Muchos de estos inmigrantes residen en barrios pobres al sur de Tel Aviv, lo que provocó una campaña contra ellos por residentes de la zona
Según el periódico israelí Haaretz, Netanyahu encargó al consejero de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat, que analice la expulsión forzosa de inmigrantes, mientras el Gabinete se reúne para aprobar un proyecto que obligaría a 40.000 personas a elegir entre ser deportadas con una ayuda en efectivo o ser enviadas a la cárcel de forma indefinida.
A pesar de la polémica que ha generado el actual proyecto, Netanyahu, preocupado por la superpoblación carcelaria y su coste, preguntó a su equipo que fuera un paso más allá y analizase si es posible expulsar a los inmigrantes por la fuerza, una propuesta que casi seguro sería llevada ante los tribunales.
El martes pasado se revelaron detalles de un plan muy cuestionado que comenzó en abril, según el cual se intenta convencer a los inmigrantes de que se marchen del país, por un lado amenazándolos con enviarlos a la cárcel y por otro ofreciéndoles una ayuda en efectivo de casi 3.000 euros.
La mayoría de los inmigrantes en cuestión –principalmente de origen sudanés y eritreo– llegaron a Israel en la segunda mitad de la última década, cruzando desde Egipto, antes de que cerraran esa frontera reforzando la seguridad.
Muchos de estos inmigrantes residen en barrios pobres al sur de Tel Aviv, lo que provocó una campaña contra ellos por residentes de la zona, que lograron el apoyo de Netanyahu a pesar de ser acusados de racismo.
En un discurso ante la reunión de Gabinete que aprobó el proyecto, Netanyahu dijo que la «misión» era «deportar a los infiltrados ilegales que entraron a Israel antes de la construcción de la nueva barrera en la frontera con Egipto».
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