La fiscalía de Veracruz «vincula» a la periodista Anabel Flores con la delincuencia organizada
Dijo igualmente que mantiene la secrecía del caso por la naturaleza de los hechos y garantizó el seguimiento puntual de todas las líneas de investigación para dar con los culpables.
Señaló que, de acuerdo con los resultados periciales, se comprobó que la periodista murió a causa de anoxia por sofocamiento y golpes en el abdomen.
Detalló que entre las pesquisas se considera la actividad de Anabel como reportera, el hecho de alguna posible relación afectiva y sentimental y la posibilidad de alguna relación con el crimen organizado, entre otras, aunque insistió en que no podría revelar más detalles para no afectar el desarrollo de las diligencias.
Lo cierto es que la FGE vinculó a la periodista Anabel Flores Salazar con la delincuencia organizada desde el primer momento en que se conoció que había sido secuestrada la madrugada del lunes 10 de febrero en su vivienda de la población Mariano Escobedo, en el centro de Veracruz, tal como lo reporta este jueves el diario La Jornada.
«Ese día, en un comunicado, la FGE recordó que el 30 de agosto de 2014 la comunicadora se encontraba en compañía de Víctor Osorio Santacruz, El Pantera, en el municipio de Acultzingo, cuando el Ejército lo detuvo por sus probables nexos con un grupo de la delincuencia organizada».
Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), llamó a través de un comunicado a no criminalizar a Anabel Flores, tal como lo han hecho las autoridades locales, antes de investigar, “lo que constituye una práctica que contraviene y violenta el derecho a la dignidad de las personas”.
La CDHDF expresó su condena ante el asesinato de la periodista, colaboradora del periódico El Sol de Orizaba, en Veracruz, de 32 años de edad, madre de dos niños, uno de ellos de 15 días de nacido.
A continuación, el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos capitalina:
CDHDF CONDENA ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, POR ASESINATOS Y AMENAZAS A PERIODISTAS
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena los ataques graves a la libertad de expresión ocurridos en días recientes en la Ciudad de México y los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, que considera ponen en riesgo el ejercicio periodístico.
Manifiesta su condena ante el asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar, colaboradora del periódico El Sol de Orizaba, en Veracruz, de 32 años de edad, madre de dos niños, uno de ellos de 15 días de nacido.
La madrugada del lunes 8 de febrero la periodista, fue sacada de su domicilio por un grupo de hombres armados y su cuerpo fue localizado horas después en la carretera de Cuacnolapan, en el Municipio de Tehuacán, Puebla.
Las autoridades del estado de Veracruz, deben agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la de su labor periodística, y evitar criminalizarla, tal como lo han hecho las autoridades locales, antes que investigar, lo que constituye una práctica que contraviene y violenta el derecho a la dignidad de las personas.
En semanas anteriores, otros dos periodistas han sido asesinados en nuestro país. El 21 de enero, fue asesinado el periodista, Marcos Hernández Bautista, de 38 años de edad, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca; el 22 de enero lo fue el periodista, Reinel Martínez Cerqueda, de 43 años, locutor de la radio comunitaria El Manantial, ambos asesinados a balazos con diferencias de solo unas cuantas horas.
La noche del martes el periodista Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, que se edita en la Ciudad de México, recibió amenazas de muerte a través de su cuenta de twitter, por lo que la CDHDF solicitó medidas precautorias a las autoridades correspondientes para garantizar su seguridad.
En Guerrero, el 9 de febrero, el periodista Miguel Ángel Arrieta, director del periódico El Guerrense, denunció que personas desconocidas buscaban su ubicación para atentar en su contra.
Estos hechos se unen a la lista de más de 106 periodistas asesinados/as y 25 desaparecidos/as de 2000 a 2015, de acuerdo a cifras de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.
Para la CDHDF hechos como estos, vulneran los derechos humanos y el ejercicio periodístico, por ello advierte de la urgencia del reforzamiento de los mecanismos para la protección de las y los periodistas en todo el país y la necesidad de acabar con la espiral de violencia e impunidad en estos casos.
Entre Noticias/El Sol de Orizaba
