Partido Acción Nacional envía oficialmente al Senado del país iniciativa para anular los poderes del Gobernador de Guerrero, el Congreso y la instancias de justicia estatales. La noticia ha sido recibida por diferentes sectores de la sociedad de una manera ambigua, debido a que podría tratarse de una estrategia del poder en turno para coartar toda protesta pública que se geste en el territorio.
El Senado de México recibió el miércoles un pedido para declarar la desaparición de Poderes en Guerrero, para iniciar un proceso de pacificación en ese estado del sur del país, y encontrar a 43 estudiantes desaparecidos de una escuela rural de maestros, que ha conmocionado al país.
La extrema petición que implica -anular los poderes del Gobernador, el Congreso y la instancias de justicia estatales- fue hecha por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN, centro derecha), que exigió además establecer la identidad de las personas cuyos cuerpos -al menos 28-, que fueron encontrados en fosas clandestinas, que no corresponden a los estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala (200 km al oeste).
La solicitud está firmada por 30 senadores del PAN, que representan casi el 40 por ciento de la Cámara Alta del Congreso bicameral de México.
Al mismo tiempo, una comisión de Seguridad Nacional del Congreso, integrada por legisladores de la Cámara Alta y Baja -creada exprofeso para investigar el caso-, sostuvo un encuentro con el secretario de Gobernación (Interior), Ángel Osorio, y el Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo, quienes encabezan las investigaciones del caso Iguala, Guerrero.
La comparecencia este miércoles de los dos altos funcionarios fue pedida por el pleno del Senado, el pasado 7 de octubre, a fin de abordar y analizar la situación de la seguridad pública en el estado de Guerrero, azotado por la violencia del narcotráfico y el crimen organizado.
Ante el Senado comparecieron también Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y Eugenio Ímaz, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La reunión ocurre un día después de que expertos forenses descartaron que 28 cuerpos calcinados encontrados, el domingo 6 de octubre, en fosas clandestinas, en los cerros que rodean Iguala (200 km al oeste) los 43 estudiantes rurales secuestrados en Iguala, estado de Guerrero.
Las esperanzas de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos han renacido, pero surgió una nueva incógnita sobre quiénes son los muertos en esas fosas, mientras se analizan otras cuatro fosas encontradas el 9 de octubre y un grupo más de entierros clandestinos anunciado el martes por la noche, por el Procurador General Jesús Murillo, sin mayores detalles.
En las investigaciones, han sido detenidas al menos 34 personas, de las cuales 26 son policías de los municipios de Iguala y Cocula, acusados de estar aliados con narcotraficantes –según los primeros testimonios de los detenidos-, y señalados como responsables de los secuestros.
Los agentes municipales estarían comandados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, prófugo, quien estaría vinculado al cartel denominado de los Guerreros Unidos –según las pesquisas-, una rama que disputa los restos de la mermada mafia de los hermanos Beltrán Leyva, cuyo último jefe, Héctor, apodado El H, fue detenido días después de los ataques.
Por ese caso flagrante de violación a los derechos humanos, México ha recibido llamados para encontrar a los culpables y castigarlos de parte de organismos de la ONU, la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional y decenas de organismos humanitarios y de la sociedad civil mexicana e internacional.
La noticia ha sido recibida por diferentes sectores de la sociedad de una manera ambigua, debido a que la misma desaparición de los poderes en el estado de Guerrero podría tratarse de una estrategia del poder en turno para coartar toda protesta pública que se geste en el territorio.
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