La crisis de la democracia norteamericana durante la “era Trump” acompañó una administración económica que descuido la atención social
Juan J. Paz y Miño Cepeda
El año 2021 empezó con un acontecimiento de impacto mundial: la toma del Capitolio en Washington DC, el 6 de enero. Alentados por el presidente Donald Trump, quien se negó a reconocer los resultados electorales a favor de Joe Biden, los manifestantes que participaron en el cerco al Capitolio (tratados como amigos” y “grandes patriotas”), pertenecen a diversas organizaciones: MAGA, QAnon, Proud Boys, Oath Keepers, Boogaloo Bois, Bundy Ranch, “Confederados” y otras agrupaciones neonazis, racistas, supremacistas blancos. No lejos se hallan sus parientes políticos: Asociación Nacional del Rifle, Ku Klux Klan, Tea Party, White Power, Skin Heads, Metal Militia. También empresas y gigantes intereses económicos que han sostenido a Trump y sus acciones para recuperar la hegemonía mundial bajo la consigna del “America First”.
Entrevistado por la BBC, el profesor de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, sostuvo que lo sucedido responde a «cuatro años de desacreditar y deslegitimar la democracia» por parte del Partido Republicano y del presidente; lo ha juzgado como «un intento de autogolpe» y no ha podido menos que sentenciar: “la democracia estadounidense es un desastre” (https://bbc.in/3nLQ9Ni). En su libro “Capitalismo Progresista” (2020), el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, ha verificado que a la crisis de la democracia norteamericana durante la “era Trump” acompañó una administración económica que descuido la atención social, aunque profundizó el poder y la riqueza en una elite de multimillonarios y empresas, al compás de los supuestos del mercado libre.
Pero el “derrumbe” de la democracia y de la economía es el signo de los tiempos en todo el continente.
En América Latina el nuevo año se inicia sobre la grave herencia del 2020. La pandemia del Coronavirus no solo ha resultado un acontecimiento excepcional que alteró la vida cotidiana en todos los países, sino que ha cobijado el profundo desequilibrio de sus economías. De acuerdo con la CEPAL, la región tendría su peor crisis económica en 120 años, con un derrumbe promedio del 7.7% en el PIB (https://bit.ly/3nP9oFJ); y según el Panorama Laboral 2020 de la OIT, la desocupación subirá al 10,6%, lo que significa que las personas que buscan empleo pasa a 30,1 millones, mientras que unas 23 millones de personas salieron de la fuerza laboral temporalmente y han perdido sus empleos y sus ingresos (https://bit.ly/3sCbnAX). La Cepal considera que en el 2021 habría una ligera recuperación de las economías, pero la OIT advierte que la tasa de desocupación podría subir hasta el 11,2%.
Sin embargo, mientras la propia Cepal argumenta que el problema está en el “modelo de desarrollo”, demostrando en sus estudios que no es sostenible, resulta injusto, agrava las condiciones sociales y no provoca desarrollo, sino beneficios para pocos y con grave concentración de la riqueza, los gobiernos conservadores, que hoy predominan en la mayoría de países latinoamericanos, encontraron en la pandemia del Coronavirus el pretexto ideal para culpar del deterioro económico y social a un agente externo, inédito e imprevisto.
En forma más clara y directa, desde la perspectiva histórica continental es necesario afirmar que el año de la pandemia demostró que los modelos de economía empresarial y neoliberal no solo han agravado las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores humanos, sino que minaron las bases de la democracia institucional. De modo que lo sucedido en los EEUU es comparable con la conflictividad que se vive en América Latina, porque las derechas económicas, políticas, mediáticas, ideológicas y hasta académicas, han logrado converger, junto con el americanismo imperialista, en la defensa del modelo de desarrollo que la Cepal cuestiona, es decir, en un tipo de economía que pretende empresarios y mercados dueños de los recursos de cada país, controladores del Estado y dominadores del conjunto de la sociedad.
Para la vida democrática ello ha significado que esas mismas derechas traten de impedir el ascenso histórico de las nuevas izquierdas sociales, identificadas con trabajadores, indígenas, campesinos, movimientos sociales, capas medias, sectores populares, medianos y pequeños empresarios, que buscan liquidar definitivamente los modelos neoliberales de las elites empresariales hegemónicas en la economía, y aspiran a economías sociales, con Estados que impongan los intereses nacionales sobre los intereses capitalistas privados.
Esas nuevas fuerzas históricas marcan, hasta el momento, el ascenso social y político del siglo XXI. Lograron expresarlas los gobiernos del primer ciclo progresista en América Latina, que han merecido numerosos estudios por la novedad de sus administraciones, sus logros sociales, sus triunfos electorales e incluso las posibilidades de construcción del “socialismo del siglo XXI”.
Desde luego, el progresismo del primer ciclo ya demostró sus avances y también sus límites. El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández y Luis Arce, en México, Argentina y Bolivia, respectivamente, ha permitido hablar de un segundo ciclo progresista. Bajo ese marco, en 2021 habrá elecciones presidenciales en Chile, Perú, Ecuador, Honduras y Nicaragua. Al importante proceso constituyente de Chile ha acompañado el fortalecimiento de las izquierdas. En Ecuador, aunque bajo condiciones adversas, la candidatura de Andrés Aráuz encabeza todas las encuestas para las elecciones presidenciales del 7 de febrero, en una coyuntura con 16 binomios y en la cual la polarización política se presenta con la candidatura del banquero Guillermo Lasso.
Pero sería un error histórico reducir las fuerzas del progresismo de nueva izquierda social al progresismo político-partidista y mucho menos a un candidato específico. La tendencia determinante de lo que va en el siglo XXI rebasa la coyuntura, es un fenómeno de largo plazo y, sin duda, asegura los avances; pero enfrenta a fuerzas poderosas, que demostraron las capacidades que tienen para desmontar y perseguir todo aquello que pretenda “destruir” el capitalismo rentista de los modelos empresariales.
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