¿Cuál es el verdadero compromiso asumido por EPN y con quién?

“México asume la Agenda 2030 como un compromiso de Estado, con una visión colectiva. Sumando esfuerzos, voluntades y recursos. Cumpliremos sus objetivos y metas para transformar la vida de millones de mexicanos y de esa manera contribuir al desarrollo universal”, indicó el Ejecutivo federal, quien por cierto, exhibió nuevamente su problemática en lo que a prosodia se refiere, al enredarse en la pronunciación de la palabra "multilateralismo".

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Mexico's President Enrique Pena Nieto addresses the 69th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York

Enrique Peña Nieto ante la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
¿A qué Agenda 2030 se refirió el presidente ante la ONU?

La Asamblea General de la ONU adoptó recientemente la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. En el papel, se trata de algo que sin duda suena maravilloso.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Una estrategia para regir los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años.

Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución».

Al participar en el marco de la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Enrique Peña Nieto indicó que México celebra la adopción de la Agenda 2030.

“México asume la Agenda 2030 como un compromiso de Estado, con una visión colectiva. Sumando esfuerzos, voluntades y recursos. Cumpliremos sus objetivos y metas para transformar la vida de millones de mexicanos y de esa manera contribuir al desarrollo universal”, indicó el Ejecutivo federal, quien por cierto, exhibió nuevamente su problemática en lo que a prosodia se refiere, al enredarse en la pronunciación de la palabra «multilateralismo«.

Dejamos a los lectores de estas lineas, la evaluación sobre si el México gobernado por Enrique Peña Nieto, camina en la dirección de los objetivos planteados en la llamada Agenda 2030 de la ONU, o más bien, está cumpliendo puntualmente los objetivos del llamado Plan 2030 que la revista mexicana Contralinea diera a conocer en febrero de 2010, en el trabajo periodístico firmado por Nancy Flores (@nancy_contra), cuyo texto inicia advirtiendo sobre los planes del gobierno mexicano para privatizar los bienes de la nación:

“Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación».

«Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo”.

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Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.

Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.

Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.

El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.

Bienes de la nación en riesgo

De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.

Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.

Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.

El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.

Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.

Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.

Documentos completos publicados en 2010 por la Revista Contralinea

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