Avanza en México una ley que autoriza la intervención militar en tareas propias de civiles

Los argumentos de la oposición, reporta el diario La Jornada, para controvertir el dictamen de ley fueron insuficientes, no les alcanzó. Tampoco les alcanzó en número para echar abajo el texto. Panistas, morenistas, perredistas y Movimiento Ciudadano expusieron que se podía estar cometiendo “una de las irresponsabilidades históricas en el proceso de construir instituciones sólidas; no se regula la Seguridad Interior, está hecha a la medida en términos de la intervención, en Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas; mejor reconozcamos que estamos en guerra ¿Vivimos en paz?, o reconozcamos que estamos en guerra”, argumentaron.

Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de “seguridad interior”, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.

Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos:

Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una“Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.

Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.

Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.

Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.

Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.

Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.