Los comunitarios de la UPOEG explicaron que sobre la autopista del Sol, a la altura del parque industrial El Ocotito, detuvieron a cuatro personas que presuntamente estaban ordeñando una pipa cargada de gasolina.
Guardias comunitarios del poblado de El Ocotito, municipio de Chilpancingo decomisaron una bodega donde se almacenaban al menos 14 mil litros de combustible robado y detuvieron a cuatro presuntos huachicoleros, entre ellos dos trabajadores de la empresa de seguridad privada Silimpia, propiedad de Igor Aguirre Vázquez y sobrino del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
La empresa Silimpia ha sido beneficiada por el gobierno de Héctor Astudillo Flores desde 2015 con la adjudicación irregular de contratos millonarios del gobierno estatal por el concepto de brindar seguridad privada en el parque industrial El Ocotito y realizar limpieza de hospitales en el puerto de Acapulco, indican documentos oficiales difundidos por Proceso hace tres años.
Esta tarde, policías comunitarios de la organización denominada UPOEG informaron que durante la madrugada realizaron un operativo donde decomisaron 14 mil litros de combustible robado en el valle de El Ocotito, ubicado 50 kilómetros al sur de la capital del estado.
Los comunitarios de la UPOEG explicaron que sobre la autopista del Sol, a la altura del parque industrial El Ocotito, detuvieron a cuatro personas que presuntamente estaban ordeñando una pipa cargada de gasolina.
Luego, los inculpados habrían dado información en el sentido de que el combustible robado era almacenado en una bodega, ubicada en el poblado vecino de Buena Vista de la Salud, también perteneciente al municipio de Chilpancingo, indicaron los comunitarios.
En este sentido, los policías de la UPOEG acusaron a los dos guardias de la empresa de seguridad privada Silimpia, de “facilitar” las labores de huachicoleo
Ello debido a que los trabajadores de la empresa de Aguirre, “permiten” el paso de la gasolina robada por la noche, a través de las instalaciones del parque industrial de El Ocotito donde el gobierno de Astudillo tiene bodegas para almacenar despensas y se encuentran las oficinas del Fideicomiso Guerrero Industrial.
Al respecto, los guardias comunitarios señalaron que desde hace seis meses comenzaron a tener reportes del robo de combustible en el valle del Ocotito y afirmaron que existe una red de huachicoleros que operan impunemente sobre la autopista del sol, a pesar de la presencia de policías federales del sector Caminos.
Una parte del combustible decomisado fue trasladado a la plaza central del poblado de El Ocotito donde se espera que en las próximas horas se realice una asamblea popular para determinar la situación jurídica de los cuatro presuntos huachicoleros y el destino de la gasolina robada.
En octubre de 2016, el semanario Proceso publicó el reportaje titulado “Astudillo, un año de violencia e impunidad en Guerrero” donde se informó que uno de los ejemplos del pacto de impunidad que mantiene el actual mandatario actual con el exgobernador Ángel Aguirre se refleja en el hecho de que la empresa Silimpia, propiedad de Igor Aguirre Vázquez, ha sido beneficiada con la adjudicación irregular de contratos millonarios del gobierno estatal por el concepto de brindar seguridad privada en el parque industrial El Ocotito y realizar limpieza de hospitales en el puerto de Acapulco, indican documentos oficiales.
Aguirre Vázquez es sobrino del exgobernador Ángel Aguirre y durante su administración se desempeñó como director administrativo de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco, y en marzo de 2012 fue denunciado por el director del organismo público autónomo en ese entonces, Rogelio Hernández Cruz, por haber desviado tres millones de pesos.
A pesar de la denuncia por presuntos actos de corrupción, Astudillo premió a Igor Aguirre y su empresa convirtiéndola en uno de los principales proveedores de servicios del gobierno estatal, mientras las autoridades mantienen en la opacidad la cantidad y el monto de los contratos que le han otorgado a Silimpia, que lo mismo ofrece servicios de limpieza, fumigación, seguridad privada y renta de camionetas blindadas, cuando la información se considera como pública de oficio.
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