Sigue el despojo en México: ahora cobra la vida de dos mujeres que protegían su propiedad

Virginia Silva García y su madre, Gloria García López, fueron asesinadas en Tamaulipas después de meses de amenazas y presiones para entregar dos ranchos. La familia denuncia irregularidades notariales y registrales, vínculos con personas que decían representar a Osiel Cárdenas Guillén y el asesinato previo del abogado que las asesoraba. Su hijo Alberto relata los hechos y exige esclarecer si el conflicto por la propiedad está relacionado con los homicidios, además de tener claro la complicidad de funcionarios públicos en el entramado criminal.

Denuncia y despojo en México TN

Virginia Silva García y su madre, Gloria García López, fueron asesinadas en Tamaulipas tras denunciar amenazas y presiones para entregar dos ranchos. Su hijo Alberto reconstruye una historia de presunto despojo, irregularidades notariales y violencia que exige respuestas: ¿quién quería quedarse con las propiedades y quién está detrás de los asesinatos?
La familia de Virginia Silva García sostiene que intentaron arrebatarle dos propiedades mediante presuntas operaciones notariales irregulares, amenazas y presiones vinculadas con personas que decían representar a Osiel Cárdenas Guillén. Después de denunciar los hechos y de que su abogado fuera asesinado, Virginia y su madre, Gloria García López, fueron ejecutadas en septiembre de 2026. Sus hijos piden que se investigue la posible conexión entre el conflicto patrimonial, las amenazas y los homicidios.

Una disputa por dos propiedades rurales en Tamaulipas, una supuesta operación para transferirlas mediante documentos cuestionados, amenazas de muerte, el asesinato del abogado que asesoraba a la propietaria y, finalmente, el homicidio de la mujer y de su madre. Esa es la secuencia de acontecimientos que describe Alberto, hijo de Virginia Silva García, en un relato de hechos que expone lo que considera una operación de despojo patrimonial rodeada de intimidaciones y violencia.

El caso involucra los predios identificados como Rancho Chupadero, Fracción 3 y Fracción 4. De acuerdo con la denuncia familiar, Virginia habría sido presionada para entregar ambas propiedades a cambio de 50 mil dólares. La familia sostiene que detrás de esas presiones aparecían personas que mencionaban a Osiel Cárdenas Guillén, antiguo líder del Cártel del Golfo, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.

La gravedad del relato no radica solamente en la disputa por los terrenos. Los familiares describen una serie de acontecimientos que, a su juicio, deben investigarse como una posible cadena: primero, el intento de obtener las propiedades; después, la aparición de documentos y movimientos registrales que consideran irregulares; posteriormente, el asesinato del abogado que acompañaba jurídicamente a Virginia y, meses más tarde, los homicidios de ella y de su madre.

Los señalamientos constituyen la versión de los familiares y requieren ser contrastados con documentos oficiales, registros públicos, testimonios y resultados de las investigaciones ministeriales.

Virginia se negó a entregar sus propiedades a cambio de 50 mil dólares.

A mediados de noviembre de 2025, Virginia Silva García recibió una llamada de Julio César de la Cruz Reyna. Según el relato de su hijo, este le comunicó que su hermano, Juan Carlos de la Cruz Reyna, quien se encontraba preso, le había comentado que otro interno, Osiel Cárdenas Guillén, estaba interesado en adquirir sus propiedades.

La propuesta consistía en que Virginia se trasladara de Tampico a Reynosa para realizar los trámites de entrega de los dos ranchos. A cambio recibiría 50 mil dólares.

Virginia se negó.

La negativa, explica Alberto, tenía una razón patrimonial y personal: no tenía intención de vender las propiedades porque las había adquirido legalmente y representaban parte de su patrimonio.

Los terrenos habían pertenecido a su cuñada, María Antonia Hernández Castillo, quien los había heredado de su padre. Virginia se los compró con recursos que había obtenido durante su ejercicio profesional como abogada litigante y con apoyo económico de su pareja, Margarito Hernández Castillo, ingeniero mecánico naval jubilado que falleció en 2009.

Según el testimonio, Margarito le había dejado recursos económicos suficientes para no quedar desamparada. Virginia sostenía que los ranchos eran suyos y que no existía razón para desprenderse de ellos.

La llamada terminó después de su negativa. Sin embargo, minutos más tarde, Julio César volvió a comunicarse para advertirle que, si buscaba a su asesor jurídico, lo ejecutarían.

La amenaza cambió la naturaleza del asunto. Virginia decidió comunicarse inmediatamente con su abogado, Fernando Gerardo Covarrubias Treviño, quien viajó desde Matamoros para reunirse con ella en Tampico.

La familia sospechó que esos pagos se habían simulado con la posible participación de alguien dentro de la dependencia.

El 28 de noviembre de 2025, Virginia y su abogado acudieron a las oficinas de Catastro de Altamira.

De acuerdo con el relato, encontraron que los impuestos prediales correspondientes a ambas fracciones aparecían pagados en su totalidad. La familia sospechó que esos pagos se habían simulado con la posible participación de alguien dentro de la dependencia.

También detectaron una disminución del 50 por ciento en los valores catastrales: de 40 a 20 pesos por metro cuadrado. La denuncia plantea que esa reducción habría facilitado el pago de menos impuestos y una posible evasión fiscal.

Virginia solicitó información sobre el procedimiento mediante el cual se habían realizado los pagos, particularmente el método utilizado y los datos bancarios correspondientes. Sin embargo, según el documento, el director de Catastro en turno se negó a proporcionar esa información.

El abogado regresó a Matamoros y Virginia continuó investigando por su cuenta.

A principios de diciembre de 2025 acudió al Registro Público de la Propiedad en Tampico. Ahí descubrió, según su denuncia, que alguien había inscrito un supuesto primer testimonio notarial que no coincidía con el documento original que ella conservaba desde abril de 2010.

El documento original había sido expedido por José Rafael Reyes Tiburcio, titular de la Notaría Pública número 155 de Tampico.

Además, en el Registro Público aparecía inscrito un aviso de prioridad emitido por Rodolfo Parás Fuentes, titular de la Notaría Pública número 69 de Reynosa. Ese aviso contenía un reconocimiento de adeudo y una dación en pago a favor de Julio César de la Cruz Reyna.

La dación en pago es una figura jurídica mediante la cual una persona entrega un bien para extinguir una deuda. En este caso, el mecanismo documental habría permitido presentar una supuesta transferencia de los ranchos a favor de un tercero como consecuencia del pago de una obligación.

Virginia sostenía que nunca había autorizado semejante operación y que no reconocía la deuda.

La familia consideró que los documentos podían estar siendo utilizados para construir una apariencia de legalidad alrededor de una transferencia patrimonial que la propietaria rechazaba.

Virginia acudió entonces con el notario José Rafael Reyes Tiburcio para informarle que había encontrado inscrito un supuesto primer testimonio que contenía su firma como fedatario, pero que no coincidía con el documento original que ella conservaba.

Según el relato, el notario no manifestó sorpresa ni preocupación. Por el contrario, sostuvo que él sí había expedido el documento y le dijo que debería estar agradecida porque alguien había tenido el favor de pagarle los impuestos e incluso inscribir el testimonio en el Registro Público.

La reacción llevó a Virginia a sospechar que el notario podía estar relacionado con quienes pretendían despojarla de sus propiedades.

Se trata de una acusación grave que debe ser esclarecida mediante el cotejo de los instrumentos notariales originales, los protocolos correspondientes y los antecedentes de inscripción registral. El relato familiar, por sí solo, no acredita la responsabilidad penal de los fedatarios mencionados.

El abogado conocía el conflicto patrimonial, había intervenido en las gestiones ante Catastro y estaba al tanto de las amenazas que había recibido su clienta.

El 2 de febrero de 2026, Fernando Gerardo Covarrubias Treviño, el abogado que había acompañado a Virginia en la revisión de las presuntas irregularidades, fue ejecutado a balazos en Matamoros.

Para la familia, el asesinato ocurrió en un momento particularmente delicado: el abogado conocía el conflicto patrimonial, había intervenido en las gestiones ante Catastro y estaba al tanto de las amenazas que había recibido su clienta.

Durante esa misma semana, Virginia presentó el amparo indirecto 161/2026-VII-A ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Tamaulipas.

En el procedimiento expuso su situación, informó sobre el asesinato de su asesor jurídico y manifestó su temor de ser secuestrada para obligarla a firmar los documentos relacionados con el reconocimiento de adeudo y la dación en pago ante el notario Rodolfo Parás Fuentes, en Reynosa.

También expresó el temor de que atentaran contra su vida o contra la de sus familiares.

En el amparo solicitó que se notificara a la presidenta de la República, al secretario de Seguridad, a la Fiscalía General de la República y a las autoridades competentes.

Sin embargo, según el testimonio de Alberto, Virginia enfrentó obstáculos en el juzgado y exigencias que consideró excesivas. A ello se sumaron problemas de salud y el miedo que experimentaba, circunstancias por las que dejó de dar seguimiento al procedimiento.

La Fiscalía General de Justicia le otorgó medidas de protección mediante guardias estatales que acudían a su domicilio para verificar su situación.

La familia no detalla en el documento el alcance, la periodicidad ni la vigencia de esas medidas, aspectos que resultan fundamentales para determinar qué protección recibió efectivamente Virginia y qué ocurrió después.

Virginia volvió a negarse. En lugar de firmar, explicó al visitante la historia de los ranchos, cómo los había adquirido, quiénes habían sido sus anteriores propietarios y por qué no existía una venta de su parte.

El 7 de febrero de 2026, Virginia recibió un mensaje de WhatsApp de Julio César de la Cruz Reyna. Según el relato, insistía en que firmara los documentos y volvía a mencionar los 50 mil dólares.

Virginia lo llamó y lo confrontó. Esa conversación habría sido grabada y, de acuerdo con Alberto, se encontraba en poder del área de Feminicidios de Tampico.

El 18 de marzo de 2026 ocurrió otro episodio.

Un hombre identificado como Erasmo Favio Tovar Peña llegó al domicilio de Virginia. Se presentó mediante una credencial para votar y una cédula profesional y dijo ser abogado de Osiel Cárdenas Guillén.

En su teléfono mostró un documento que supuestamente acreditaba su nombramiento como representante legal del interno.

Su primera declaración, según el relato, fue que acudía por unas propiedades de su cliente.

El hombre llevaba documentación y pretendía que Virginia firmara los instrumentos relacionados con el reconocimiento de adeudo y la dación en pago a favor de Julio César de la Cruz Reyna.

Virginia volvió a negarse.

En lugar de firmar, explicó al visitante la historia de los ranchos, cómo los había adquirido, quiénes habían sido sus anteriores propietarios y por qué no existía una venta de su parte.

La conversación también habría quedado grabada y, según el hijo de Virginia, el registro se encontraba en poder del área de Feminicidios de Tampico.

Erasmo Favio Tovar Peña se retiró sin conseguir la firma.

Al día siguiente, el 19 de marzo, Virginia se comunicó con el área de Servicio Social del CEFERESO número 1, El Altiplano, para informar que un hombre se había presentado en su domicilio ostentándose como representante de Osiel Cárdenas Guillén.

De acuerdo con el testimonio, una trabajadora social le confirmó que Erasmo Favio Tovar Peña estaba registrado como abogado del interno. También le indicó que, al tratarse de una persona recluida en un penal federal, debía acudir a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia correspondiente.

Este episodio plantea interrogantes que no pueden resolverse únicamente con el relato familiar: qué facultades tenía el supuesto representante, cuál era el alcance de su nombramiento, quién le proporcionó los documentos y qué relación existía entre su intervención y la operación patrimonial que Virginia rechazaba.

También es necesario establecer si las autoridades federales recibieron alguna denuncia formal y qué seguimiento dieron a la información proporcionada por la propietaria.

Después oyó una detonación de arma de fuego, los quejidos de Virginia y los gritos de su abuela, quien pedía: «Ya déjenla».

El 19 de septiembre de 2026, alrededor de las 13:00 horas, Virginia salió de su domicilio rumbo al Rancho Chupadero, acompañada de su madre, Gloria García López.

Era una actividad que ambas realizaban habitualmente. En casa se quedaron Alberto y su hermano Aarón.

Alrededor de las 16:30 horas, Gloria intentó comunicarse con Alberto. Él no alcanzó a escuchar la llamada y devolvió la comunicación aproximadamente a las 16:50 horas.

Durante esa conversación, según su testimonio, escuchó en tiempo real cómo un hombre le faltaba al respeto a su madre. Después oyó una detonación de arma de fuego, los quejidos de Virginia y los gritos de su abuela, quien pedía: «Ya déjenla».

Después sobrevino el silencio.

Alberto llamó al número de emergencias 911 para reportar lo que estaba sucediendo. Minutos más tarde, él y sus familiares emprendieron el traslado hacia el rancho.

Cuando se encontraban a la altura del Spa de Ciudad Madero, una vecina se comunicó con ellos para informarles que unos sujetos habían descendido de una camioneta y habían incendiado su casa utilizando recipientes con gasolina.

La familia continuó el trayecto.

A las 17:50 horas llegaron al lugar y encontraron a Virginia tendida boca arriba, con abundante sangre proveniente de la cabeza. A pocos metros estaba Gloria, boca abajo, con un charco de sangre alrededor de la cabeza.

Intentaron verificar si todavía tenían signos de vida, pero ambas habían fallecido.

Alberto buscó el teléfono celular de su madre, porque sabía que contenía evidencias del hostigamiento que había sufrido durante los meses anteriores. Lo encontró sobre una mesa, debajo de un cuaderno, y lo guardó.

También buscó la bolsa personal de Virginia, pero no estaba.

La familia se retiró del lugar para resguardarse. Posteriormente, una operadora del 911 llamó para informar que una unidad policial estaba cerca, pero no encontraba el acceso al rancho. Alberto tuvo que indicar nuevamente la ruta de ingreso.

Por la noche, agentes de la Fiscalía llegaron a la casa incendiada. Alberto se encontraba en el domicilio de unos familiares que vivían cerca. Al observar las torretas de los vehículos oficiales se acercó y rindió su primera declaración.

También entregó el teléfono celular de su madre.

Al día siguiente fue citado para una nueva declaración y para la incorporación formal de su testimonio al sistema de investigación. El mismo procedimiento se realizó con su hermano Aarón y con los familiares que los habían auxiliado durante el traslado.

La desaparición de la bolsa personal, la conservación del teléfono, el contenido de las grabaciones y la identificación de los responsables del incendio y de los homicidios son elementos que requieren una revisión detallada por parte de las autoridades.

Julio César les ofreció ayudarles a tramitar el juicio sucesorio de su madre. Una vez que Alberto y Aarón fueran reconocidos como herederos, él les indicaría a quién debían firmar los dos ranchos.

El 24 de septiembre de 2026, mientras Alberto y su hermano Aarón se encontraban en la funeraria Ramírez, sucursal Norte, velando a sus familiares, un conocido se acercó a Aarón para transmitirle un mensaje de Julio César de la Cruz Reyna.

El mensaje era que, supuestamente, Julio César no tenía ninguna relación con el asesinato de Virginia y Gloria.

Días después, el mismo conocido buscó a Alberto para reunirse. El encuentro tuvo lugar afuera de una tienda OXXO.

Durante la reunión, el conocido comunicó telefónicamente a Alberto con Julio César.

Este último le preguntó si había publicado en redes sociales audios, fotografías o información relacionada con el caso y con su persona. Alberto respondió que no.

Julio César explicó que preguntaba porque alguien había publicado información sobre lo sucedido con Virginia y una fotografía suya.

Insistió en que supuestamente no tenía nada que ver con los asesinatos y dijo que los ranchos pertenecían a la madre de Alberto. También les pidió que estuvieran tranquilos, porque, según afirmó, había hablado con «los de Tampico» para que no les sucediera nada.

La conversación incluyó una propuesta adicional.

Julio César les ofreció ayudarles a tramitar el juicio sucesorio de su madre mediante un abogado que, según dijo, no les cobraría nada. Una vez que Alberto y Aarón fueran reconocidos como herederos, él les indicaría a quién debían firmar los dos ranchos.

Es decir, la propuesta consistía en intervenir en el procedimiento sucesorio y posteriormente orientar la transferencia de las propiedades.

Para los hermanos, esa comunicación no representó tranquilidad. Por el contrario, reforzó su temor de que ellos también pudieran estar en peligro.

El conocido que transmitía los mensajes continuó insistiendo en comunicarse con ellos. Finalmente, Alberto le envió un mensaje para pedirle que los dejara en paz y advertirle que informaría a la Fiscalía de lo que estaba ocurriendo.

Las amenazas, las grabaciones, el teléfono entregado a las autoridades, los instrumentos notariales, las inscripciones registrales y el amparo judicial constituyen elementos que deben ser examinados en conjunto.

La denuncia familiar permite identificar cuatro grandes líneas que las autoridades deberían investigar de manera conjunta.

La primera es el posible despojo patrimonial. Es necesario determinar quién elaboró, presentó o inscribió el supuesto primer testimonio notarial, si existió una falsificación documental, si Virginia contrajo realmente alguna deuda y si autorizó una dación en pago. También deben cotejarse los protocolos notariales, las firmas, los instrumentos originales y los antecedentes registrales de ambas fracciones.

La segunda es la posible participación de funcionarios o particulares en movimientos irregulares. La reducción de los valores catastrales, los pagos prediales reportados, la negativa a proporcionar información y las inscripciones registrales deben ser examinadas. Es indispensable conocer quién ordenó, autorizó y ejecutó cada movimiento, así como verificar si hubo beneficios económicos o fiscales indebidos.

La tercera es la posible intervención de personas vinculadas con el crimen organizado. Las referencias a Osiel Cárdenas Guillén, Julio César de la Cruz Reyna, Juan Carlos de la Cruz Reyna y Erasmo Favio Tovar Peña deben verificarse individualmente. Es necesario establecer qué relaciones existían entre ellos, qué facultades de representación se invocaron y si las comunicaciones y visitas tuvieron como finalidad presionar a Virginia para entregar sus propiedades. La mención de una persona privada de la libertad no demuestra, por sí misma, que haya ordenado o participado en los hechos.

La cuarta es la investigación de los homicidios. El asesinato de Fernando Gerardo Covarrubias Treviño, el abogado de Virginia, y los posteriores homicidios de Virginia y Gloria requieren esclarecerse. Debe determinarse si existe una conexión entre los tres hechos, si hubo amenazas previas, qué información contenía el teléfono celular entregado a la Fiscalía y quiénes fueron los responsables del incendio de la vivienda.

La investigación debe establecer quién pretendía quedarse con esas propiedades, quiénes facilitaron o intentaron facilitar la operación, qué responsabilidad corresponde a cada persona y, sobre todo, quién ordenó y ejecutó los asesinatos.

El caso deja interrogantes que resultan indispensables para esclarecer lo sucedido:

1. ¿Quién elaboró y presentó el supuesto primer testimonio notarial que Virginia consideraba apócrifo?
2. ¿Qué intervención tuvieron los notarios José Rafael Reyes Tiburcio y Rodolfo Parás Fuentes en los documentos y operaciones cuestionados?
3. ¿Quién autorizó los movimientos catastrales y por qué disminuyó 50 por ciento el valor de los terrenos?
4. ¿Quién pagó los impuestos prediales y mediante qué operaciones bancarias?
5. ¿Existió realmente una deuda que justificara la dación en pago a favor de Julio César de la Cruz Reyna?
6. ¿Qué relación tenían las personas mencionadas con Osiel Cárdenas Guillén y qué alcance tenía la representación invocada por Erasmo Favio Tovar Peña?
7. ¿Qué avances existen en la investigación del asesinato del abogado Fernando Gerardo Covarrubias Treviño?
8. ¿Qué ocurrió con el amparo indirecto 161/2026-VII-A y qué resoluciones se dictaron?
9. ¿Qué medidas de protección recibió Virginia, quién las supervisaba y por qué no evitaron el desenlace?
10. ¿Qué resultados arrojaron las investigaciones sobre los asesinatos de Virginia y Gloria?
11. ¿Qué información contenía el teléfono celular entregado por Alberto a la Fiscalía?
12. ¿Qué ocurrió con la bolsa personal de Virginia?
13. ¿Quiénes fueron los responsables de incendiar la vivienda?
14. ¿Quién controla actualmente los ranchos y qué situación jurídica guardan las dos propiedades?

La pregunta de fondo es si se intentó utilizar el aparato legal y administrativo para dar apariencia de legitimidad a una operación de despojo inmobiliario y si, ante la resistencia de la propietaria, se recurrió a la intimidación y a la violencia.

El relato de Alberto describe un conflicto patrimonial que habría evolucionado hasta convertirse en una situación de amenazas y violencia extrema. La secuencia temporal es particularmente inquietante: una oferta de compra acompañada de una amenaza de muerte en noviembre de 2025; la detección de documentos y movimientos registrales cuestionados en diciembre; el asesinato del abogado en febrero de 2026; la aparición de un supuesto representante de Osiel Cárdenas Guillén en marzo; y los homicidios de Virginia y Gloria en septiembre.

No es posible afirmar, con la información disponible, que todos estos acontecimientos formen parte de un mismo plan criminal ni atribuir la autoría intelectual de los asesinatos a alguna de las personas mencionadas. Esa es precisamente una de las cuestiones centrales que las investigaciones deben resolver.

Sin embargo, tampoco sería suficiente abordar los homicidios como un episodio aislado, ignorando los antecedentes documentados por la familia. Las amenazas, las grabaciones, el teléfono entregado a las autoridades, los instrumentos notariales, las inscripciones registrales y el amparo judicial constituyen elementos que deben ser examinados en conjunto.

La pregunta de fondo es si se intentó utilizar el aparato legal y administrativo para dar apariencia de legitimidad a una operación de despojo inmobiliario y si, ante la resistencia de la propietaria, se recurrió a la intimidación y a la violencia.

La muerte de Fernando Gerardo Covarrubias, quien asesoraba a Virginia, y posteriormente la de Virginia y su madre, convierten el caso en una exigencia de esclarecimiento que trasciende la disputa por dos propiedades.

Los hijos de Virginia no solamente perdieron a su madre y a su abuela. También quedaron frente a un conflicto patrimonial que, según su testimonio, continuó incluso después de los asesinatos, mediante propuestas para intervenir en la sucesión y decidir a quién debían entregarse los ranchos.

La investigación debe establecer quién pretendía quedarse con esas propiedades, quiénes facilitaron o intentaron facilitar la operación, qué responsabilidad corresponde a cada persona y, sobre todo, quién ordenó y ejecutó los asesinatos.

Porque si la denuncia familiar encuentra respaldo en las pruebas documentales y periciales, el caso podría revelar algo más que un despojo inmobiliario: la posible utilización de instrumentos jurídicos, estructuras administrativas y amenazas criminales para apropiarse de un patrimonio, en un contexto donde quienes se opusieron terminaron asesinados.

Redacción | Entre Noticias

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la frase del día ENTRE NOTICIAS
Rubén Luengas
“Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos sino también por la extrema pobreza e injusticia, origen de las grandes desigualdades.”

por Jorge Bergoglio (Papa Francisco)

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Vía Entre Noticias · Rubén Luengas  @rubegluengas

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