La policía comunitaria de Guerrero, acordó con el gobierno del estado desarmar a los menores de edad que reclutaron hace unas semanas, tras la crisis de violencia que azota sus comunidades.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), una policía comunitaria que opera desde 2014 en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera (en la Montaña Baja de Guerrero), informó que pactaron con el gobierno local que los menores depongan las armas, siempre y cuando las autoridades cumplan con 29 demandas.
El coordinador de la CRAC-PF, Bernardino Sánchez, informó al diario Milenio que el pasado jueves 6 se reunieron con autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF, que solicitó el desarme de los menores de edad que se preparaban para formar parte de la policía comunitaria.
Según reveló Bernardino Sánchez, la CRAC-PF aceptó no incorporar más a los niños, a cambio de que el gobierno local cumpliera con 29 demandas sociales, entre las que se encuentran: construcción de un hospital y de una universidad; provisión de medicinas; dotación de equipos de seguridad (radios, antenas y siete camionetas); apoyos económicos para las viudas y huérfanos de la violencia cometida por el grupo criminal ‘Los Ardillos’; desmantelamiento de esa banda delincuencial; liberación de un compañero preso y cancelación de las órdenes de detención contra 66 miembros de la Coordinadora.
«Nos comprometimos a ya no hacerlo [incorporar niños a las policías comunitarias], pero que cumplan las 29 demandas. Si no las cumplen, volvemos a hacer otro ruido», advirtió el vocero Sánchez.
La incorporación de niños a las policías comunitarias generó mucha polémica. Esta medida se tomó a raíz del asesinato de 11 músicos en la coumunidad de Chilapa por el grupo criminal Los Ardillos, el pasado mes de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador alegó que su Gobierno trabajaba para atender las causas estructurales de la violencia y pidió alejar a los niños de las armas.
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) tildó de un «crimen» que se involucrara a menores armados en las policías comunitarias, asegurando que la crisis de seguridad en la entidad «no justifica la urgencia involucrar a niños en hechos armados».
Sin embargo, en la comunidad nahua de Alcozacán, de donde provenían los diez músicos asesinados, la violencia no ha dado tregua en los últimos meses. La policía comunitaria exige al Gobierno de López Obrador atender la inseguridad en la comunidad, que según su recuento, ha dejado 66 huérfanos.
Redacción Entre Noticias | RT/Agencias | evr
