José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo
El acuerdo para que José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, obtuviera su libertad fue por dos millones de dólares que se repartirían al menos tres funcionarios adscritos al juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca y el dinero se habría entregado poco antes de las 3 de la mañana del jueves.
Un seguimiento de seis años y la aprobación de una solicitud de intervención telefónica para escuchar por más de seis meses las conversaciones de diversos familiares de El Mochomo y otros involucrados con el cártel Guerreros Unidos, permitió que las autoridades federales establecieran la ubicación de Casarrubias Salgado en Metepec, estado de México, a donde acudió a una reunión familiar, y así se logró su captura.
De la misma manera se conoció de las negociaciones para sobornar a funcionarios del juzgado segundo de distrito con sede en Toluca para que lo dejaran en libertad por la acusación de delincuencia organizada, y se obtuvieron los elementos que ahora lo tienen bajo arraigo durante 40 días, tiempo en el cual se perfeccionará otra acusación por delincuencia organizada, y posibilitará que la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa concluya sus investigaciones y le impute responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.
Funcionarios que participan en el gabinete de Seguridad federal revelaron que parte de la estrategia de la defensa del líder de Guerreros Unidos fue que se desecharan 14 de las más de 40 pruebas aportadas por el Ministerio Público federal con el argumento de que consistían en imputaciones directas provenientes de expedientes ministeriales y que éstas se presentaron en copias certificadas, por lo que no podía dárseles valor probatorio, situación que fue corroborada en la argumentación con la cual se decretó el auto de libertad.
Los entrevistados señalaron también que, en su determinación, la autoridad judicial rechazó las 14 pruebas sin mayor análisis y el resto ya no fueron valoradas, por ello el Ministerio Público ya apeló la resolución y espera que un tribunal revise el expediente y ordene que se le dicte el auto de formal prisión por la acusación formulada la semana pasada y por la cual sus defensores legales y familiares entregaron los dos millones de dólares a funcionarios judiciales que impulsaron la resolución que favoreció a Casarrubias Salgado.
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