La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó un nuevo caso de una mexicana que sufrió de abusos quirúrgicos y negligencia médica en el Centro de Detención Migratoria de Irwin, Georgia, con lo que ya suman diez connacionales víctimas de estas agresiones en ese espacio de retención.
La dependencia informó esta tarde que el Consulado de México en Atlanta identificó a otra ciudadana mexicana que habría sido sometida a una cirugía ginecológica sin su consentimiento, aunque no histerectomía.
“Al igual que en los demás casos, la persona refirió no haber recibido información completa sobre el proceso quirúrgico al que sería sometida ni haber contado con seguimiento postoperatorio. La connacional regresó a nuestro país a inicios de 2020”.
Agregó que personal consular le proporcionó la orientación consular y jurídica correspondiente por lo que ya se encuentra en contacto con el abogado Andrew Free -quien representa a varias de las víctimas de diversas nacionalidades y que ha emprendido un proceso judicial ante las autoridades estadunidenses para que se investiguen estos abusos- a fin de que la mujer evalúe su posible inclusión en la demanda colectiva que se encuentra coordinando.
La cancillería refirió que con este caso, ya suman diez mujeres mexicanas que señalan haber sido víctimas de abuso y negligencia médica por parte del doctor Mahendra Amin (cifra que dio a conocer hace unas semanas La Jornada), de las cuales cuatro fueron intervenidas quirúrgicamente. Cinco de las diez víctimas mexicanas permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y “todas han recibido asistencia consular”.
Con relación a la posible decisión del gobierno de Estados Unidos de posponer la deportación de las posibles víctimas, la SRE dijo tener conocimiento de que el juez a cargo de revisar el caso aceptó dicha propuesta, por lo que la cancillería “continuará brindando asistencia consular a las ciudadanas mexicanas que todavía se encuentran detenidas y vinculadas al presente caso”.
Es de señalar que la SRE apoya con asistencia jurídica a las mujeres que no han sido deportadas, a fin de evitar su repatriación para que la demanda colectiva de la que forman parte proceda.
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