General condenado a 15 años de prisión por recibir soborno de «El Chapo» para detener operativos

En la indagatoria se señala que Barragán Espinosa fungiría como mensajero de los narcotraficantes para ofrecerle a Guillermo Galván, secretario de la Defensa durante el pasado Gobierno (2006-2012), un soborno de 140 millones de dólares, para detener los operativos en contra del capo.

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Según consigna el diario Reforma, Barragán había pedido un adelanto de 10 millones de dólares para reunir a los emisarios con Galván, la entonces fiscal general y otro mando militar.

Un general del Ejército mexicano fue sentenciado a quince años de prisión por negociar una reunión entre miembros del Cártel de Sinaloa liderado por Joaquín El Chapo Guzmán y el exsecretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

La reunión nunca se llevó a cabo, sin embargo un juez federal encontró elementos para procesar al general brigadier Juan Manuel Barragán Espinosa por delincuencia organizada en la modalidad de fomento a delitos contra la salud, revela el diario Reforma, según publica el sitio web de El País.

En la historia del Ejército sería el segundo general condenado en la justicia federal, ya que en el año 2000, el general de división, Jesús Gutiérrez Rebollo fue condenado a 40 años de cárcel por delincuencia organizada, al ser acusado de proteger al Cártel de Juárez y a su líder, Amado Carrillo, «El Señor de los Cielos».

Gutiérrez Rebollo, quien falleció en diciembre de 2013 después de estar hospitalizado más de dos años por diversas complicaciones de salud, se convirtió en el oficial de mayor rango dentro de la Defensa Nacional detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Desde la condena de Gutiérrez Rebollo ningún miembro de la Sedena de un rango tan alto había sido sometido en los tribunales federales y hallado culpable.

En la indagatoria se señala que Barragán Espinosa fungiría como mensajero de los narcotraficantes para ofrecerle a Guillermo Galván, secretario de la Defensa durante el pasado Gobierno (2006-2012), un soborno de 140 millones de dólares.

El dinero era para que desactivara los operativos realizado dese 2011 en contra de El Chapo Guzmán en la zona conocida como el triángulo dorado, que comprende los Estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Según consigna el diario Reforma, Barragán había pedido un adelanto de 10 millones de dólares para reunir a los emisarios con Galván, la entonces fiscal general y otro mando militar. En diciembre de 2011, al no concretarse hasta encones la reunión, dos miembros del cártel de Sinaloa visitaron al mando en su oficina y grabaron la reunión. El video fue enviado a las autoridades.

El general ya había sido condenado en la justicia militar. En febrero pasado un consejo de guerra lo sentenció a 16 años de cárcel.
Actualmente está preso en el penal del Altiplano, el mismo donde estuvo encarcelado el capo Guzmán Loera. Otro de los altos mandos de la Sedena que fue señalado por presuntos vínculos con el narco fue Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa hasta 2008 cuando se retiró.

El general fue detenido en mayo de 2012 acusado de proteger a grupos del narcotráfico, pero en abril de 2013 –en el Gobierno de Enrique Peña Nieto- fue puesto en libertad. La Fiscalía reconoció que no tenía pruebas suficientes contra el alto mando militar y que las acusaciones hechas durante la administración de Calderón sólo se basaron en los dichos de un testigo protegido.

Recientemente el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció que hay un desgaste en el Ejército después de diez años de haber salido a las calles.

“Sí, claro que hay un desgaste, obvio. Estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento, en la sierra, en las ciudades… claro que hay un desgaste’’, aseguró en un evento.

 

El titular de la Sedena ha reiterado en varias ocasiones que se necesita contar con un marco legal que regule las tareas de los militares en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

La normatividad tendría que ser analizada y discutida en el Congreso de la Unión, pero aún no hay una fecha para ello.

Ayer, durante la imposición de condecoracionbes y ascensos, ante el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón sanz, reiteró su llamado para contar con un marco jurídico que garantice la función que las fuerzas armadas llevan a cabo en las calles.

Asimismo, dijo que pese a las voces que se oponen, el Ejército y la Marina continuarán realizando esas labores de seguridad pública hasta que sea necesario.

 

Entre Noticias/Sipse

 

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