El gobernador Rutilio Escandón es una suerte de heredero de las peores costumbres caciquiles, pero sería absurdo culparlo, sólo a él, del caos en Chiapas, pues la política de seguridad del gobierno federal perdió la brújula hace tiempo.
Chiapas es un desastre. Es la conclusión del informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Es un estudio que ilustra un periodo oscuro y que da al clavo al ocuparse de la violencia criminal y la complicidad del estado.
Los últimos años han sido los de un resquebrajamiento de la convivencia y una ruptura constante del tejido social. Ninguna mejoría trajo consigo la 4T, como no sea para los grandes propietarios, para los herederos de un poder que se constituyó bajo un orden social lamentable.
El gobernador Rutilio Escandón es una suerte de heredero de las peores costumbres caciquiles. Impune en un contexto donde la alianza de Morena con el Partido Verde lo solapa todo.
Pero sería absurdo culparlo, sólo a él, de una situación que lo trasciende, y que más bien tiene su explicación en la idea misma de la militarización, de una política de seguridad que perdió la brújula hace mucho, donde los únicos esfuerzos persistentes de la Guardia Nacional son para contener a los migrantes y no para atender un problema que avanza y puede terminar estallado de modo violento.
Chiapas es una especie de cangrejo que camina al sur del milenio, en la que los responsables de garantizar la seguridad y la gobernabilidad juegan al paso del tiempo, a que nada ocurra.
Un despropósito, similar al de finales de 1993, cuando la información de inteligencia fue desestimada o ignorada para no aguar la fiesta de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
Ahora el riesgo es aún mayor, porque no se trata de rebeldes con una agenda social los que se inconforman, sino del avance de la violencia y el crimen. Esta vez no habrá proclamas, porque se tratará de control territorial, de un yugo en contra de la sociedad que será muy complejo romper. Hay líneas que, cuando se cruzan, son difíciles de desandar.
De ahí que las alertas que ha lanzado el EZLN no sean solo pertinentes, sino que se inscriben en el horizonte un panorama de deterioro constate, ante la proliferación de grupos armados, el desplazamiento masivo o intermitente, las desapariciones forzadas, el despojo de tierras, la tortura y los asesinatos.
Entre 2010 y octubre de 2022, 16 mil 755 personas fueron desplazadas. En los dos últimos años, 400 familias sufrieron de esa misma suerte en la zona fronteriza con Guatemala, debido a disputas territoriales entre grupos de la delincuencia organizada.
Chiapas es como una madeja en la que se enredan las asociaciones que provienen de experiencias paramilitares montadas desde los años noventa, organizaciones corporativistas que cuentan con bases sociales en pueblos originarios y que se integran por comerciantes o campesinos, agrupaciones de autodefensas, cárteles criminales de alto perfil y células de sicarios que se alquilan al mejor postor.
Es el retrato, a veces algo difuso, en el que se constatan las consecuencias de la accesibilidad y normalización del uso de las armas.
Los episodios que se desprenden de esta situación suelen tener picos de visibilidad, como la disputa a balazos por el control del comercio en el mercado en San Cristóbal de las Casas, los forcejeos por la presidencia municipal de Chenalhó y las agresiones ordenadas con caciques en contra de la población en Oxchuc.
Pero uno de los centros de tensión son las comunidades zapatistas, sobre todo a raíz de incursiones violentas de la ORCAO en contra de ellas, como la protagonizada entre el 19 y el 22 de junio en Moisés Gandhi, municipio autónomo de Lucio Cabañas, donde Jorge López Sántiz resultó herido por arma de fuego.
Aunque por momentos sea desesperanzador, hay que leer “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado 2023″.
La documentación de lo que viene ocurriendo puede servir, tarde o temprano, para recuperar el terreno perdido, para poner el acento en lo que deben ser prioridades, inclusive nacionales, pero, sobre todo, para escuchar lo que están diciendo quienes viven el conflicto.
La realidad, ya deberíamos saberlo, no desaparece porque se le niegue, y la oportunidad y sentido de las políticas públicas se muestran en sus resultados.
Sí, Chiapas es un polvorín y más vale hacerse cargo de ello.
Fuente: Emeequis
