El sueldo máximo anual en el gobierno federal para altos funcionarios sería de 500,000 pesos, es decir, 41,000 pesos mensuales.
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, dio a conocer los 50 puntos que instruyó cumplir a los próximos funcionarios de su gobierno, y que implican trabajar de lunes a sábado cuando menos ocho horas diarias; no tener más de cinco asesores; no viajar al extranjero; salvo casos excepcionales; no remodelar sus oficinas a todo lujo y no tener guardaespaldas.
El sueldo máximo anual en el gobierno federal para altos funcionarios sería de 500,000 pesos, es decir, 41,000 pesos mensuales.
Los 50 planteamientos de austeridad que aplicará López Obrador a partir del 1 de diciembre cuando tome posesión, implican reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno y cancelar todos los fideicomisos públicos. “Serán cancelados los Fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
El documento menciona que la Fiscalía General de la República “contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.
Respecto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, menciona que “garantizará que las elecciones sean limpias y libres, prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes públicos para favorecer a partidos o candidatos y perseguirá cualquier tipo de fraude electoral, tendrá imparcialidad y será un instrumento básico de la sociedad para la construcción de una auténtica democracia”.
En el caso de la Fiscalía Anticorrupción asegura que “no permitirá en ninguna circunstancia que prevalezca la impunidad (…) actuará con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares, un buen juez por la casa empieza”.
Cabe destacar que López Obrador leyó este documento el pasado miércoles en su reunión con senadores y diputados federales electos; así como los próximos coordinadores federales en los estados, alcaldes y diputados locales de Morena, PT y PES.
Los lineamientos para el gobierno lopezobradorista refiere que todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos, y “será publicada y transparentada en todos los casos”.
Establece que no habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios; no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno; no habrá más de cinco asesores por Secretaría en el gobierno federal, y sólo los Secretarios de Estado contarán con secretarios particulares.
Refiere que no habrá bonos para los funcionarios; los gastos de viáticos se limitarán a lo indispensable, se suprimirá toda partida para gastos médicos privados y de Seguro de Separación Individualizada.
No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida correspondiente se limitará a lo indispensable. Menciona que sólo los involucrados en tareas de seguridad contarán con guardaespaldas.
El punto 21 menciona que, con todas estas medidas, se “reducirá con esto un 70% del personal de confianza y en un 70% el gasto de operación respectivo”.
Reitera que el presidente de la República se bajará el sueldo a la mitad, y se reducirá a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de 1 millón de pesos anuales, tal recorte se aplicará de manera progresiva y proporcional, el monto ahorrado deberá ser equivalente al 50% del gasto actual. Es decir, que el sueldo máximo sería de 500,000 pesos anuales (41,666 pesos mensuales).
Establece que los funcionarios públicos tendrán prohibida la contratación de familiares, y los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
Además, los lineamientos de trabajo de López Obrador para el gobierno federal implican prohibir a los funcionarios de hacienda, de comunicaciones, de energía y de otras áreas, “que convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública”.
Añade que ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello.
Apunta que no se adquirirá ninguna mercancía de la que haya existencia suficiente en los almacenes públicos, y no se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y los subsecretarios, y las policías y los militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación.
“Desaparecerán las partidas para vestuarios o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente a sus colaboradores cercanos y a familiares”.
Establece que se cancelará toda labor de espionaje y de intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas.
También se pronuncia por eliminarán gastos innecesarios de oficinas y generar ahorrar electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.
Respecto a las compras del gobierno se harán de forma consolidada, mediante convocatoria con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Menciona que ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5,000 pesos; y no se autorizará la contratación de despachos, ni de asesores o consultores externos para elaborar proyectos de ley.
Finalmente, el punto 50 refiere que “Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentísmo o la corrupción y que causen daño a la Hacienda Pública, en caso de anomalías que afecten al interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión y a Tribunales Nacionales e Internacionales, siempre conducidos por la vía legal, no actuaremos de manera arbitraría, ni habrá confiscación o expropiación de bienes”.
PLAN 50
privilegios para funcionarios públicos.
Prohíbe emplear a funcionarios en domicilios particulares.
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