«Hagamos una pausa para pensar qué consideramos los ciudadanos de a pie como un arreglo justo, pero sobre todo qué trato nos daría la autoridad si nosotros debiéramos 26 años del predial.» Por Aleyda Villavicencio
Por Aleyda Villavicencio
Luego de que se diera a conocer en varios medios informativos que Diego Fernandez de Ceballos adeuda más de 900 millones de peso de impuestos por propiedades que posee en el municipio de Colón, Querétaro, el panista Alejandro Ochoa Valencia, presidente municipal de la entidad, dijo en entrevista a Julio Hernández López, que efectivamente el abogado conocido como El Jefe Diego, adeuda nada más y nada menos que 948 millones de pesos al municipio.
En dicha entrevista, el alcalde destacó que para contrarrestar el impacto de la constante reducción al presupuesto que recibe el municipio, su administración diseñó una campaña de recaudación que le permite a los residentes de la localidad regularizar no solo los adeudos del predial, sino la certeza jurídica de sus propiedades, con lo que se ha incrementado la recaudación municipal de ocho millones, en 2015, a cerca de 118 millones de pesos en el último año. ¿Y en qué consistía la campaña que la volvió tan atractiva? Pues en la nada despreciable posibilidad de condonar hasta el 80 por ciento del adeudo por multas y recargos.
De acuerdo con el alcalde, ya en 2015 la hija y el yerno de Fernández de Ceballos se acercaron al municipio para tratar de liquidar el adeudo millonario de las propiedades del Jefe Diego, pero no aclaró por qué no se llegó a un arreglo en aquel momento, y por qué desde entonces a la fecha no se ha ejercido la acción de embargo, o ningún procedimiento legal que apresurara el cobro de tan significativa deuda. De acuerdo a la información proporcionada por el alcalde, Diego Fernández de Ceballos dejó de pagar el predial desde 1993 (año en que pidiera licencia para ser el candidato del PAN a la Presidencia de México), y al día de hoy acumula un monto superior a los 984 millones de pesos. De la suma total únicamente 36 millones corresponden al impuesto predial, el resto son agregados que corresponden a nuevas valuaciones del terreno, apoyos al municipio en distintas modalidades y recargos, los cuales suman la mayor cantidad, por lo que, de aplicarse el descuento sobre multas y recargos, éste reduciría significativamente el monto real a pagar.
Ochoa Valencia explicó que su administración ya tiene varios años intentando buscar a la familia Fernández para que regularizaran su situación, pero no habían tenido éxito. No es de sorprender que no fuera sino hasta hace unos días cuando el alcalde mencionó ante medios de comunicación el tamaño de la deuda y el nombre del deudor, que el propio Diego Fernández se tomara la molestia de levantar el teléfono y comunicarse personalmente con el alcalde para dar la cara. Eso sí, de manera muy cordial, según narra el propio alcalde, y con toda la disposición de llegar a un arreglo. Después de todo hacer arreglos es la especialidad del abogado. No en vano dijo Fernández a Milenio Noticias que buscará un arreglo en el que no se le otorgue ningún tipo de privilegio, pero enfatizó también que éste deberá darse sin ningún abuso de poder. En pocas palabras reconoce que tiene 26 años haciéndose de la vista gorda, pero que, dado que ya lo hicieron público, se esforzará en buscar un acuerdo “legal y justo”.
Hagamos una pausa para pensar qué consideramos los ciudadanos de a pie como un arreglo justo, pero sobre todo qué trato nos daría la autoridad si nosotros debiéramos 26 años del predial. Qué mecanismos cree usted que utilizaría la autoridad para cobrar el adeudo, cuántos años cree que tardaría el municipio en ejecutar una orden de embargo, qué pasaría si por error, o por suerte, nuestro expediente se hubiera pasado de largo de la vista del recaudador y 26 años después que se diera cuenta de la deuda. ¿A poco estaríamos en condiciones de negociar con las autoridades en los términos cordiales que describe el alcalde de Colón?
Dice el alcalde que aún están esperando que Fernández se reúna con su equipo y preparen una oferta sobre lo que estaría dispuesto a pagar. No aclaró si hay un tiempo estipulado en el cual se deba recibir la propuesta, ni a qué condiciones ésta deberá apegarse. Es decir, no hay apuro, total si ya esperaron 26 años qué más da esperar unos días, semanas, o meses más. Aquí lo importante es que el deudor mostró voluntad para llegar a un arreglo. Después de todo, esa es la especialidad del Jefe, llegar a acuerdos que alguna manera le favorezcan.
Cuán dispareja es la aplicación de la ley en nuestro querido México que, si usted es una madre soltera, trabajadora, que con esfuerzos ha logrado poner un techo sobre los hombros de sus hijos, no pasan más de dos meses cuando al llegar a casa se encuentra con una notificación del municipio dejándole saber que de no proceder a la liquidación del impuesto predial, el cual tenía un retraso de tan solo dos meses, las autoridades procederían legalmente.
Esto no sucedió en Colón, Querétaro, sino en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Doña Raquel, quien amablemente nos mostró una notificación que aún conserva del año pasado, cuando el municipio le notificó que tenía cinco días a partir de la fecha de entrega del documento, para pasar a liquidar el adeudo de 5,519.92 pesos, o se procedería a aplicar las medidas legales “de cobro coactivo, mismas que no solo incrementarán el adeudo sino que, además, afectarán su patrimonio, puesto que tales acciones conllevan a la aplicación de medidas como el embargo de bienes y eventualmente el remate de los mismos.”
Sin duda son dos municipios distintos, pero no cabe duda que el poder de la autoridad en materia de recaudación se aplica de manera discrecional a quienes no poseen la visibilidad e influencia política para desentenderse de sus responsabilidades tributarias, a diferencia del Jefe Ciego, que en 26 años no vio que debía sus impuestos.
En esa misma ciudad, Juárez, las campañas recaudatorias solían tener como principio premiar al contribuyente cumplido, y hacer descuentos de hasta el 50 por ciento a quienes hicieran el pago durante los primeros días del año y es que, en teoría, de eso se trata; de fomentar el pago oportuno de impuestos y aumentar la recaudación con reglas justas. Pero la lógica de premiar con un descuento del 80 por ciento las multas y recargos resulta ya de por sí torcida. Se entiende que es de la única forma en que el alcalde de Colón ha logrado un incremento bastante significativo de la recaudación, pero parece una mala broma pensar que al final del día sea más redituable no cumplir con sus obligaciones que intentar hacerlo en tiempo y forma.
En su más reciente entrevista con Julio Hernández López, Alejandro Ochoa Valencia, alcalde del municipio de Colón, Querétaro, dejó claro que no espera que el Jefe Diego pague el monto total de la deuda, y terminó por decir que “de lo perdido lo que aparezca”, ya que al igual que todos los ciudadanos de Colón, Diego Fernández de Ceballos tiene las mismas prerrogativas de utilizar los descuentos que su administración ha ofrecido al resto de los contribuyentes. Ante la notable decepción de Julio Astillero por el tremendo fiasco que resultó pensar que habría un municipio capaz de hacer que un personaje de la vida política se hiciera cargo de un adeudo semejante, le comentó palabras más palabras menos, que todo este escándalo quedará en un juego de artificio después de reconocer que de los 984 millones anunciados el pago podría quedar en una suma significativamente menor, a lo que Ochoa respondió tajante, como quedaría cualquier deuda de cualquier ciudadano. Yo le pregunto; usted que como yo es cualquier ciudadano, ¿está de acuerdo que recibiría el mismo trato que el señor Fernández?
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