El Gobierno responde que la comisión tiene un enfoque sesgado y defiende sus «avances» en materia de Derechos Humanos
La CIDH reconoce avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México que han sido elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, considera que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad.
En este sentido, indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria y señala que la violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera diferenciada a ciertas zonas. Asimismo, la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad.
Durante la visita, la CIDH pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas “no localizadas” en México, al 30 de septiembre de 2015, eran 26,798,mientras que en agosto de 2014, cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) arrojaban 22,322 personas “no localizadas”.
Especialmente, considera grave la existencia de una práctica de desapariciones forzadas, es decir, a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. La respuesta estatal a esta situación presenta graves deficiencias, indica el reporte.
La CIDH informó que detectó fallas profundas en la búsqueda y graves irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por desapariciones. “Especialmente grave es la negligencia de las autoridades estatales y locales en las primeras horas a partir de la desaparición de la persona, las cuales son claves a fin de encontrarla con vida. En muchos casos, han sido los familiares quienes han asumido la búsqueda de sus seres queridos”.
En relación con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa, la CIDH reiteró su total apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y reiteró su petición al Estado mexicano para brindar acceso a los expertos a entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como ha sido solicitado por dicho Grupo.
El informe analiza también homicidios y ejecuciones extrajudiciales tales como los hechos ocurridos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán, estado de Michoacán, el 6 de enero de 2015; y Tanhuato, estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015, y la prevalencia de la práctica de la tortura. En cuanto a homicidios, cifras hechas públicas por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre de 2015, apuntan a más de 94,000 asesinatos desde el inicio de la actual administración en 2012.
La tasa de homicidios es desde hace años superior a 10 por cada 100,000 habitantes, lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS),indicó. El Relator Especial de ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias calificó la impunidad en los casos de homicidios como “sistemática y endémica”.
En relación con la prevalencia de la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la CIDH encontró que esto suele ocurrir durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante un juez. La PGR contaba, al mes de abril de 2015, con 2,420 investigaciones en trámite sobre tortura, pero existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La respuesta estatal ante los casos de tortura, al igual que respecto de las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e insuficiente, señala el informe.
“La espiral de violencia e impunidad trae consigo graves consecuencias para el Estado de Derecho en el país”, dijo el presidente de la CIDH y Relator para México, James Cavallaro. “El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”, agregó.
Por su parte, el gobierno mexicano aseveró que el informe que dio a conocer hoy la CIDH no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos.
Dijo que tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en el país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados.
Por ello, dicho informe desestima los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años, expresó.
Resaltó que la metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial y en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento.
Indicó que el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia.
Por ello, “se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”, lamentó.
No obstante, señaló, toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda.
Aunque la misma CIDH reconoce que muchas de estas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas, incluso desde antes que la Comisión visitara México, concluye.
Nota: Por sugerencia de un lector de Entre Noticias, una canción de Mana bien puede acompañar esta nota: ¿Dónde jugarán los niños?
