemexproa, puesto que no se estará rescatando “todo el pasivo”. Además, lo anterior, dice Bueno Torio, “ayudaría en serio a mejorar las finanzas de la empresa y prepararla mejor para que pueda competir”.

Así mismo, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció en entrevista de radio que “la deuda pensionaria de Pemex es deuda pública, porque Pemex es una empresa cien por ciento pública”. Lo que deja claro que para la actual administración la deuda sigue siendo un asunto público, pero el reparto de utilidades y pago por uso de tierra es asunto privado.