Muchos centros de detención de Estados Unidos asentados lo largo de la frontera sur estaban a menos de la mitad de su capacidad, e incluso vacíos, durante una reciente oleada de familias solicitantes de asilo, lo que pone en entredicho las afirmaciones del gobierno del presidente Donald Trump de que los migrantes debían esperar en México porque el país no contaba con los medios para recibirlos.
Las celdas de detención estaban a menos de la mitad de su capacidad en 18 de los 24 cruces fronterizos durante la mayoría de los días entre julio de 2018 y junio de 2019, según un análisis de datos gubernamentales. Las celdas en las ciudades de Laredo y Brownsville, ambas en Texas, estuvieron a menos de la mitad de su capacidad prácticamente nueve de cada 10 días durante el periodo de 12 meses. Las celdas en cruces de menor tránsito a menudo se encontraban vacías.
Algunos activistas señalan que las cifras demuestran que los funcionarios del gobierno de Trump ponían pretextos para evitar que las personas ingresaran a Estados Unidos a pedir asilo.
En su defensa, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) ha dicho desde hace tiempo que el número de migrantes que puede recibir no está relacionado únicamente con el espacio disponible en sus celdas de detención, sino por la cantidad de personal con el que se cuente. Y durante ese periodo, el personal era particularmente reducido debido a que se encontraban en labores consideradas de mayor importancia, como el combate al narcotráfico y la inspección de transporte de carga.
Además, las cifras en las celdas de detención no cuentan toda la historia, afirmó un funcionario en los documentos judiciales puestos a disposición. Algunas de las celdas están a menos de su capacidad debido a que algunos migrantes deben ser aislados de los demás por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, alguien arrestado por un delito debe permanecer en una celda en solitario, al igual que una familia con piojos o migrantes con tatuajes que los vinculen a pandillas.
Una corte federal de apelaciones retiró los sellos de confidencialidad de los documentos a solicitud de The Associated Press. Originalmente fueron presentados como parte de una demanda que impugna la práctica del gobierno federal de obligar a los solicitantes de asilo a esperar durante semanas o meses en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas antes de poder pedir refugio en Estados Unidos.
Desde 2016, las autoridades estadounidenses han implementado una práctica conocida como “dosificación”, bajo la cual aceptan únicamente a un número limitado de solicitantes de asilo a diario en los puertos oficiales de entrada. Como resultado, se han formado enormes listas de espera en las comunidades fronterizas de México. La AP contó alrededor de 19.000 personas en listas de espera de cuatro ciudades en julio pasado.
Las autoridades han rechazado las acusaciones de que ignoran sus obligaciones establecidas por las leyes estadounidenses y los tratados internacionales de considerar las solicitudes de asilo, y han descrito la dosificación como un asunto de manejo de masas.
“No se rechaza a las personas; se les pide que esperen”, dijo el entonces comisionado de la CBP Kevin McAleenan en 2018.
La propagación de las listas de espera coincidió con una serie de medidas por parte de Estados Unidos que redujeron drásticamente la llegada de solicitantes de asilo, incluyendo una que envía de regreso a México a los migrantes para esperar ahí la fecha de sus audiencias en cortes migratorias de Estados Unidos. Activistas aseguran que los migrantes han sido víctimas de violaciones, secuestros y otros delitos mientras aguardan en territorio mexicano.
Los documentos revelaron enormes variaciones en las tasas de ocupación de las celdas de retención. El cruce de San Diego, el de mayor dimensión en la frontera, estuvo casi al máximo de su capacidad prácticamente todos los días, mientras que otros se encontraron regularmente por debajo de los límites.
El 14 de marzo, según un resumen diario, había 672 personas detenidas en los 24 cruces, una tasa de ocupación del 57%. El puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego, estaba al 89% de su capacidad, Hidalgo estaba sobrepoblado y El Paso estaba prácticamente lleno. Pero en Laredo, la ocupación era apenas del 40%, del 35% en Brownsville y otros siete cruces, la mayoría de ellos en California, estaban vacíos.
Las celdas en algunos cruces de menores dimensiones estaban regularmente vacías debido a que las autoridades dirigían a los solicitantes de asilo a ciudades más grandes.
“Las propias estadísticas de la CBP demuestran que el gobierno tiene capacidad de sobra para procesar a los solicitantes de asilo de la que están utilizando actualmente”, declararon los abogados del Southern Poverty Law Center, Center for Constitutional Rights, American Immigration Council y el despacho legal Mayer Brown en una moción presentada ante una corte federal de San Diego.
Todd Owen, alto funcionario de la CBP responsable de la supervisión de los puertos de entrada, dijo bajo juramento en una audiencia del 13 de diciembre que el espacio disponible fluctúa de acuerdo al tipo de migrantes detenidos y si requieren o no permanecer aislados de los demás.
Owen también reconoció que el procesamiento de migrantes era una prioridad menor a la seguridad nacional, las operaciones antinarcóticos y las regulaciones al comercio y traslado legítimos.
Durante el incremento en el flujo de migrantes, se reasignó a 2.000 inspectores de la CBP para ayudar a la Patrulla Fronteriza a procesar a las personas que ingresaban ilegalmente al país. Algunas de las estaciones de la Patrulla Fronteriza registraban una enorme sobrepoblación de solicitantes de asilo, y varios niños fallecieron bajo custodia del gobierno.
El análisis de las cifras del gobierno corrió a cargo de Stephanie Leutert, experta en México y Centroamérica del Centro Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacional de la Universidad de Texas. Leutert estudió los datos a solicitud de abogados que intentan bloquear la práctica de la dosificación.
Fuente: La Jornada Sin Fronteras | evr
