Otro activista que trabaja en la búsqueda de desaparecidos, Guillermo Gutiérrez, indicó que Miriam Rodríguez había recibido amenazas porque los delincuentes que entregó a la autoridades se habían fugado recientemente de la cárcel.
La activista Miriam Rodríguez fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas el miércoles por la noche cuando un comando disparó en múltiples ocasiones contra su casa; era una conocida activista que durante años buscó a su hija desaparecida, Karen Alejandra.
En 2012, un grupo delincuencial secuestró a Karen Alejandra Salinas Rodríguez, hija de la señora Miriam Elizabeth. Dos años después ella, gracias a su esfuerzo y con sus propios medios dio con el cuerpo de la menor en una fosa clandestina de la localidad de San Fernando, además entregó información para la captura de los responsables.
Rodríguez fue una de las personas que impulsó la creación de la organización civil en 2017 y pese a encontrar a su hija continuó colaborando con el colectivo.
Otro activista que trabaja en la búsqueda de desaparecidos, Guillermo Gutiérrez, indicó que Miriam Rodríguez había recibido amenazas porque los delincuentes que entregó a la autoridades se habían fugado recientemente de la cárcel. Agregó que había solicitado protección pero que nunca se la dieron.
“Por omisión se cometió este crimen”, indicó Gutiérrez. “Si la señora hubiera estado protegida por el Estado (…) no hubiera pasado este hecho lamentable”.
El activista pidió al gobernador que investigue por qué se le negó la protección y que actúe para evitar que haya otros homicidios similares, puesto que otros compañeros suyos también están amenazados.
Tamaulipas, en la frontera noreste de México, es uno de los lugares con mayor violencia vinculada al crimen organizado, donde muchas autoridades han sido cómplices de la delincuencia. De hecho, uno de sus exgobernadores, Tomás Yarrington, acaba de ser detenido y está acusado de recibir sobornos tanto del cartel de los Zetas como del cartel Golfo, las dos organizaciones con más presencia en la región.
Además es uno de los estados con mayor número de desaparecidos de México, donde el miedo ha silenciado a la prensa y ha minimizado las acciones de la sociedad civil.
Según un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay más de 5.500 casos de personas en paradero desconocido en el estado, aunque este organismo matizó que la cifra es solo aproximada, pues las autoridades estatales no habían proporcionado datos claros al respecto.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), responsabilizó a las autoridades tamaulipecas y las llamó a “realizar una investigación a profundidad para esclarecer las causas de este crimen y castigar a los responsables”.
En un brevísimo comunicado, la dependencia dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong anunció que se puso en contacto con los familiares de Rodríguez “para prestar cualquier apoyo que sea necesario”, y a la par exhortó a “las autoridades de todos los estados del país” a robustecer los mecanismos de protección a los activistas mexicanos.
El colectivo de familiares de desaparecidos solicitó, después de la muerte de Rodríguez, que organismos internacionales tengan una participación más activa en Tamaulipas.
«Ante la poca capacidad e interés del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y del gobernador de Tamaulipas, Fernando García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», señala el comunicado hecho público este 11 de mayo.
El grupo denuncia, además, que el caso de Rodríguez no es el único.
«Cinco compañeras que han solicitado protección y no se las dieron», indica el colectivo.
«La muerte de la señora Miriam tiene que servir de algo. Tanto dolor nos tiene que llevar a algún lado», reflexiona por su parte Graciela Pérez, aunque después le invade la desesperanza.
«No sabemos quién de nosotros sigue».
Entre Noticas/Agencias
