Expertos independientes de España, Colombia, Guatemala y Chile afirman que los estudiantes «no fueron quemados en el basurero municipal de Cocula», como anunció en enero la Fiscalía mexicana
El reporte establece que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.
Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señala que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse.
«No tenemos indicios que podamos sustentar de dónde están los desaparecidos», sostuvo Carlos Beristain, doctor español y miembro del comité de expertos a cargo de la investigación.
Los expertos refirieron que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre esa localidad del estado sureño de Guerrero y Chicago. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, «el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque».
Según ha explicado Francisco Cox, uno de los responsables de la CIDH, el perito peruano José Torero acudió el pasado 12 de julio al basurero de Cocula y tras evaluar el lugar concluyó que para incinerar a los estudiantes debían haber sido usados «30.100 kilogramos de madera, 13.330 kilogramos de neumáticos y un incendio de 60 horas de duración». Como según los testimonios, ninguna de esas condiciones se dieron en el basurero, los expertos concluyen que no fue posible que fueran allí incinerados.
Además, según los peritos, ese incendio habría provocado llamas de siete metros de alto y el humo hubiera alcanzado los 300 metros de altura. «La llama se tendría que haber inclinado hacia el basurero, encendiendo todo el plástico de un lugar más bien seco que debería haber generado un incendio forestal que arrasara con toda la zona», aseguró Cox.
Los familiares, quienes habían rechazado siempre la versión gubernamental, no sin recibir críticas por parte de presentadores y comentadores de noticias por «negarse a aceptar la realidad», pidieron una reunión en persona con el Presidente Enrique Peña Nieto y que el grupo de expertos permanezcan en el país de manera indefinida hasta que se dé con el paradero de los alumnos.
En tanto, el Mandatario mexicano señaló a través de su cuenta en Twitter que ha dado instrucciones para que se tomen en cuenta los planteamientos del grupo en las investigaciones oficiales.
En su tercer informe de gobierno leído en el Palacio Nacional el pasado 2 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió de manera muy breve y superficial al caso de los estudiantes que hoy vuelve a ser noticia por el rechazo categórico a la versión oficial expuesta por los expertos de la OEA:
“Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad, nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho”.
