Legaretta dijo que había sido amenazado con el despido y a sido rechazado en el trabajo varias veces por negarse a aceptar la vacuna Covid-19.
«Este es un caso en el que el supervisor está completamente equivocado. No tienen absolutamente el derecho de obligar a nadie a tomar un producto médico experimental», dijo un abogado.
Los desafíos legales a los mandatos de la vacuna COVID-19 comenzaron en los EU con la primera demanda contra la vacunación obligatoria contra el coronavirus presentada a fines del mes pasado en Nuevo México.
El oficial de prisiones Isaac Legaretta demandó a sus supervisores y funcionarios locales el 28 de febrero, después de que el condado de Doña Ana de Nuevo México ordenara inyecciones de la vacuna COVID-19 para todos los empleados.
En su denuncia, Legaretta dijo que había sido amenazado con el despido y ha sido rechazado en el trabajo varias veces por negarse a aceptar la vacuna COVID-19. El condado le dio a Legaretta solo cinco días para proporcionar una prueba de vacunación, según un memorando de febrero que proporcionó. Legaretta busca una orden judicial para bloquear su despido o recibir una indemnización en caso de que pierda su trabajo.
Doña Ana anunció inicialmente en enero que todos los empleados del condado, incluidos los agentes de policía y los empleados del centro de detención, deben recibir la vacuna de COVID-19 como condición para continuar trabajando.
“Se requiere que, si aún no ha comenzado sus vacunas, que se vacune con su primera dosis en uno de esos días, o que se comunique con Recursos Humanos para una adaptación”, decía un aviso del 29 de enero del administrador del condado, Fernando Macías. «Estar vacunado es un requisito y una condición para el empleo continuo con el condado debido a los importantes riesgos para la salud y la seguridad que plantea la contracción o propagación de COVID-19».
Las vacunas COVID-19 que se están implementando actualmente en los EU, han sido aprobadas solo con la autorización de uso de emergencia (EUA) por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La ley federal indica que los productos otorgados EUA no pueden ser obligatorios, como argumenta la queja de Legaretta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU también declararon en agosto que las vacunas COVID-19 «no pueden ser obligatorias».
No existe una ley de Nuevo México que estipule la vacunación obligatoria durante una emergencia de salud pública, y el departamento de salud estatal ha dicho que no intentará exigir que las personas se pongan las vacunas.
“Este es un caso en el que el supervisor está completamente equivocado. No tienen absolutamente el derecho de obligar a nadie a tomar un producto médico experimental”, dijo la abogada de Legaretta, Ana Garner, y agregó que las personas tienen “un derecho absoluto a rechazar” las vacunas COVID-19.
«Hay mucho en juego», dijo Garner al Activist Post en una entrevista reciente. “Queremos ir a la Corte Suprema con esto”, dijo. «Nuestro resultado final es obtener un juicio declaratorio … que diga que la ley federal sobre la autorización de uso de emergencia es superior a cualquier mandato que pueda aprobarse en el estado».
“Pero lo que está en juego aquí son nuestras libertades médicas, nuestras libertades, integridad corporal, nuestro derecho a elegir cualquier tipo de intervención médica. Esto es un problema critico. No somos conejillos de indias humanos, ni debemos ser tratados de esa manera ”, dijo.
Los mandatos de la vacuna COVID-19 son una forma de «experimentar con humanos» y, por lo tanto, violan el Código de Nuremberg posterior a la Segunda Guerra Mundial, dijo Garner, calificándolos de «un crimen contra la humanidad». «Este es un crimen de lesa humanidad para estas organizaciones y condados, y ahora el Departamento de Defensa, tratando de vacunar a todos nuestros militares».
New Mexico Stands Up!, el grupo de interés público con el que trabaja Garner, ha presentado otra demanda que impugna la declaración de “emergencia de salud pública” de Nuevo México por COVID-19. «Hemos descubierto suficiente información, suficiente evidencia para demostrar que el recuento de muertes se ha inflado enormemente, que las pruebas de PCR no tienen sentido y que… el mito de la transmisión asintomática es completamente falso», relató Garner.
A fines del año pasado, los legisladores de Minnesota informaron que los datos del certificado de defunción mostraban que el recuento oficial de muertes por COVID-19 del estado se infló en alrededor de un 40%. Los legisladores señalaron incentivos financieros perversos para que los hospitales diagnostiquen erróneamente a los pacientes con coronavirus.
Varios estudios han encontrado que los mejores métodos de prueba de COVID-19 tienen serios problemas de precisión y han destruido la teoría de que el virus se propaga a través de portadores asintomáticos, lo que arroja dudas sobre las afirmaciones de que COVID-19 es una «emergencia de salud» continua.
“Lo bueno de esta demanda, es que si demostramos que no hay emergencia de salud pública, eso también contribuirá a poder impugnar la autorización de uso de emergencia, porque la emergencia tiene que existir, y mientras exista la emergencia, la autorización de uso de emergencia es válida”, dijo Garner. «Una vez que la emergencia ya no existe, también [las vacunas COVID-19] pierden su estado de autorización de uso de emergencia, por lo que estamos analizando eso a nivel nacional [.]»
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