La verdadera reivindicación de los pueblos originarios no está en renombrar la historia, sino en devolverles el poder de decisión sobre sus territorios frente al saqueo corporativo.
La propuesta de Claudia Sheinbaum de sustituir el nombre de Paso de Cortés por “Paso de los Pueblos Indígenas” pareciera reinvindicar una verdad histórica: los pueblos originarios utilizaron ese corredor mucho antes de la llegada de los españoles, un hecho indiscutible. Sin embargo la reivindicación simbólica se convierte en un placebo si la discusión sobre el respeto y lugar verdadero de los pueblos originarios (indígenas y posteriores a la conquista pero con arraigo histórico) no alcanza los problemas actuales de territorio, agua, minería, vivienda, desplazamiento y costo de vida.
La presidente Claudia Sheinbaum propuso este domingo 9 de agosto, durante la Jornada Nacional de Reforestación en Puebla y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, dejar de llamar Paso de Cortés al histórico corredor situado entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y denominarlo Paso de los Pueblos Indígenas.
La propuesta tiene una lógica política y cultural evidente. Los pueblos originarios estuvieron allí mucho antes de 1519. Pero precisamente por eso resulta necesario evitar otra forma de simplificación histórica: el nombre Paso de Cortés no significa que Hernán Cortés haya descubierto, creado o construido aquel paso, ni que necesariamente se trate de un homenaje al conquistador. El nombre recuerda un acontecimiento histórico: el tránsito de Cortés y sus fuerzas por ese corredor durante su avance hacia México-Tenochtitlan. Y esa diferencia importa.
Un nombre no borra la historia
En efecto, el corredor entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl es una formación geográfica anterior por miles de años a la llegada de los españoles. Mucho antes de 1519, distintas sociedades mesoamericanas utilizaban las rutas que atravesaban esta región. El corredor comunicaba territorios de la cuenca de México con las regiones de Puebla-Tlaxcala y otros espacios del Altiplano Central. Por allí circulaban personas, mercancías, mensajeros, guerreros y peregrinos. No se trataba necesariamente de un camino único equivalente a una carretera moderna, sino de una red de rutas adaptadas al territorio y articuladas con los asentamientos y centros políticos de Mesoamérica.
Por eso, cuando Cortés llegó a la región, no estaba entrando en un territorio vacío ni abriendo una ruta desconocida, estaba utilizando una vía que ya formaba parte de un paisaje habitado y transitado.
En 1519 ocurrió en el lugar un acontecimiento que quedó incorporado a la memoria histórica de México. Después de avanzar desde la costa, la expedición encabezada por Hernán Cortés se dirigió hacia la cuenca de México. El trayecto pasó por la región de los volcanes y por el corredor que hoy conocemos como Paso de Cortés. Desde las alturas, los expedicionarios pudieron aproximarse visualmente a la cuenca donde se encontraba México-Tenochtitlan.
El nombre describe un acontecimiento histórico: el paso de Cortés. No significa que haya creado el lugar ni que haya sido su descubridor. Tampoco implica necesariamente que el Estado mexicano esté rindiendo un homenaje contemporáneo al conquistador cada vez que utiliza el nombre. Es, sencillamente, una referencia histórica.
La reivindicación que plantea Sheinbaum pareciera tener en este punto un fundamento histórico debido a que el territorio no comenzó a existir cuando llegaron los españoles, y mucho menos comenzó entonces su historia. Los pueblos mesoamericanos habían desarrollado durante siglos sistemas políticos, económicos, comerciales y religiosos complejos. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl tenían una profunda dimensión cultural y religiosa, vinculadas con el agua, la fertilidad, los ciclos agrícolas y distintas concepciones cosmológicas. El paisaje que atravesó Cortés era, por tanto, un paisaje físico, económico, político y sagrado de los pueblos mesoamericanos.
La agresión territorial: megaproyectos y capital transnacional
Aquí aparece la cuestión que debería estar en el centro del debate y que permanece ausente: reconocer la historia de los pueblos originarios es importante, pero cambiar el nombre de un sitio histórico no equivale a garantizar los derechos de las comunidades que actualmente habitan los territorios indígenas y sí podría rayar en comenzar un proceso paulatino de erosión de la identidad real del México contemporáneo.
Incluso puede existir una paradoja. Un gobierno puede reivindicar públicamente la memoria indígena, cambiar nombres, organizar ceremonias y recuperar símbolos prehispánicos y, al mismo tiempo, mantener o promover políticas económicas que generan conflictos sobre territorio, agua, minería, vivienda y recursos naturales. En ese caso, la reivindicación histórica corre el riesgo de convertirse en una especie de placebo político: usado en el discurso como «reparación» sin necesariamente modificar las relaciones materiales de poder y dominación con sus pueblos.
¿Qué significa defender a los pueblos indígenas en el siglo XXI? Todo acto simbólico puede tener valor cultural, pero los derechos de los pueblos indígenas se juegan en asuntos mucho menos ceremoniales: quién decide sobre el territorio, quién controla el agua, quién recibe los beneficios de la explotación de los recursos naturales, quién puede permanecer en su comunidad y quién termina desplazado por el aumento del valor de la tierra.
El agua es un ejemplo especialmente sensible. México enfrenta una crisis hídrica que afecta de manera intensa a numerosas comunidades rurales y pueblos originarios. Existe un antecedente documentado de colaboración entre la Comisión Nacional del Agua y la empresa israelí Mekorot, que en 2014 trabajó en la recuperación, dicen, de acuíferos. En años recientes, el tema volvió a aparecer en Chihuahua, donde empresas israelíes participaron en foros de gestión hídrica. La entrega de la gestión estratégica de nuestros recursos hídricos a corporaciones como Mekorot representa una profunda pérdida de soberanía nacional. Lejos de ser una simple colaboración técnica, estas concesiones institucionalizan el despojo de las comunidades locales y pueblos originarios, eliminando su capacidad real de decisión sobre sus propios territorios para subordinar el acceso al agua a los intereses del capital transnacional e incluso el avance silencioso del sionismo global con la aprobación del Estado mexicano.
Algo similar ocurre con el capital financiero. En abril de 2026, la presidente recibió en Palacio Nacional a Larry Fink, presidente de BlackRock, para conversar sobre inversiones en México. Estas negociaciones evidencian una clara cesión de soberanía donde gigantes financieros como BlackRock dictan el rumbo económico de la nación. Mientras el gobierno mexicano sostiene un discurso de defensa de los pueblos, en los hechos entrega el control de los territorios a los grandes flujos de capital internacional. Esta subordinación sistémica garantiza un daño directo a las comunidades indígenas y rurales, quienes terminan absorbiendo la devastación social y ambiental cuando los megaproyectos transforman y explotan su entorno en nombre del «desarrollo».
A esto se suma el triste papel que juega BlackRock sobre los pueblos. La corporación financiera liderada por Larry Fink (quien además hoy encabeza el Foro Económico Mundial) ha consolidado en México su control sobre la infraestructura y los fondos de pensiones, al tiempo que dicta políticas y se beneficia de la explotación de los bajos salarios, aceptado abiértamente por Fink. Además, financia empresas de armamento y tecnologías de vigilancia militar a nivel global. En México, la adopción y proliferación de este tipo de tecnologías bélicas y de espionaje ha impactado directamente los derechos humanos, facilitando la vigilancia contra activistas y militarizando los territorios comunitarios, empezando por los palestinos.
Pese a la retórica oficial y los esfuerzos por reivindicar históricamente a los pueblos originarios, la realidad demuestra que la imposición de megaproyectos sigue representando una agresión sistemática. En Chiapas, mujeres indígenas y campesinas han denunciado cómo proyectos como el Tren Maya y las supercarreteras están provocando deforestación, alteraciones profundas en las fuentes de agua y transformaciones aceleradas. A esto se suma el riesgo de reactivación minera en la zona zoque y la imposición de proyectos que avanzan sin consulta comunitaria amplia (dígase simulaciones de por medio). Lejos de traer justicia, esta reconfiguración del territorio ha profundizado la crisis social y atraído la violencia del crimen organizado.
Esta misma embestida se vive en Sinaloa con el caso de la Bahía de Ohuira. Ahí, las comunidades del pueblo Mayo-Yoreme enfrentan la imposición de una enorme planta de amoniaco sobre un humedal protegido internacionalmente. Mediante consultas manipuladas y la criminalización de sus defensores, se avanza con un megaproyecto petroquímico que amenaza con devastar un ecosistema vital para la pesca local y la vida comunitaria. El contraste es claro: se celebra a los pueblos indígenas en las ceremonias, pero en los hechos se les impone un modelo de desarrollo que destruye su entorno, contamina su agua y los somete a la violencia que acompaña a la explotación de sus recursos naturales.
La minería y la gentrificación vuelven todavía más difícil la respuesta. Pueblos y comunidades indígenas y campesinas han denunciado durante años impactos sobre agua, territorio, biodiversidad y formas tradicionales de vida asociados con proyectos extractivos. En junio de 2026, el Congreso Nacional Indígena sostuvo que comunidades Ñuu Savi, Ngiwa, Nahua y Zapotecas continúan enfrentando conflictos por agua, territorio y minería. La cuestión no se limita a las empresas extranjeras; también existen empresas mineras mexicanas y capitales nacionales vinculados al extractivismo. El verdadero problema es la relación entre poder económico, Estado y comunidades locales, independientemente de la nacionalidad de la empresa.
De igual forma, la gentrificación expulsa a los habitantes originales de sus tierras. Los datos oficiales muestran que el problema del encarecimiento de la vivienda no es imaginario. La Sociedad Hipotecaria Federal reportó que el valor de la vivienda adquirida mediante crédito hipotecario aumentó 8.7% en términos anuales durante 2025, mientras que el precio promedio nacional de avalúo alcanzó casi 1.86 millones de pesos. En zonas con identidad indígena o barrios históricos, esto representa otra forma de despojo: no hace falta expulsar legalmente a una comunidad si se vuelve económicamente imposible permanecer en ella.
La verdadera deuda con los pueblos originarios
El derecho a permanecer también es un derecho territorial, y debería ser uno de los puntos centrales de cualquier política verdaderamente comprometida. No basta con reconocer el pasado; hay que garantizar el futuro. Eso implica discutir el derecho al territorio, al agua, a la vivienda y a la consulta efectiva y real. Porque un pueblo puede conservar su lengua y sus ceremonias mientras pierde progresivamente el territorio donde esos elementos culturales tienen sentido. Se celebra la cultura mientras desaparecen las condiciones materiales que permiten reproducirla.
Por eso, la discusión sobre el Paso de Cortés es relevante, creer que eliminar el nombre elimina una herencia de injusticia es una simplificación. La historia no se modifica cambiando los nombres. El Paso de Cortés continuará siendo el lugar por donde pasó Cortés en 1519, y también continuará siendo cierto que los pueblos originarios utilizaron ese corredor mucho antes. Ambas verdades pueden coexistir como coexiste su herencia genética en el México contemporáneo.
Si el gobierno quiere convertir la reivindicación indígena en una política de justicia y no solamente simbólica, debería empezar por preguntarse: ¿quién decide sobre el territorio de esos pueblos?, ¿quién controla el agua?, ¿quién se beneficia de los proyectos mineros?, y sobre todo: ¿los pueblos originarios tienen capacidad real para decir que no a la imposición de una forma de vida ajena? Si la respuesta es negativa, entonces el problema no está en el nombre de un camino, una calle, un pueblo o un paso, sino en la estructura de poder que sigue inamovible.
Cambiar Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas puede ser un gesto simbólico que pareciera legítimo, pero si se quiere que lograr un cambio profundo, debería estar acompañado de hechos tangibles desde el poder. Un pueblo no recupera su dignidad simplemente porque el Estado pronuncie correctamente su nombre. La recupera cuando puede decidir sobre su tierra, defender su agua, permanecer en su comunidad y participar efectivamente en las decisiones que afectan su territorio.
Porque la historia no necesita ser borrada, necesita ser conocida y aceptada como parte de la identidad de aquellos de quienes forma parte. Los derechos indígenas no necesitan un placebo simbólico, necesitan un gobierno que no represente en los hechos, los intereses de siempre.
Redacción | Entre Noticias
“Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos sino también por la extrema pobreza e injusticia, origen de las grandes desigualdades.”
