Miles de personas siguen sin tener respuesta sobre qué pasó con sus familiares.
En esta investigación, (Amnistía Internacional) denuncia cómo desde el fin de la Guerra Civil Española hasta los noventa, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o sustracción de sus identidades; así como de vulneración del derecho a la protección de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre y las relaciones familiares. Todo ello con la complicidad del Estado en los primeros años, y con su desinterés por los procesos de búsqueda en la actualidad.
“Amnistía Internacional ha identificado algunos elementos comunes en estos casos. Es recurrente encontrar que las mujeres que denuncian la sustracción de sus hijos/as eran de origen humilde, madres jóvenes, e incluso madres solteras, en un contexto en el que se negaba a la mujer capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos. Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba de la muerte del bebé, que en muchos casos no se podía ver, y/o de cuyo entierro se encargaba el hospital. En los procesos de búsqueda se une la falta de información, o la documentación errónea o falsa, y un acompañamiento inexistente o escaso por parte de las autoridades a quienes emprenden la búsqueda.”
Miles de personas siguen sin tener respuesta sobre qué pasó con sus familiares, y se encuentran en un proceso de dolor que se alarga desde hace décadas.
En estos momentos en España, el Anteproyecto de Ley de Bebés Robados se encuentra en fase parlamentaria.
La investigación realizada por Amnistía Internacional se hizo en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Euskadi, las comunidades autónomas en las que mayor número de diligencias se abrieron.
“El Estado español debe adoptar medidas con un enfoque global para dar respuesta a estos procesos de búsqueda en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva acompañamiento a las víctimas. Esto requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas, así como apoyo jurídico y psicológico.”
En su investigación, Amnistía dice haber documentado casos con indicios de los tres elementos que establece el derecho internacional para hablar de desaparición forzosa: la sustracción del bebé, la participación o tolerancia del Estado y la negativa de las autoridades a revelar el paradero de la persona desaparecida.
Video: Ruth dio a luz a un niño en 1993, en una clínica de Bilbao. Estaba soltera, tenía 19 años, iba acompañada de su madre y de su pareja. Cuenta que fue recibida con la frase: “Cuando lo hiciste, seguro que no lloraste tanto”. Pero Ruth tuvo sospechas sobre la muerte desde el principio y buscó a su hijo. Consiguió que un juzgado ordenara una exhumación en el lugar donde supuestamente se habría enterrado a su hijo. Al abrir el ataúd: no había restos óseos.
La desconfianza hacia las madres, el discurso de que quienes no superan la muerte de su bebé pueden terminar locas, se ha prolongado en el tiempo, y sigue teniendo especial impacto en las mujeres que todavía hoy buscan a sus hijos e hijas: no se las cree…
“Para Amnistía Internacional, no se trata de una violación de derechos humanos del pasado, sus efectos no han cesado y persisten hoy. Si algo ha podido constatar Amnistía Internacional a lo largo de esta investigación es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de búsqueda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad. Este sufrimiento moral y psicológico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, tal y como han señalado mecanismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.”
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