La Comisión Ciudadana por la Verdad halla que se utilizaron «criterios discriminatorios» para no hospitalizar mayores. El Gobierno de la capital española aprobó un protocolo que prohibía la derivación hospitalaria a pacientes de las residencias de mayores, si no tenían seguro privado.
Tras meses de trabajo, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid, impulsada por familiares de mayores que murieron durante la pandemia en estos centros, ha hallado que “murieron en marzo y abril de 2020 miles de personas cuya muerte podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada”.
Esta Comisión, encabezada por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, expone en su informe publicado este viernes que en aquellos dos meses murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital.
Los autores del informe son contundentes y denuncian la existencia de protocolos de la Comunidad de Madrid que impedían la derivación de residentes enfermos a los hospitales. De no haber sido por esta medida, «más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida», según ha explicado el doctor Fernando Lamata, uno de los responsables del estudio, en la rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid. El dato se justifica porque la tasa de supervivencia de las personas derivada era del 65%, lo que se aplica a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas.
El informe fue encargado por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia a siete expertos. Buscaban con ello suplir la falta de resultados de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que estuvo activa pocos meses y nunca sacó sus conclusiones porque decayó con el adelanto electoral de 2021. Después, a pesar de las repetidas peticiones de la oposición, nunca se volvió a formar.
Hoy es un día importante para los familiares de víctimas de las residencias de Madrid.
A las 12, se presenta el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad.
Ayuso y sus siervos mediáticos tienen lectura para el resto de sus vidas. Si tuvieran también un gramo de decencia… pic.twitter.com/106pPOaCFx
— Manuel Rico (@manuelrico) March 15, 2024
En esta región, la mortalidad fue el doble que en el resto de España y que en otros países del entorno. En los dos primeros meses de la crisis sanitaria fallecieron 9.468 residentes, uno de cada cinco, más de 7.000 sin atención sanitaria.
El informe, presentado la mañana de este viernes en el Ateneo de Madrid, recoge, entre otras fuentes, más de 25 testimonios de trabajadores del sector, supervivientes, familiares de fallecidos y responsables políticos, entre los que estaba Alberto Reyero, quien para entonces se desempeñaba como consejero de Políticas Sociales.
Reyero dimitió en octubre de 2020, precisamente por su desacuerdo con la gestión de la pandemia en las residencias.
Los impulsores de la comisión llevaron a cabo esta iniciativa ante la falta de interés de las autoridades públicas, tanto políticas como judiciales, en investigar e informar lo que ocurrió entonces.
La Comunidad utilizó «criterios discriminatorios» para no derivar a los hospitales
Apunta a que “la Comunidad de Madrid elaboró, aprobó, distribuyó y aplicó cuatro protocolos sucesivos (18, 20, 24 y 25 de marzo)”, en los que “se establecen los criterios de no derivación, en los que se incluyen la dependencia física, el deterioro cognitivo y la comorbilidad”. Ello “supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida”, y podría ser incluso constitutivo de delito.
El informe señala además que sí que se atendió a los mayores que tenían seguro privado. “Se aplicó un triaje masivo e indiscriminado, encubierto con la existencia de unos geriatras de enlace que, en realidad, no pudieron materialmente atender de forma personalizada cada una de las solicitudes de derivación”.
Falta de cuidados paliativos por «decisiones planificadas y conscientes»
Aunque el informe reconoce que la situación sanitaria fue grave y que no se limitó a Madrid, sino que afectó a toda España y a todo el mundo, señala que «no estamos ante decisiones improvisadas por la situación crítica que había provocado la pandemia, sino ante decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo».
🔴 La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid concluye que las muertes durante la pandemia se podrían haber evitado
▪️ Se podrían haber salvado, aseguran, 4.000 residentes que "sufrieron una muerte horrible"
🎙️ @RTVEMadridhttps://t.co/lMToc173VA pic.twitter.com/vlhJS5HrQj
— Radio 5 (@radio5_rne) March 15, 2024
Es esos dos meses de la pandemia, las residencias se cerraron a familiares y a cualquier otra persona del exterior. Por eso, todo los mayores que enfermaron y no fueron derivados a médicos, murieron solos, agonizando, sin atención sanitaria ni contacto humano.
🆘 👵🏼 De lo más EMOCIONANTE que he grabado en mucho tiempo.
📌 Finaliza la presentación del informe final de la Comisión Ciudadana de la Verdad sobre las residencias de @ComunidadMadrid @IdiazAyuso ☠️…
😞 Mucha gente con lágrimas en los ojos. Entre ellos el magistrado Martín… pic.twitter.com/q9AUtZQtI0
— WillyVeleta (@VeletaWilly) March 15, 2024
El informe exige «visibilizar a las personas mayores y personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos», desmontar prejuicios sobre estas personas y asegurar que los residentes tengan «acceso al sistema nacional de salud a través de la atención primaria y especializada, además de poner al día «la normativa que regula los servicios sociales y los centros de mayores».
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