Aunque Sheinbaum defiende que no se actuará sin pruebas, el caso Cienfuegos expone que su regreso fue fruto de presión diplomática, no de falta de evidencia. La FGR cerró el caso sin juicio, por motivos más políticos que legales.
En conferencia de prensa este miércoles 25 de junio de 2025, la presidente Claudia Sheinbaum afirmó categóricamente que su gobierno no encubrirá a nadie, pero insistió en que para proceder legal o políticamente contra presuntos delitos de lavado de dinero, deben existir pruebas contundentes. Al ser cuestionada sobre recientes señalamientos sin evidencia concreta, Sheinbaum recordó el caso del General Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 por autoridades estadounidenses y posteriormente liberado por falta de pruebas. “Detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba, tan es así que lo soltaron”, sentenció, al tiempo que llamó al Departamento del Tesoro de EE.UU. a enviar evidencias si las tiene. Recalcó que no habrá impunidad, pero también subrayó que no se puede actuar únicamente con “dichos”, esto sobre las acusaciones de que tres instituciones financieras mexicanas que presumiblemente facilitan el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
De hecho hay un problema con su afirmación: el regreso a México del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, en noviembre de 2020, no fue resultado de la falta de pruebas en su contra, como se afirmó en su momento desde el oficialismo, sino consecuencia de una compleja negociación diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos, marcada por presiones, advertencias y una promesa de investigación que nunca se cumplió.
Detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles por la DEA, bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, Cienfuegos fue liberado apenas un mes después. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador expresó un enérgico rechazo a la detención, alegando que se trataba de una afrenta a la soberanía nacional, ya que la investigación estadounidense se había llevado a cabo sin el conocimiento ni colaboración del gobierno mexicano y señaló como «venganza» el proceso en contra del general.
Este desacuerdo desató una intensa presión diplomática por parte de México. El mensaje fue claro: si Estados Unidos no liberaba a Cienfuegos, se pondría en riesgo la cooperación bilateral en materia de seguridad, incluyendo la presencia y operaciones de la DEA en territorio mexicano. En medio de estas tensiones, el Departamento de Justicia estadounidense, liderado por el fiscal Seth DuCharme, solicitó a una corte de Nueva York desestimar los cargos, citando “consideraciones sensibles de política exterior”.
“As set forth in our papers, I think as an initial matter, you know, the Office stands behind the case. There is no concern that I have with the strength of our case. (Traducción: Como se establece en nuestros documentos, creo que, como cuestión inicial, la Oficina respalda el caso. No tengo ninguna preocupación sobre la solidez de nuestro caso)”, señalóDuCharme al dirigirse a la Corte.
El acuerdo fue que Cienfuegos sería extraditado a México para ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) con base en el expediente que la DEA había armado durante años. Washington accedió a retirar los cargos a cambio del compromiso del gobierno mexicano de procesar al general conforme a sus leyes.
Sin embargo, al llegar a México, el expediente fue desestimado. La FGR concluyó en enero de 2021 que las pruebas presentadas por Estados Unidos eran “insuficientes” e incluso “carentes de sustento legal”. El caso fue cerrado sin que Cienfuegos enfrentara juicio alguno.
Más allá del argumento jurídico, el trasfondo fue político y diplomático. La presión del ejército mexicano, institución con gran influencia en la administración de López Obrador, y la preocupación del gobierno por mantener relaciones estables con las Fuerzas Armadas, fueron determinantes. También lo fue la necesidad de conservar los canales de cooperación con Washington, aunque ello implicara dar carpetazo a uno de los casos más explosivos en la historia reciente del combate al narcotráfico.
Así, la repatriación de Cienfuegos no fue una exoneración por falta de pruebas, sino el resultado de una negociación diplomática condicionada por intereses políticos y militares. Una promesa de justicia que, en los hechos, nunca se materializó.
Para rematar casi con humor, de hecho el gobierno de México cuya titularidad entonces recaía en el tabasqueño López Obrador, más que procesarlo, lo condecoró.
Lejos quedan esos días donde el canciller Marcelo Ebrard aseguraba que sería “casi suicida” traerlo a México y luego no hacer nada, porque para eso -mejor se hubiera quedado en Estados Unidos-” donde fue detenido.
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