Paraguay: entre el capital privado y los recursos públicos, las cajas vacías revelan el costo de una crisis financiera y política.
Tenía razón, aunque el desenlace sería muy distinto al que prometían sus promotores.
En noviembre de 2026 el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la legislación. La decisión paralizó las operaciones de la entidad y dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus recursos.
El banco había alcanzado aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. Su crecimiento lo había convertido en uno de los actores más importantes del sistema financiero paraguayo.
Pero detrás de esa expansión aparecieron operaciones crediticias con empresas vinculadas a sus propietarios, cuestionamientos sobre la supervisión del Banco Central y una importante exposición de recursos públicos.
La crisis dejó de ser exclusivamente bancaria cuando las investigaciones alcanzaron al entorno empresarial del presidente Santiago Peña. El 5 de noviembre, acorralado por las presiones políticas y el avance de un juicio político, el mandatario presentó su renuncia. Sin embargo, el Congreso no la había aceptado al día siguiente y el procedimiento de destitución continuaba.
El caso Ueno se convirtió así en una crisis institucional que puso bajo examen la relación entre empresarios, funcionarios, organismos reguladores y el poder presidencial. Al mismo tiempo, el alineamiento exterior de Peña con Israel y con las organizaciones que defienden sus intereses estatales ofrece una clave adicional para leer el rumbo que tomó la política paraguaya durante su gobierno.
Ueno Bank construyó su expansión alrededor de un modelo de banca digital que prometía facilitar el acceso a los servicios financieros. Su transformación en banco a finales de 2023 y la posterior incorporación de Visión Banco ampliaron considerablemente su presencia en el mercado.
El crecimiento fue rápido. Para 2026 la entidad había alcanzado cerca de tres millones de clientes y captado importantes depósitos del sector público y privado.
Sin embargo, el volumen de operaciones no estuvo acompañado de una estructura de riesgos suficientemente sólida.
Una de las principales irregularidades investigadas corresponde a los créditos concedidos a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno.
Según documentos del Banco Central difundidos por ABC Color, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 el banco habría movilizado aproximadamente 146 millones de dólares hacia tres empresas relacionadas: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.
Las operaciones habrían superado los límites legales para préstamos a empresas vinculadas y, en determinados casos, se habrían realizado sin garantías reales suficientes.
La investigación periodística también identificó coincidencias entre los periodos en que Ueno recibía depósitos de organismos públicos y aquellos en que concedía importantes créditos a empresas relacionadas con el grupo empresarial.
En tres años la entidad habría captado alrededor de 850 millones de dólares del sector público, según los documentos examinados por ABC Color.
Estos datos abren una pregunta fundamental: ¿cómo pudo una institución bancaria concentrar semejantes operaciones sin que los mecanismos de supervisión corrigieran oportunamente los riesgos?
El 2 de noviembre de 2026 el directorio del BCP resolvió iniciar el procedimiento de resolución de la entidad. La medida fue anunciada oficialmente el día siguiente.
El organismo explicó que la insuficiencia de solvencia se produjo después de ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización.
No fue una simple decisión administrativa: significó reconocer que el banco ya no cumplía las condiciones patrimoniales necesarias para continuar operando normalmente.
El caso adquirió una dimensión política cuando comenzaron a examinarse las relaciones empresariales entre Santiago Peña y el entorno de Ueno.
Antes de llegar a la Presidencia, Peña había mantenido participación accionaria en Ueno Holding, sociedad vinculada al Grupo Vázquez y al desarrollo del negocio financiero.
El mandatario se desprendió de esa participación en 2025, pero el momento y las condiciones de esa operación adquirieron especial relevancia cuando el banco comenzó a enfrentar dificultades.
La cuestión no consiste solamente en determinar si Peña conservaba acciones cuando asumió el poder. También es necesario establecer si existieron decisiones gubernamentales, gestiones o beneficios que pudieran haber favorecido a empresas con las que había mantenido relaciones económicas.
La participación empresarial anterior no demuestra por sí misma una conducta ilegal. Sin embargo, constituye un antecedente relevante para investigar posibles conflictos de intereses.
La Fiscalía y los legisladores deberán determinar si existió alguna intervención presidencial en decisiones que comprometieran la independencia de los organismos públicos o beneficiaran al grupo empresarial.
Otro elemento especialmente delicado es la trayectoria de Carlos Carvallo Spalding.
Carvallo había presidido la financiera Ueno antes de incorporarse al sector público. En septiembre de 2023, Santiago Peña lo designó presidente del Banco Central del Paraguay mediante el Decreto N.º 214, después del correspondiente acuerdo constitucional del Senado.
La designación colocó al frente del organismo encargado de supervisar el sistema financiero a una persona que provenía de la institución que posteriormente se convertiría en Ueno Bank.
El asunto cobró mayor importancia cuando las autoridades reguladoras identificaron operaciones crediticias con empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.
En junio de 2026 la Superintendencia de Bancos ya había elaborado informes sobre préstamos que excedían los límites prudenciales. Posteriormente se produjeron nuevas actuaciones de supervisión y se solicitaron explicaciones sobre las operaciones.
La cuestión central es determinar cuándo tuvieron conocimiento las autoridades de la magnitud de las irregularidades y por qué no se adoptaron medidas capaces de impedir el deterioro financiero.
El 3 de noviembre Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del BCP.
Su salida no resuelve las interrogantes sobre la actuación del organismo durante los meses anteriores. Por el contrario, coloca bajo mayor escrutinio la independencia y eficacia de la supervisión bancaria.
El colapso de Ueno tiene una dimensión social que supera ampliamente las disputas entre empresarios y funcionarios.
Casi tres millones de clientes quedaron afectados por la suspensión de las operaciones. Entre ellos hay trabajadores, comerciantes, jubilados y familias que utilizaban el banco para recibir sus ingresos y administrar sus ahorros.
También quedaron comprometidos recursos de instituciones públicas, incluidos fondos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS).
El problema tiene dos dimensiones.
La primera es la recuperación de los depósitos de los ciudadanos. Paraguay cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos que establece una cobertura legal de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad.
La segunda es la recuperación de los recursos públicos y la determinación de las responsabilidades de quienes autorizaron las operaciones.
La exposición del dinero estatal obliga a examinar qué instituciones decidieron colocar recursos en Ueno, qué información tenían sobre su situación financiera y qué controles aplicaron.
El hecho de que un banco ofrezca tasas competitivas o servicios digitales no sustituye la obligación de evaluar su solvencia y los riesgos de concentración.
La crisis también representa un problema de confianza. Si las instituciones públicas no pueden explicar cómo se administraron esos recursos, el daño alcanza al conjunto del sistema financiero.
Las investigaciones del Ministerio Público buscan establecer las responsabilidades de los directivos bancarios y de las personas que pudieron intervenir en las operaciones cuestionadas.
Entre las hipótesis investigadas aparecen la concesión irregular de créditos, las operaciones entre empresas relacionadas, el posible ocultamiento de vínculos societarios y la utilización de recursos financieros para cubrir obligaciones dentro del mismo grupo empresarial.
La Fiscalía también examina la ruta del dinero.
Una de las líneas de investigación sostiene que determinadas empresas habrían recibido créditos sin contar con capacidad suficiente para devolverlos y que parte de esos recursos habría terminado financiando operaciones de otras sociedades vinculadas.
Se trata de un mecanismo que, de comprobarse, habría permitido mantener artificialmente el funcionamiento de un circuito de créditos y pagos dentro del mismo conglomerado empresarial.
El expediente también coloca bajo escrutinio a los organismos responsables de la supervisión.
En el caso de Santiago Peña, las denuncias plantean posibles conflictos de intereses y responsabilidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y la actuación de las instituciones financieras.
Pero es necesario distinguir entre una denuncia, una hipótesis fiscal y una sentencia judicial. La responsabilidad penal del presidente y de los demás involucrados todavía debe establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes.
Lo que ya resulta evidente es que el colapso no puede explicarse únicamente como un error empresarial: también obliga a investigar el funcionamiento de los controles institucionales.
Mientras el gobierno enfrentaba sus problemas financieros y políticos, Paraguay profundizaba una política exterior de estrecho acercamiento a Estados Unidos y, de manera especialmente visible, al Estado de Israel.
Esta cercanía no es un elemento secundario ni un gesto simbólico aislado. Es en sí misma una razón para entender el rumbo que tomó la política paraguaya bajo Peña: el país se posicionó de manera consistente dentro del eje de intereses del Estado israelí, tanto en decisiones diplomáticas concretas como en el marco discursivo y normativo que adoptó.
El 12 de diciembre de 2024 el presidente encabezó la reapertura de la embajada paraguaya en Jerusalén, acompañado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El estatus de Jerusalén es uno de los asuntos centrales del conflicto. Israel considera la ciudad su capital, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de un futuro Estado. Por esa razón la mayoría de los países mantiene sus embajadas en Tel Aviv.
Peña decidió adoptar una posición distinta y expresó públicamente su respaldo a Israel. Durante la ceremonia afirmó que Paraguay estaría con Israel «pase lo que pase».
La decisión formó parte de una política exterior que buscó profundizar las relaciones bilaterales, fortalecer la cooperación en materia de seguridad y proyectar a Paraguay como un aliado diplomático de Washington y Tel Aviv. Ese alineamiento estructural ayuda a explicar por qué el gobierno paraguayo priorizó determinadas agendas de seguridad, designaciones de organizaciones terroristas y compromisos internacionales sobre otras posibles líneas de política exterior.
Para comprender el significado político de este acercamiento conviene examinar el papel del sionismo y de las organizaciones que actúan en defensa de los intereses del Estado de Israel.
El sionismo surgió a finales del siglo XIX como un movimiento político que promovía el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Después de la creación del Estado de Israel en 1948, sus distintas corrientes desarrollaron posiciones diferentes sobre el territorio, la seguridad y el conflicto. En la práctica contemporánea, el término se utiliza también para designar la defensa de las políticas y los intereses de ese Estado.
Organizaciones vinculadas a esa defensa mantienen actividades de incidencia política, diplomática y cultural en distintos países. Dos de las más relevantes en el ámbito estadounidense, cuyas decisiones repercuten a escala global, son el American Jewish Committee (AJC) y el American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).
El AJC promueve el fortalecimiento de las relaciones con Israel, la defensa de las comunidades judías y lo que define como lucha contra el antisemitismo. El 28 de abril de 2025, durante su Foro Global celebrado en Nueva York, concedió al presidente paraguayo el premio Gesher. El reconocimiento destacó su respaldo a Israel, el traslado de la embajada a Jerusalén y sus decisiones en materia de designación de organizaciones terroristas.
AIPAC, por su parte, opera como el principal vehículo de lobby pro-Israel en el Congreso de Estados Unidos. Su actividad se concentra en garantizar asistencia militar y económica continua a Israel, en condicionar el voto de legisladores estadounidenses y en influir sobre la política exterior de Washington. Dado que las decisiones de Estados Unidos en materia de ayuda militar, sanciones y posicionamiento diplomático afectan al conjunto del sistema internacional, la acción de AIPAC constituye un mecanismo de injerencia israelí en políticas que tienen consecuencias mundiales.
La relación institucional documentada entre el gobierno de Peña y el AJC, sumada al alineamiento más amplio con el eje que AIPAC sostiene en Washington, permite identificar una inserción concreta de Paraguay en esa red de defensa de intereses estatales israelíes. La pregunta relevante no es solo qué premio se recibió, sino qué compromisos y prioridades de política exterior se derivan de esa cercanía.
Conviene establecer una distinción operativa: el judaísmo es una religión y una identidad cultural; el sionismo es un movimiento político; el AJC y AIPAC son organizaciones específicas de incidencia que trabajan en favor de los intereses del Estado de Israel. No son conceptos intercambiables ni representan posiciones uniformes de todas las comunidades judías.
El acercamiento de Peña también se manifestó en su adhesión a las Directrices Globales para Contrarrestar el Antisemitismo, lanzadas en Buenos Aires el 17 de julio de 2024.
El documento propone medidas de cooperación internacional para combatir la discriminación, el odio y las amenazas contra las comunidades judías. Paraguay presentó su adhesión como parte de sus compromisos con Israel y con la protección de esas comunidades.
Sin embargo, el concepto de antisemitismo ha sido secuestrado por unos cuantos actores para la conveniencia de sus intereses. En la práctica, se utiliza de manera recurrente para descalificar críticas a las políticas del Estado de Israel, a sus operaciones militares, a su política territorial o a la actuación de las organizaciones que defienden esos intereses. La observación es de carácter descriptivo: el término, que históricamente designa el odio o la discriminación contra los judíos como grupo, ha sido reorientado por determinados actores institucionales y políticos hacia la protección de posiciones estatales específicas.
Combatir el odio contra los judíos es una obligación democrática. Criticar las decisiones de un gobierno, sus operaciones militares o su política exterior es un ejercicio legítimo de análisis político. La defensa de los intereses del Estado de Israel y el uso instrumental del concepto de antisemitismo no deben convertirse en instrumentos para impedir el cuestionamiento de esas políticas.
En el caso paraguayo, el tema merece atención porque el gobierno incorporó estas iniciativas a su estrategia de relaciones internacionales como parte de su alineamiento con Israel.
La política exterior paraguaya también debe analizarse a partir de su ubicación estratégica en América del Sur.
La Triple Frontera, donde convergen Paraguay, Argentina y Brasil, constituye una región de gran importancia comercial y financiera. Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú forman un espacio de intensa circulación de mercancías, personas y capitales.
Al mismo tiempo, la región ha sido objeto de investigaciones internacionales sobre lavado de dinero, financiamiento ilícito y redes vinculadas con Hezbolá.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha desarrollado operaciones y sanciones contra personas y estructuras financieras que, según sus investigaciones, habrían canalizado recursos hacia esa organización.
Paraguay ha endurecido su legislación y su posición diplomática frente a Hezbolá. También ha profundizado su cooperación con Washington e Israel en materia de seguridad.
En este contexto, la Triple Frontera adquiere una dimensión que va más allá de la seguridad local: se convierte en un espacio estratégico para la inteligencia financiera, el control de flujos económicos y la cooperación internacional dentro del marco de prioridades que comparte el eje Estados Unidos-Israel.
No obstante, es importante evitar asociaciones sin fundamento. La presencia de comunidades árabes o musulmanas en la región no constituye evidencia de actividades ilícitas. Las investigaciones deben concentrarse en personas, operaciones y estructuras financieras identificadas mediante pruebas.
Tampoco existe, hasta ahora, evidencia documental que permita relacionar las operaciones de Ueno Bank con redes de financiamiento de Hezbolá o con organismos israelíes de inteligencia.
La relación entre ambos asuntos debe mantenerse en el terreno de la investigación geopolítica, no de las afirmaciones sin sustento. Lo que sí es observable es que el alineamiento de Paraguay con los intereses del Estado israelí forma parte del marco en el que se definen las prioridades de seguridad y cooperación en la región.
El caso Ueno permite identificar tres espacios de poder que merecen un examen conjunto.
El poder económico. El Grupo Vázquez y sus empresas construyeron un conglomerado que alcanzó una posición importante en el sistema financiero paraguayo. Las operaciones crediticias investigadas obligan a examinar cómo se utilizaron los recursos del banco y qué controles existieron sobre las empresas relacionadas.
El poder político. Santiago Peña mantuvo antecedentes empresariales vinculados al entorno de Ueno y, desde la Presidencia, adoptó decisiones que fortalecieron las relaciones del país con Israel y Estados Unidos. Su trayectoria y sus decisiones deben analizarse mediante documentos, declaraciones y actuaciones concretas. La cercanía a Israel es, en sí misma, una razón para comprender el rumbo de esa política.
El poder institucional. El Banco Central, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio Público y el Congreso tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos, determinar las omisiones y establecer las responsabilidades que correspondan.
Estas dimensiones no demuestran la existencia de una operación coordinada entre intereses financieros y geopolíticos. Pero permiten formular preguntas legítimas sobre la transparencia de las decisiones públicas y la independencia de las instituciones.
El desafío consiste en identificar qué relaciones pueden documentarse y cuáles son solamente coincidencias políticas o empresariales.
El 5 de noviembre de 2026 Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia en medio de las presiones para someterlo a un juicio político.
La crisis había debilitado su posición dentro del Partido Colorado y provocado protestas por la inmovilización de los depósitos de Ueno.
Sin embargo, la presentación de su renuncia no significó el cierre inmediato del proceso institucional.
Al 6 de noviembre el Congreso no había aceptado formalmente su dimisión y el juicio político continuaba. El Senado debía resolver el procedimiento mientras las investigaciones judiciales seguían su curso.
La situación dejó al país frente a una crisis política y financiera de consecuencias todavía inciertas.
El problema inmediato es garantizar la devolución de los depósitos y recuperar los recursos comprometidos. El problema de fondo es establecer quiénes permitieron que una institución bancaria alcanzara semejante nivel de riesgo y por qué los mecanismos de control no actuaron oportunamente.
La salida de un presidente, incluso si llega a concretarse formalmente, no sustituye las investigaciones ni elimina las responsabilidades individuales.
El colapso de Ueno Bank representa mucho más que el fracaso de una empresa financiera que prometía modernizar la banca paraguaya.
Pone bajo examen la relación entre los propietarios de grandes conglomerados empresariales, los funcionarios encargados de supervisarlos y un gobierno que construyó su legitimidad alrededor de la estabilidad económica y la atracción de inversiones.
También obliga a examinar la política exterior de Paraguay. El alineamiento con el Estado de Israel —y con las organizaciones (AJC, AIPAC y otras) que defienden sus intereses en Estados Unidos y a escala global— forma parte del marco en el que se tomaron decisiones de seguridad, diplomacia y cooperación. Esa cercanía es, en sí misma, una razón para entender el rumbo de la política paraguaya bajo Peña.
Son líneas de investigación distintas, pero todas conducen a una cuestión central: la transparencia en el ejercicio del poder.
La investigación deberá determinar si el deterioro de Ueno fue consecuencia de una expansión empresarial irresponsable, de operaciones crediticias irregulares, de fallas regulatorias o de una combinación de estos factores.
También tendrá que esclarecer si existieron conflictos de intereses, omisiones deliberadas o beneficios indebidos para determinadas empresas.
Por ahora hay millones de clientes que esperan recuperar sus ahorros, recursos públicos cuya utilización debe explicarse y una crisis política que todavía no encuentra una salida definitiva.
El milagro digital de Paraguay terminó convertido en uno de los mayores cuestionamientos a sus instituciones.
Lo que falta saber es quién permitió que el sistema llegara hasta este punto, quién se benefició de su funcionamiento y quién tendrá que responder por sus consecuencias.
Redacción | Entre Noticias
“Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos sino también por la extrema pobreza e injusticia, origen de las grandes desigualdades.”
