La crisis de seguridad que atraviesa Ecuador podría presentarse como una oportunidad para que Estados Unidos profundice su presencia militar en el país andino.
La crisis de seguridad que atraviesa Ecuador podría presentarse como una oportunidad para que Estados Unidos profundice su presencia militar en el país andino. Dos expertos advirtieron inmunidad otorgada a efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano y el interés estratégico de que Quito entre en un posible conflicto con China.
El Gobierno de Estados Unidos fue uno de los primeros en manifestar su apoyo explícito a la declaración de «conflicto armado interno» que hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante la agudización de la violencia perpetrada por grupos criminales. Y aunque Washington descartó el envío de sus tropas a la nación sudamericana, Ecuador es actualmente el Estado de la región que recibe más asistencia militar estadounidense.
Un estudio elaborado por el Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) identificó que entre 2021 y 2022 Ecuador recibió asistencia militar estadounidense por 172 millones de dólares. La cifra desbancó por primera vez a Bogotá, que desde el inicio del Plan Colombia, en 1999, encabezaba la lista de receptores de asistencia militar estadounidense.
El análisis recuerda además que el 6 de octubre, ya en sus últimas semanas, el Gobierno de Guillermo Lasso firmó un acuerdo de cooperación en materia de defensa con la Administración de su par norteamericano, Joe Biden.
En diálogo con Sputnik, la doctora en ciencias sociales Tamara Lajtman, una de las autoras del informe, explicó que el acuerdo de cooperación «está orientado, a grandes rasgos, al combate al tráfico ilícito de narcóticos y sus delitos conexos, donde entra la acción de estos grupos armados irregulares».
La experta señaló que, si bien «no hay un documento oficial» que haga públicos los detalles del intercambio binacional, la propia embajada norteamericana en Quito indicó la inversión de unos 3.100 millones de dólares en los próximos siete años en asuntos ecuatorianos.
El personal estadounidense tampoco deberá pagar ningún tipo de impuesto dentro del territorio ecuatoriano e incluso podrá realizar importaciones y exportaciones de cualquier tipo de equipamiento o servicio vinculado al área de defensa sin carga fiscal y sin estar sometido a cualquier tipo de inspección.
Finalmente, el acuerdo establece que cualquier infracción cometida por el personal estadounidense y sus contratistas será dirimida por la justicia en Washington.
Para Lajtman, suscribir este tipo de intercambio en momentos de crisis de seguridad también evidencia el interés que Ecuador tiene para la nación norteamericana, «en un contexto de disputa hegemónica con China».
En ese sentido, la experta señaló el «rol clave» de las Islas Galápagos, ubicadas en el océano Pacífico, a poco más de 900 kilómetros de la costa ecuatoriana y bajo su control administrativo.
Igualmente consultado por Sputnik, el también analista de CELAG y autor del estudio Aníbal García Fernández señaló que «hace tiempo el Departamento de Defensa de EEUU está intentando establecer una base militar en las Galápagos» debido a que le permitiría «el control de cierta parte del Pacífico en un escenario bélico con China».
Lajtman enfatizó la importancia de las islas en momentos en que otros aliados históricos de Washington en el Pacífico, como México y Colombia, tienen gobiernos menos alineados al Pentágono.
García Fernández puso sobre la mesa otros dos elementos que hacen a Ecuador atractivo para la política de defensa estadounidense: moldear a ese país andino como un sitio estratégico ante un posible conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo e incrementar la deuda ecuatoriana, lo que aseguraría una plaza segura para el complejo militar industrial estadounidense.
Lajtman subrayó cómo la gravedad de la situación vivida en Ecuador lleva a que la declaración de conflicto interno en el país y el uso de las Fuerzas Armadas para su combate tenga «el apoyo de todas las fuerzas políticas» y de la mayoría de la población, haciendo que «no haya resquicio para la crítica» contra las condiciones en que se adoptan este tipo de medidas y las posibles violaciones a los derechos humanos que puedan presentarse.
Fuente: Sputnik/Sergio Pintado
