Los brasileños se han pronunciado: el ex militar será el próximo presidente de Brasil con consecuencias profundas y preocupantes.
Con el escrutinio de casi 98,89% de los votos, el candidato del PSL obtuvo el apoyo de 55,29% del electorado, mientras que el aspirante de izquierda, Fernando Haddad, logró el respaldo de 44,71% de los votantes.
En un ambiente electoral altamente polarizado, Bolsonaro llegó a la segunda vuelta como claro favorito, tras haber obtenido 48% de las boletas en la primera ronda y con una intención de voto que, según el más reciente sondeo de Datafolha, se ubicaba en 57%.
Bolsonaro sucederá al mandatario Michel Temer el próximo 1 de enero para gobernar el país hasta 2022. De acuerdo a los resultados oficiales, el ultraderechista ya es presidente electo virtual pues su ventaja no puede ser recortada por el progresista Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), quien obtuvo un 44,46 % de los votos.
Es considerado por la opinión pública un «nostálgico» de la dictadura
Bolsonaro ha asegurado en entrevistas que los criminales “no son seres humanos normales”, y que la policía debería ser recompensada “si matan a diez, quince, o veinte” de una vez. También ha apoyado el uso de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. En suma, se espera una mayor tolerancia ante las acciones de los ‘escuadrones de la muerte’, a menudo compuestos por miembros de las propias fuerzas de seguridad.
Durante su campaña, una de sus propuestas más destacadas fue la de permitir la libre tenencia de armas, una medida que, dicen opositores, no sólo no ayudará a reducir los índices de violencia, sino que promete aumentar las muertes por arma de fuego en un país donde el año pasado ya se alcanzó la cifra récord de 63.880 homicidios.
En lo económico
Aquí algunas de sus sus principales propuestas:
Reducir la deuda pública en 20% a través de un proceso de privatización de las empresas públicas, venta de acciones y asignación de concesiones a operadores privados.
Crear un sistema privado para la jubilación por capitalización, que existiría en paralelo a la cotización pública.
Rebajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y eliminar del beneficio procesal de recorte de condena.
Crear de un Ministerio de Economía que unifique las carteras de Hacienda, Planificación e Industria para dirigir el plan de privatizaciones.
Fomentar el uso de armas entre civiles, así como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y de defensa.
Aplicar una política de «guerra» contra el narcotráfico, que prevé protección jurídica especial para los policías que torturen, hieran o maten a presuntos delincuentes.
Entre Noticias/Agencias
