Compañeros y familiares de Gustavo Castro temían por su vida mientras estuvo retenido en Honduras. El activista había denunciado queque «el escenario del crimen de Cáceres fue modificado»
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que Castro –único testigo del atentado en que murió la ambientalista Berta Cáceres– y su hermano Oscar “fueron asistidos para su retorno seguro a nuestro país, tanto en los aspectos legales, como en los logísticos y de seguridad”.
En su trayecto desde Honduras, agregó, el activista estuvo acompañado por el cónsul de México en Tegucigalpa, y a su llegada fue recibido por un funcionario de protección de la Cancillería. Esta dependencia, subrayó, continuará apoyando a Castro para que colabore, al amparo del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, en el proceso de investigación por el homicidio de la Berta Cáceres.
De acuerdo con el texto, previo al arribo del coordinador de la organización Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México, la titular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu, se comunicó con el canciller de Honduras, Arturo Corrales, para agradecer la atención a las solicitudes realizadas por el gobierno de México para permitir el retorno a México de Gustavo Castro.
“Ambos cancilleres reiteraron su voluntad de continuar colaborando en el esclarecimiento de los lamentables hechos por los cuales el señor Castro permaneció en Honduras y destacaron el excelente nivel de diálogo entre ambos gobiernos”, destacó la SRE.
Ayer, la Cancillería informó que las autoridades de Honduras levantaron la orden judicial que impusieron a Castro Soto para que permaneciera en ese país y colaborara en las investigaciones sobre el homicidio de la líder indígena.
Miguel Ángel de los Santos Cruz, abogado del activista, explicó que la fiscalía general hondureña pidió a la juez de La Esperanza, departamento de Intibucá, Victoria Flores, la suspensión de la medida cautelar que impedía (a Gustavo Castro) salir del país mientras estaba la investigación, y por ende se suspendió la alerta migratoria de 30 días, que vencía el 8 de abril.
Y señaló que la decisión se debió a varios factores: el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el ambientalista acuda al periodo de sesiones que comienza el 2 de abril en Washington; el recurso para que se aplique el tratado de asistencia jurídica mutua y, en caso de ser necesario, que continúe sus declaraciones en la embajada de Tegucigalpa en la Ciudad de México, y la presión internacional.
Entre Noticias/Revista Proceso
