El llamado avión presidencial es sin duda un referente material de la impostura en la que incurrieron diferentes gobiernos mexicanos.
Lo que es susceptible de echarse a perder es corruptible y toda acción que de un modo u otro echa a perder es corrupción: «Así se habla tanto de un cuerpo corruptible porque está destinado a echarse a perder como de corrupción de menores, por ejemplo, por el daño quizás irreparable que se produce en una persona inocente, impidiéndole crecer sanamente».
En los recientes días del mes de enero, los medios mexicanos y no pocos extranjeros, han centrado su atención en el lujoso avión presidencial, el Boeing 787-8 que comprara al final de su gobierno el ex presidente panista Felipe Calderón con un costo de 218 millones de dólares.
La nave fue adquirida en noviembre del 2012 a través de un contrato de arrendamiento financiero suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como arrendatario, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), como adquiriente, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como usuario final.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la compra de ese lujoso avión causó un grave daño y «nosotros estamos buscando una salida».
«En qué cabeza cabe haber comprado un avión carísimo», cuestiona el mandatario mexicano, quien al no poder venderlo hasta ahora, ha propuesto la posibilidad de rifar la aeronave, desatando críticas y burlas de las que todo el país está hablando.
El llamado avión presidencial es sin duda un referente material de la impostura en la que incurrieron diferentes gobiernos mexicanos que, en lugar de servirle a la sociedad, se sirvieran de ella para enriquecimiento y beneficio propios. Sin embargo, la polémica sobre la «faraónica» aeronave, no debe distraernos de retos, responsabilidades y asuntos presentes como el de la inseguridad y la violencia que siguen dañando gravemente a la sociedad mexicana. Tampoco debe utilizarse como algo intencionalmente político para fortalecer adhesiones sociales hacia el gobierno, quien, suponemos, debiera ser cabalmente el dueño del avión como para poder rifarlo, pues el gobierno no cuenta aún con la factura de la aeronave.
Según el director general de Banobras, Jorge Mendoza, al cierre de 2019 se habían pagado 833 mdp por la deuda del avión presidencial, más intereses. Mientras el gobierno mexicano aún tiene un remanente de deuda de más de 2 700 millones de pesos que tendría que pagar hasta 2027.
Desde el punto de vista ético, la corrupción es ante todo una patología moral, según una conferencia dictada en agosto de 1996 en Argentina:
La mayoría de nuestros gobernantes han actuado de manera ignominiosa para conseguir riqueza y diferentes formas de poder. El «avión presidencial» es sólo una abreviación más en la escritura de la corrupción mexicana, ante la que hay que rebelarse con determinación, recobrando la conciencia perdida y nuestra condición de seres humanos dotados de dignidad, ahora que prevalece la tragedia urdida por el poder desde hace décadas, trivializando la razón, el pensamiento y los valores, para abrirle camino a la religión de la globalización y su catecismo económico neoliberal, crucificándonos, como sociedad, en la ausencia de ética, como la demostrada por Felipe Calderón al adquirir ese monumento a la corrupción con alas, utilizado sin escrúpulos por el ex presidente Enrique Peña Nieto y compañía, durante más de dos años.
Aplaudimos que el presidente López Obrador no sea el tipo de persona que llega al poder para llenarse de privilegios, insultando con lujos y caprichos a los millones de pobres del país, pero aplaudiríamos igualmente que el poder gubernamental informe lo justo y necesario sobre el avión, sin ayudarle a los medios, que siempre están dispuestos a hacerlo, a convertir el tema en espectáculo, cuando sobran asuntos graves por resolver.
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Rubén Luengas/Entre Noticias
