En la tercera entrega del expediente Ayotzinapa, puesta a disposición del público este viernes por la Procuraduría General de la República, se dice que los padres de los desaparecidos recibieron negativas por parte de las autoridades cuando solicitaron declaraciones del equipo de buzos que encontró la bolsa con supuestos restos óseos en el río San Juan, cerca del basurero de Cocula.
De acuerdo con el Tomo 180 de la averiguación previa en la foja 161, la coadyuvancia en el caso solicitó “girar oficios a la Secretaría de la Marina y a la Policía Federal (PF) a efecto de que informen el nombre de los buzos que participaron en el hallazgo de la bolsa encontrada en [aparece tachado], el día 29 de octubre de 2014 y una vez recabada esa información cite a comparecer a dichos elementos, en presencia de la coadyuvancia a efecto de que sean interrogados sobre las condiciones en las que se realizó dicho hallazgo” […] la PGR contestó que la diligencia solicitada se cataloga “inconducente”, porque el hallazgo de la evidencia “quedó plasmada en una inspección ministerial llevada a cabo en el artículo 208 y tiene valor probatorio conforme el artículo 284” (vía Sin Embargo).
La PGR calificó de “ociosa” la petición de los padres, debido a que el proceso de búsqueda de restos en el río San Juan fue supervisado por el Ministerio Público de la Federación. Asimismo, la representación legal de los padres solicitó el nombre del buzo que murió ahogado en la diligencia, pero esta información también fue negada.
El hallazgo de la negativa de la PGR para proporcionar información sobre la diligencia del río San Juan es relevante porque tiene una conexión con el último informe de actividades del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Antes de su salida de México, el Grupo dio a conocer un video donde se puede observar una diligencia de la PGR en las inmediaciones del río San Juan un día antes del hallazgo de las bolsas con supuestos restos de los normalistas. Lo más extraño es que esta diligencia previa no se registró en el expediente del caso.
A partir de la divulgación del video del GIEI, se desató una polémica entre el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismo independiente que trabaja para los padres de los 43. Mientras que Zerón afirma que sus actividades siguieron los protocolos debidos, el EAAF sostiene que no hay documentos que así lo prueben y señala que sus propias actividades se vieron interrumpidas de manera inapropiada mientras se llevaba a cabo la dilgencia de Zerón en el río.
El equipo de peritos narra: “La tarde del 28 de octubre del 2014, al descender desde el basurero de Cocula y pasar por el camino que bordea el río San Juan, los vehículos en los que viajaban peritos del EAAF y también peritos de Procuraduría General de la República (PGR) fueron detenidos por personal de seguridad indicando que no se podía pasar por el momento, sin mayor explicación”
A esta polémica se suman el reciente hallazgo en el expediente público del caso sobre las solicitudes denegadas a la defensoría legal de los padres de los desaparecidos. ¿Qué ocurrió realmente en el río San Juan? ¿Qué trata de ocultar la PGR?
