La toma de casetas se ha hecho común en algunas partes del país.
Foto: Cuartoscuro
La Cámara de Diputados aprobó este martes nuevas sanciones para quienes tomen las casetas de cobro en las carreteras del territorio nacional con fines de lucro. Dichas medidas se incluyen en el dictamen con proyecto de decreto que contempla reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación. Luego de que la mayoría de integrantes de la Cámara Baja se posicionara a favor, el dictamen fue turnado al Senado para su aprobación.
Con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones se aprobó la reforma al artículo 533, así como la adición del 533 Bis a dicha Ley. De esa forma, las personas que restrinjan “de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte” serán sancionados con pena de dos a nueve años y multa de 200 a 1,000 veces el diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, hasta 86,880 pesos.
Por otra parte, quienes además de realizar el bloqueo de las vías carreteras condicionen el tránsito, impidan el cobro u obtengan un lucro, serán acreedores con hasta siete años de prisión y sanciones económicas de 750 a 1,000 UMA vigente al momento de la comisión del delito.
La iniciativa fue presentada el 22 de octubre de 2020 por Victor Manuel Pérez Díaz y Carlos Elhier Cinta Rodríguez, del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), en conjunto con la diputada de Morena, Juanita Guerra Mena. Ésta fue impulsada como respuesta al aumento de la toma de casetas en los últimos años.
De acuerdo con datos presentados en el dictamen, desde 2019 y lo que va del 2020, se ha documentado la pérdida de 7,000 millones de pesos debido a la toma de casetas y el “boteo”. Por otro lado, los bloqueos en las vías férreas han incrementado en 119% con respecto al 2019. En promedio, la duración de los cercos es de 12 días.
Hasta el 15 de diciembre de 2020, el Ministerio Público Federal ha reportado alrededor de 5,000 denuncias por bloqueos en los más de 750,000 kilómetros de carreteras federales y autopistas de cuota. Las quejas han sido presentadas a las autoridades por los concesionarios, aunque, de acuerdo con los impulsores de la iniciativa, menos de una decena ha resultado en sentencias condenatorias.
Las entidades con mayor presencia de bloqueos carreteros y “boteos” son Baja California, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Ante el aumento de los casos, al igual que la baja tasa de resolución de las denuncias, los impulsores consideraron que las penas y sanciones vigentes no son suficientes para disminuir las cifras de dicho delito, pues estas “terminan en instancias de medios alternativos de solución de controversias, las cuales resultan en montos menores por concepto de reparación del daño”.
Aunque la toma de casetas y bloqueos, impulsados por grupos del crimen organizado, han cobrado particular relevancia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su existencia data de años atrás. De hecho, diversos sectores como estudiantes, organizaciones locales y grupos organizados en busca de resolución de conflictos han recurrido en diversas ocasiones a los bloqueos como medio de protesta y visibilización de sus causas.
Durante la sesión de este miércoles 15 de diciembre, la diputada Irma Juan Carlos, adscrita al grupo parlamentario de Morena, se pronunció por considerar que el dictamen criminaliza la protesta de grupos indígenas y afromexicanos. Argumentó que, en ocasiones, las conductas señaladas en la iniciativa han sido encaminadas para visibilizar las condiciones de desigualdad e injusticia, así como la violación de los derechos de las que son víctimas.
Según datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, en 29 estados de la República hay 335 conflictos indígenas activos sin resolver. Destacan 50 en materia agraria, 21 de seguridad y justicia, 20 de medio ambiente y 16 en proyectos carreteros, entre otros.
Por otra parte, Irma Juan Carlos citó cifras del órgano de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en las cuales se indica que 8,412 personas indígenas se encuentran en centros penitenciarios del país.
De esa forma solicitó que se distinga entre quienes lucran a través de la toma de carreteras y casetas y las personas indígenas y afrodescendientes que encaminan dichos actos como medio de protesta pacífica en busca de la resolución de sus conflictos.
Entre Noticias | Infobae | EVR
