Iván Duque y Gustavo Petro se van a segunda vuelta electoral en Colombia

Ha sido la primera vez en más de medio siglo que los colombianos votaron sin la amenaza de la guerra entre el Estado y las FARC

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Gane quien gane la segunda vuelta, deberá enfrentar enormes retos en materia de Derechos Humanos

Los candidatos presidenciales por el Centro Democrático, el uribista Iván Duque, y por Colombia Humana, el izquierdista Gustavo Petro, irán a una segunda vuelta electoral el próximo 17 de junio tras no conseguir la cantidad de votos requeridos (la mitad más uno) para ganar la primera jornada de este domingo.

Se trató de los primeros comicios presidenciales en más de cincuenta años sin el trasfondo del conflicto armado, tras la firma de los acuerdos de paz en 2016

Quien resulte ganador en junio, «enfrentará un desafío colosal» en materia de Derechos Humanos, publicó el pasado 24 de mayo el portal Verdad Abierta.

La magnitud del desangre de líderes, lideresas y autoridades étnicas por el que atraviesa el país es tan dramático que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) convocó a los cinco aspirantes a presidir la República a firmar un Pacto Social por los Derechos Humanos. En una página de cuatro párrafos, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Iván Duque y Germán Vargas Lleras, estamparon su firma y se comprometieron a incluir en sus programas de gobierno un énfasis especial en proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

 
Al firmar ese Pacto, acordaron impulsar “en todo el país, y, en particular, en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, la inclusión política, económica y social de las personas que habitan en estas zonas, haciendo efectivos de una forma real el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales”.

Ese llamado a la acción concreta y eficiente está sustentado, dice la publicación, en el informe anual que OACNUDH emitió en marzo pasado y que registra hechos ocurridos el año pasado. Dicho documento se centró en dos temas principales: las agresiones contra líderes sociales y la implementación del Acuerdo Final de Paz pactado con la guerrilla de las Farc tras cuatro años de negociaciones en La Habana y cuyo documento final fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

La Oficina del Alto Comisionado se declaró extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques.

Además el pacto entre el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, y las FARC, no pasa por su mejor momento. Apenas han sido implementadas un 20% de las leyes y tareas previstas en el acuerdo, según un informe reciente de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos.

El arranque de 2018 ha sido letal para los defensores de derechos humanos. El mes de enero se consolidó como el más violento comparado con años anteriores y las organizaciones sociales piden que se replantee la manera como se les brinda protección. La reconfiguración del conflicto armado y la implementación del Acuerdo Final en época electoral agudizan la situación.

 
El candidato presidencial liberal, Humberto de La Calle, quien fuera jefe negociador del Gobierno en La Habana, acusó el pasado abril al ‘uribismo’ de estar entorpeciendo el procesamiento de las leyes derivadas del Acuerdo de Paz en el Congreso.

Entre Noticias/Agencias

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