Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Por Gustavo Castillo, Eduardo Murillo y César Arellano (La Jornada)
Emilio L, ex director de Petróleleos Mexicanos (Pemex), intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, según la Fiscalía General de la República (FGR), aunque el responsable de la misma era Luis Videgaray; el ex funcionario recibió 4 millones de dólares durante ese proceso electoral, y en ese periodo ofreció a Luis Alberto de Meneses Weyll, representante de Odebrecht en México, un cargo en la administración pública federal en caso de que su partido ganara los comicios.
Lo anterior, durante la audiencia en la cual se le imputó la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, dentro de la causa penal 261/2019, en la cual también se libró orden de captura contra la madre, la hermana y la esposa del ex funcionario.
Además de las dos causas penales, la 261/2019 (Odebrecht) y la 211/2019 (Agronitrogenados), en contra de Lozoya Austin se mantiene abierta una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en la cual se indaga su responsabilidad y el involucramiento de Odebrecht en el delito de financiamiento ilícito a candidatos a diputados federales en el proceso electoral 2014-2015. Respecto del delito relacionado con los recursos aportados por la empresa brasileña a la campaña de Enrique Peña, se determinó que ya prescribió.
Los ofrecimientos
Durante la audiencia realizada a través de videoconferencia, la FGR dio a conocer que Emilio L ofreció a De Meneses Weyll que él (en ese entonces encargado de la campaña de Peña Nieto) tendría un cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública, y así ocurrió en Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas, indicaron los fiscales federales.
Odebrecht pagó en México 10.5 millones de dólares en sobornos y obtuvo mediante esta componenda ilegal ganancias por 39 millones de dólares, puntualizaron los representantes de la FGR a partir de las revelaciones que hicieron al gobierno mexicano los representantes de la constructora brasileña.
Según las pruebas presentadas durante la audiencia inicial de este caso, el ex funcionario respondió en correspondencia a estos sobornos. “En varias ocasiones Emilio ‘L’ agradeció a Luis Alberto de Meneses Weyll y sus colaboradores, el apoyo brindado por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto”.
Ese acuerdo ilícito es descrito en los documentos de la causa penal 261/2019: Constructora Odebrecht realizó pagos por un monto total de 10.5 millones de dólares, de 2010 a 2014, ello acorde a lo manifestado por De Meneses Weyll, superintendente de Odebrecht en el país, quien ocupó el cargo de septiembre de 2009 hasta marzo de 2017, y como parte de sus funciones prospectó oportunidades de negocio concentrando su atención en los estados de la Federación que estuvieran en un proceso de renovación del mandato de gobierno.
Familia involucrada
La FGR presentó también como indicio de prueba de la colusión que tuvieron en estos delitos la madre, hermana y esposa de Emilio L un oficio de contabilidad, fechado el 8 mayo de 2019, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde consta que sus familiares recibieron varios depósitos en cuentas de bancos en Suiza.
Específicamente se documentaron dos pagos, uno por 4 millones de dólares durante la campaña y otro por 6 millones de dólares cuando fue director de Pemex.
Se aseguró que muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas, que el imputado utilizaba para estos fines, estaban a nombre de Gilda Susana L y Gilda Margarita A, hermana y madre de Emilio L, respectivamente.
Consta en el expediente que Odebrecht transfirió a la madre del extraditado por lo menos dos depósitos, uno de 185 mil dólares y otro de un millón 200 mil dólares, que se utilizaron para la compra de una residencia en Ixtapa-Zihuatanejo, en Guerrero.
La propiedad de este inmueble se comprobó con la escritura pública del fideicomiso del dueño original de la casa, así como con declaraciones patrimoniales y fiscales de los acusados.
Según la FGR, la riqueza de Emilio L creció de forma exponencial en el sexenio pasado, pues al inicio de ese periodo declaró tener ingresos relativamente modestos, y terminó con cuentas en Suiza, varias empresas y residencias de lujo en Guerrero y la Ciudad de México.
La Secretaría de la Función Pública remitió un expediente de verificación patrimonial en el que se incluyó la declaración inicial de Emilio L como servidor público, presentada en enero de 2013, con datos de una cuenta de cheques en BBVA por 200 mil pesos, y las de 2014, 2015 y 2016.
Denuncia de la UIF
Para probar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Ministerio Público informó de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la cual se detalla que autoridades suizas entregaron estados financieros de una cuenta a nombre de la madre del ex funcionario, a la cual se transfirieron recursos que habían sido depositados por una compañía ligada a Odebrecht.
La UIF precisó que a raíz de los indicios de prueba “se desprende que la cuenta a nombre de la madre no era desconocida para Emilio ‘L’, y en sus declaraciones patrimoniales dijo que su cónyuge (Marielle ‘E’) adquirió el inmueble (de Ixtapa), admitió que es propiedad de su familia y ese dinero en parte era de la empresa Tochos Holding”, compañía fachada que constituyó y que fue empleada para tratar de ocultar la recepción y destino de los sobornos que le entregó Odebrecht.
El imputado omitió en sus declaraciones de bienes como servidor público el dinero que tenía depositado en bancos extranjeros, y se descubrieron gracias a las pesquisas de la FGR y la UIF.
Entre los contratos que el ex director de Pemex dio a Odebrecht en este intercambio de favores, se cuenta la adjudicación por más de mil millones de pesos para realizar trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo, pese a que la empresa no cumplía con los requisitos de la licitación.
Por todo ello, la parte acusadora concluyó que Emilio L violó los códigos de ética de los servidores públicos porque no actuó con probidad ni confidencialidad requerida.
Entre Noticias | La Jornada | EVR
