Funcionarios capitalinos y federales entregaron a víctimas de la llamada guerra sucia expedientes en los cuales la policía política los consignó como criminales.
Por Fabiola Martínez
En la presentación de la política pública de verdad y memoria se informó que se buscará retirar de sitios públicos el nombre de los perpetradores de la represión durante el periodo 1960-1980; se multiplicarán los lugares de memoria histórica – donde se cometieron las atrocidades- y se revisarán 8 mil cajas con miles de documentos construidos por la policía política en aquella época.
“No puede ser que sigamos teniendo en Puerto Vallarta un aeropuerto ‘Gustavo Díaz Ordaz’ o de otras gentes que cometieron estos actos criminales contra mexicanas y mexicanos”, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación.
Desde el Archivo General de la Nación, antigua cárcel de Lecumberri, informó que también se ajustarán las efemérides, y se incluirán en la curricula de la educación básica y media el respeto a los derechos humanos.
También – añadió Encinas- se busca impulsar proyectos editoriales de verdad y memoria para contribuir a la reconstrucción de justicia «y saldar la deuda con este pasado infame en la historia de nuestro país, con el fin de que estos hechos no se vuelvan a repetir».
Con la presencia de funcionarios federales y de la Ciudad de México – encabezados por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaumm y la fiscal Ernestina Godoy- familiares de víctimas y algunas de las propias víctimas de la llamada guerra sucia recibieron los expedientes en los cuales la policía política de la época los consignó como criminales.
Muchos de ellos fueron detenidos y/o desaparecidos hace medio siglo y se desconoce su paradero.
En la lista se encuentran, por citar a quienes recibieron hoy de manera presencial las cajas con documentos, Lourdes Rodríguez, detenida en 1971.
En tanto, Alfredo y Georgina Tecla recibieron los expedientes de sus familiares; de la misma manera, Judith Galarza, Natalia Toledo y Luis Fernando Granados, este último hijo del periodista Miguel Angel Granados Chapa, vigilado por su labor.
Alejandra Cartagena López subió a presidium para recibir los expedientes de su madre Leticia Galarza, desaparecida desde 1978, y de su padre David Jiménez Sarmiento, muerto en un enfrentamiento en 1976; ambos militantes de la Liga 23 de septiembre.
Igualmente Consuelo Solís Morales recibió, de manos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el expediente del profesor Genaro Vázquez Rojas, muerto en 1972 en el contexto de la contrainsurgencia hacia la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de la cual el profesor fue fundador.
Genaro Vázquez fue egresado de la escuela normal de Ayotzinapa y encabezó luchas democráticas en Guerrero en las décadas 1950 y 1960.
El propio Encinas recibió el archivo del expediente que le construyó la Dirección Federal de Seguridad cuando era militante del Partido Comunista Mexicano.
Félix Santana, director de Estrategia para los Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, precisó que las acciones del actual gobierno “no buscarán comprar silencios ni construir olvidos como sucedió con otras administraciones”.
Precisó que el desafío es amplio porque se requiere analizar y digitalizar más de 4 mil cajas de la extinta Dirección Federal de Seguridad; 3 mil de la dirección de investigaciones políticas, y 486 cajas del ejército mexicano.
Por ahora, indicó, el Archivo General de la Nación tiene un avance en 2 mil 900 legajos que ya pueden ser consultados por víctimas y familiares.
De manera adicional se formará un “archivo de la palabra” para contrarrestar la información oficial y contribuir a no volver a repetir esa época.
Presentación de la Política de Verdad y Memoria del Pasado Reciente
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