Los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, que ratificaron la sentencia contra Correa.
Twitter / @CorteNacional
El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la sentencia de ocho años de prisión dictada contra el expresidente Rafael Correa, y otros 20 exfuncionarios, en marzo pasado, por el delito de «cohecho agravado».
La apelación hecha por la defensa fue negada por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, que conformaron este tribunal.
La sentencia es por el Caso Sobornos 2012-2016, que además de Correa involucra al exvicepresidente Jorge Glas; al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; y a la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.
En el proceso, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló la presunta participación de los exfuncionarios en la financiación de actividades proselitistas del partido político de Correa, Alianza PAÍS, con dinero de empresarios contratistas estatales. Según esa institución, los supuestos sobornos realizados durante el período que abarca la causa, de 2012 a 2016, superarían los 7,5 millones de dólares.
De acuerdo con la sentencia de marzo, emitida por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, Correa y Glas son considerados «autores mediatos por instigación al cohecho agravado».
Una vez conocida la decisión del Tribunal de Apelaciones, Correa manifestó: «Aunque es difícil de creer, era de esperarse. Caso y sentencia más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí».
Antes de la instalación de la audiencia, Correa ya había anticipado la resolución. «Todo es político. Hoy, jueces sometidos —y seguramente con rabo de paja— ratificarán ridícula sentencia de un caso que es montaje para impedirme regresar y derrotarlos», escribió el exmandatario en Twitter.
La sentencia se ratifica a tan solo un día de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera al partido Fuerza Compromiso Social, con el que Correa busca participar en los comicios de 2021.
Previo a la instalación de la audiencia, que se hizo de manera virtual, algunos abogados de la defensa denunciaron que tenían problemas para ingresar a la plataforma habilitada por la Corte Nacional de Justicia.
Por problemas técnicos, más del 70% de los abogados del #CasoBochornos no se pueden conectar. Los jueces van a instalar la audiencia con defensores públicos.
¡Es el COLMO!— Rafael Correa (@MashiRafael) July 20, 2020
Entre los denunciantes están Fausto Jarrín, quien dijo que intentó conectarse durante «una hora» y calificó de «inservible» el sistema de la Corte.
También lo denunció Carlos Alvear Burbano. «Intento conectarme a la audiencia del Caso Sobornos y así como otras defensas no pude hacerlo. Aparentemente la sala está llena con todos, excepto con los abogados participantes que nunca pudieron entrar», señaló.
Jorge Luis Ortega, por su parte, manifestó que tampoco pudo ingresar, «pero poco o nada de eso les importa a los jueces».
A ellos se sumó el abogado Alembert Vera, quien dijo: «No esperamos nada y aún así logran decepcionarnos. Nos acabamos de enterar por la prensa que se instaló la audiencia a las 10:30 y han llamado a defensores de oficio para los que se nos negó el derecho a asistir. Violan todos nuestros derechos».
‘Caso Sobornos’
El denominado Caso Sobornos 2012-2016 comenzó luego que el portal La Fuente publicó, en mayo de 2019, una investigación que tituló ‘Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador’.
En ese artículo, que también fue replicado en el portal Milhojas, se hace mención a un informe conocido como ‘Receta de Arroz verde 502’, que supuestamente recibió en 2014 Pamela Martínez, entonces asesora de Correa. Por ello, en un principio, el caso fue denominado como ‘Arroz Verde’.
Según la publicación, en ese informe hay información de los aportes económicos que empresas multinacionales, entre ellas Odebrecht, hicieron al movimiento Alianza PAIS, desde noviembre de 2013 a febrero de 2014, para la campaña presidencial de entonces.
En noviembre de 2019, cuando ya el proceso estaba en marcha, Martínez, la principal involucrada en el caso, fue puesta en libertad, tras pocos meses de estar encarcelada.
«Ha hecho su empresa, que no conocía. Ha contratado con estas empresas para recibir pagos supuestamente a cambio de servicios legales, pero en verdad eran pagos exagerados. Estaba abusando de su posición. La encontraron en esa infracción y le dijeron: ‘Si acusas a Correa, te dejamos libre; y ya está libre'», comentó el exmandatario sobre la liberación de Martínez.
Sin embargo, en la sentencia de marzo, Martínez fue condenada, aunque no con la misma pena. Los jueces le dieron 38 meses de prisión, por la cooperación que brindó en el caso.
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