Bolivia experimenta el intento de la ultraderecha por consolidar un régimen de terror

Si bien es cierto que los eventos que precedieron al derrocamiento de Morales fueron complejos y multifacéticos, no debiera discutirse que fueron los militares quienes exigieron que Morales renunciara. El hecho de que el jefe militar usara la palabra «sugerir», es irrelevante. Cuando el ejército «sugiere» que un presidente renuncie, y él o ella lo hace inmediatamente después, eso se llama golpe de estado, tal como se lo dijera Bernie Sanders a Jorge Ramos cuando éste le preguntó sobre el asunto:

La historia parece moverse en círculos en Bolivia. La palabra Senkata ha vuelto a sonar y en el mismo contexto que en octubre de 2003, cuando el enfrentamiento entre el ejército y los manifestantes de El Alto que bloqueaban el acceso al principal depósito de gasolina de la capital terminó con decenas de muertos.

La Masacre de octubre o masacre de octubre negro es el nombre que se le dio a la represión sangrienta llevada a cabo en Bolivia durante octubre de 2003 en el marco de convulsiones sociales generadas tras el anuncio de una serie de medidas propuestas por el Gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien autorizó la intervención militar contra acciones protagonizadas por civiles durante la serie de eventos denominada Guerra del gas, cobrando la vida de al menos 63 personas y que culminaron con la renuncia de Sánchez de Lozada.

 
Dieciséis años después, la historia se ha repetido. Los vecinos de El Alto, en paro indefinido contra el golpe de Estado que ha forzado a dimitir al Gobierno de Morales, llevan más de una semana bloqueando el acceso a esta planta de la petrolera estatal YPFB. Los manifestantes, movilizados por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, han contado con el apoyo de miles de campesinos y estudiantes indígenas llegados de las 19 provincias del departamento de La Paz.

Como hace 16 años, el ejército ha vuelto a embestir contra la población, pero ahora con impunidad garantizada para todas sus acciones, gracias a la aprobación del decreto 4078, que exime de cualquier responsabilidad penal a los militares que repriman las manifestaciones contra el gobierno elitista, racista y fundamentalista cristiano establecido tras la marcha de Morales a México.

Bolivia está experimentando la consolidación de un auténtico régimen de terror de extrema derecha, que algunos califican como una dictadura en gestación, debido a la violación sistemática de los derechos políticos y humanos.

Desde que dimitió Morales, las fuerzas de seguridad del estado han matado y reprimido brutalmente a manifestantes pacíficos. El accionar de la presidente, Jeanine Áñez, emitió el decreto antes mencionado que exime a personal de las fuerzas armadas de ser procesados por el uso de la fuerza. Áñez declaró que el MAS de Morales no puede participar en futuras elecciones, a pesar de que el MAS, es por mucho, la mayor fuerza política de Bolivia. El ministro interino del gobierno dijo que los senadores del MAS serán detenidos por «subversión y sedición». Lo mismo dijo Roxana Lizárraga, la polémica ministra de Comunicación de Bolivia sobre los periodistas. Y por si lo anterior no fuera suficiente, hay una ola creciente de racismo anti-indígena, mientras diferentes grupos han quemado públicamente la bandera indígena Wiphala, y la policía en Santa Cruz la quita de sus uniformes, bandera que se convirtió en un símbolo nacional oficial bajo la presidencia de Morales.

La manera en que Áñez asumió la presidencia no tiene nada que ver con democracia. Primero, no podría haber ocurrido sin las renuncias forzadas de Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Renuncias que no fueron de ninguna manera voluntarias, ya que ocurrieron en el contexto del secuestro de familiares, de funcionarios de MAS y la quema de sus casas. Desaparecidos por la fuerza quienes en la linea de sucesión estaban por encima de ella, Áñez reclamó para ella la oficina presidencial, a pesar de que, como vicepresidenta del Senado, no tenía autoridad constitucional para asumir ese papel.

En segundo lugar, Áñez juró como presidente en un Senado casi vacío que carecía de quórum, con legisladores del MAS, quienes controlan dos tercios de los escaños, boicoteados debido a amenazas contra su seguridad.

Áñez prestó juramento con una Biblia de gran tamaño ydeclaró : «La Biblia ha regresado al palacio», mientras el 10 de noviembre, el mentor de Áñez, Luis Fernando Fernando Camacho Vaca, ingresó al palacio presidencial vacante y besó una Biblia sobre una bandera boliviana. Un pastor que le acompañaba dijo: «La Pachamama nunca volverá al palacio».

Camacho y Áñez son «cristianos» fundamentalistas muy racistas. No es casualidad que sus acciones haya contribuido al aumento sin precedentes del racismo anti-indígena en todo el país, marcado en las semanas previas a la caída de Morales y aún más generalizado desde entonces.

A pesar del éxito de la economía boliviana bajo Morales, estos cambios enfurecieron a la vieja clase dominante, que considera a los indígenas como atrasados ​​e inferiores, confinados al campo mientras los la élite manejaba el destino de Bolivia. Sus prejuicios se manifestaron instantáneamente a raíz del golpe, mientras las supuestas pretensiones de democracia se desvanecieron.

Palabras bíblicas que no son del agrado de los golpistas en Bolivia

 
Rubén Luengas/Entre Noticias