Pese a las acusaciones de diversas organizaciones mexicanas e internacionales que apuntan a que la autoría intelectual de los asesinatos en Ayotzinapa proviene del Estado mexicano, el Parlamento Europeo debate si el gobierno en turno de este país es «víctima» del narcotráfico o si pudiera tener alguna relación directa con grupos criminales dentro del territorio.
La propuesta de resolución conjunta del Parlamento Europeo sobre el caso Ayotzinapa, que será presentada este jueves 23 en su sesión plenaria para recibir enmiendas y ser votada, favorecerá al gobierno de Enrique Peña Nieto –al que presenta como víctima del narcotráfico y no como responsable de los recientes hechos de violencia ocurridos en el país–, por lo que el grupo del Partido Verde Europeo (PVE) y el de Izquierda Unitaria Europea/Verdes Nórdicos (GUE) decidieron deslindarse y emitirán su propia propuesta de resolución, de acuerdo con una fuente de los verdes europeos.
La propuesta de resolución conjunta –que sólo en el inesperado caso de no ser apoyada por sus propios patrocinadores no será adoptada– fue prácticamente diseñada por los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos (AS&D) y el del Partido Popular Europeo (PPE) –en un proceso en el que pesó fuertemente la influencia de los eurodiputados españoles— y se adhirieron a ella el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) y el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
El borrador de la propuesta de resolución conjunta que se presentará mañana –al que tuvo acceso Apro y que está fechado el 21 de octubre— comienza diciendo en la parte de los considerandos que “México y la UE comparten valores comunes que encuentran su expresión en nuestras sociedades democráticas y plurales, (y que) defienden las libertades individuales, los derechos humanos, los derechos laborales, la protección medioambiental y el desarrollo sustentable”.
El mismo documento menciona las “medidas inmediatas y efectivas” del gobierno federal y las “acciones conjuntas que se acordaron con las familias de los estudiantes desaparecidos”, así como la “cooperación” del gobierno mexicano con las instituciones internacionales que han pedido investigar los hechos y castigar a los responsables.
Más aún, el documento afirma que en las manifestaciones por los hechos de Ayotzinapa participan sólo “estudiantes y maestros”, quienes denuncian la “complicidad de ciertos elementos de la policía local en los crímenes” y la “debilidad institucional en áreas particulares del país donde las brechas sociales son más notables”.
El borrador de resolución conjunta elogia al presidente Peña Nieto, a quien le aplaude “su determinación para investigar y esclarecer los hechos (de Ayotzinapa) y para detener la violencia en México relacionada con los cárteles”. El texto continúa y “reconoce el firme compromiso del gobierno mexicano para mejorar la situación de seguridad del país, incluyendo un incremento en el presupuesto de las fuerzas de seguridad y la reforma de las instituciones de seguridad pública”.
El documento no esboza sanción o condena alguna contra el gobierno mexicano.
En contraste, la propuesta de resolución que presentan los grupos del PVE y GUE apoya la intervención de la Corte Penal Internacional de La Haya en México, la suspensión del proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE y de los acuerdos bilaterales de seguridad, así como del comercio de armamento con el país y contextualiza los hechos de Ayotzinapa en una espiral de violencia que proviene de años de impunidad y de promesas incumplidas por parte de las autoridades mexicanas.
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