La aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica contó con el respaldo de Morena
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para otorgar un mayor peso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, la cámara baja aprobó este martes en lo general la propuesta del jefe del Ejecutivo para dar prioridad a la energía producida por la CFE, dando marcha atrás a la política de privatización que impulsó el expresidente priista Enrique Peña Nieto en el sector.
#ÚltimaHora Con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, queda aprobado, en lo general, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Inicia la discusión en lo particular de los artículos reservados. pic.twitter.com/uLdl27WCCt
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 23, 2021
La aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica contó con el respaldo de Morena, y de sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).
Por su parte, los legisladores de oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra de la propuesta.
Tras la aprobación en lo general, los diputados continuarán con la discusión de las reservas en lo particular.
La iniciativa de López Obrador plantea dar prioridad a la energía producida por las hidroeléctricas; seguida de las centrales eléctricas que tiene la CFE (nuclear, geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas); la derivada de los parques eólicos y solares; y en último lugar, los ciclos combinados privados.
El propósito de esta modificación, según López Obrador, es «echar abajo los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE».
Desde la CFE, han apuntado que la reforma busca eliminar los subsidios que favorecen a los competidores del sector privado sobre la empresa estatal, mismos que fueron implementados a partir de los cambios constitucionales decretados en el sexenio de Peña Nieto.
No obstante, la propuesta del Ejecutivo ha recibido críticas de la oposición y del sector empresarial.
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