Lula da Silva, que presidió Brasil de 2003 a 2011, pasó 580 días en prisión, de la que salió en noviembre de 2019.
El juez de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin anuló este lunes todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la justicia federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato.
La decisión de Fachin atañe a cuatro procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro que, según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la «competencia jurídica» requerida para analizar esos casos.
La Fiscalía General ya ha adelantado que pretende apelar el fallo de Fachin, lo que llevaría la decisión individual del magistrado al pleno de la Corte Suprema, de 11 miembros, o a la Segunda Sala del máximo tribunal, que debería confirmar o anular la resolución de este lunes.
Los citados casos son procesos relacionados con un apartamento triplex en el balneario de Guarujá en el litoral del estado de Sao Paulo, una casa de campo en la localidad de Atibaia, una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario, y otra sobre supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht.
En el primero de ellos, Lula fue condenado a 12 años de prisión; en el proceso de la casa de campo la sentencia fue de 17 años, y en el proceso referido al instituto aún no hay sentencia firme.
Por esas condenas Lula pasó 580 días en la cárcel y fue liberado en noviembre de 2019 después de que la Corte fallara que una persona solo puede entrar en prisión cuando no le queden apelaciones posibles.
Con la decisión de este lunes, esos tres casos deberán pasar a la órbita de la justicia federal en Brasilia, la cual tiene que pronunciarse sobre el curso de cada uno de ellos.
Fachin justificó su decisión en que los casos citados, en los que Lula fue acusado de recibir sobornos en dinero y propiedades de algunas de las constructoras implicadas en Lava Jato, no tenían relación con los desvíos de dinero en la estatal Petrobras, que fueron los que justificaron la enorme operación anticorrupción.
El «habeas corpus» dictado por Fachin le permite a Lula recuperar sus derechos políticos y abre el paso a una eventual candidatura en las presidenciales de 2022, siempre y cuando la decisión del magistrado se mantenga y el exmandatario no sea condenado en segunda instancia por los tribunales federales hasta entonces.
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