Las ejecuciones tuvieron lugar este fin de semana en el centro turístico de Puerto Peñasco
Foto: EFE
Dos defensores de la tierra, Jesús Robledo Cruz y María Jesús Gómez Vega, fueron asesinados en el estado de Sonora, en un hecho condenado por las mineras de la zona.
La empresa Minera Penmont, subsidiaria del Grupo Fresnillo, condenó este martes los asesinatos de Cruz, exrepresentante de la región del Bajío, y de su esposa Gómez Vega.
Las ejecuciones tuvieron lugar este fin de semana en el centro turístico de Puerto Peñasco, municipio de Sonora, precisó un comunicado de la empresa.
Este es un centro de playa muy visitado por los ciudadanos de Arizona y California, ya que se encuentra en el Mar de Cortés a menos de 100 kilómetros en la frontera con Estados Unidos.
La pareja asesinada fue localizada con el tiro de gracia y sobre los cuerpos los criminales dejaron un cartón con amenazas contra 12 líderes comunitarios del Bajío.
“Minera Penmont rechaza categóricamente la afirmación o insinuación alguna que la vincule de cualquier manera con los actos criminales de este fin de semana. Reprueba cualquier forma de violencia y confía en el sistema de justicia para la resolución de los problemas”, añadió el comunicado.
Penmont, socia de la minera La Herradura, que también pertenece al corporativo Fresnillo, condenó “la ola de actos delictivos que afectan a la región”, la cual está en disputa por dos grupos del crimen organizado que han provocado decenas de muertos y enfrentamientos constantes.
El asesinato de los esposos ocurre en plena campaña electoral de Sonora, donde el tema de la seguridad se ha convertido en la principal preocupación del electorado.
Los líderes asesinados fueron dirigentes del Ejido el Bajío y desde años atrás denunciaron que sus tierras fueron invadidas ilegalmente por la minera Penmont, y con ello se apropiaron de grandes extensiones de parcelas comunales para extraer miles de toneladas de oro.
Los ejidatarios denunciaron también en un comunicado que Cruz había sufrido un secuestro por un grupo de hombres armados, el 3 de septiembre de 2017, y los criminales lo obligaron ante notario público a ceder sus derechos ejidales, supuestamente a un político de la zona.
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