Se van porque no se puede vivir en un país donde según Amnistía Internacional no hay espacio para que las personas puedan expresar libremente sus opiniones y cuando lo hacen se enfrentan a toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.
Se van porque no se puede vivir en un país que es el más peligroso del mundo para las personas defensoras de los bienes comunes, pues como lo evidencia Global Witness desde 2010 han sido asesinadas más de 120 personas solo por defender la vida.
Se van porque no se puede vivir en un país cuyo régimen es híbrido según el Índice de Democracia de The Economist, es decir, donde las elecciones no son libres ni justas, la corrupción es generalizada, el Estado de derecho es débil y el poder judicial no es independiente.
Se van porque no se puede vivir en un país donde según el Proyecto de Justicia Global existe una institucionalidad débil y no hay respeto a la legalidad, y donde según Transparencia Internacional la corrupción en vez de retroceder ha avanzado de manera escandalosa.
Se van porque no se puede vivir en un país donde el Estado está a un paso de convertirse en fallido porque quien gobierna no goza de legitimidad, existen altos niveles de corrupción y criminalidad, y el gobierno es incapaz de proveer servicios básicos a la población.
Se van porque no se puede vivir en un país donde existe una grave situación de derechos humanos que seguirá empeorando según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y donde el gobierno privilegia la represión frente al diálogo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se van porque este país dejó de ser de todos y de todas, y se convirtió en un Estado policial-militar que protege los intereses de unos pocos traidores a costa de la dignidad del resto de hondureños y hondureñas.
Quienes aún tenemos razones para quedarnos debemos articularnos para rescatar al país de la pandilla de ladrones que nos condenan a la miseria y la violencia.