Militarización total de la seguridad pública en México, sin controles civiles y con nuevos poderes para la Guardia Nacional.
La reciente aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional en México, que consolida su control bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha desatado una ola de críticas y preocupaciones sobre la profundización de la militarización en el país. Esta reforma, aprobada en una sesión extraordinaria del Congreso el pasado 24 de junio, no solo formaliza el carácter militar de la Guardia Nacional, sino que también otorga a las Fuerzas Armadas nuevas facultades, como la investigación de delitos, la intervención de comunicaciones y el uso de agentes encubiertos sin supervisión judicial. Organizaciones de derechos humanos, académicos y partidos de oposición advierten que estas medidas representan una amenaza al Estado de derecho, los derechos ciudadanos y la democracia mexicana. Para entender los peligros de esta ley, es crucial revisar los antecedentes de la militarización en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
La Militarización en México
Felipe Calderón (2006-2012): El Inicio de la Guerra contra el Narco
El proceso de militarización de la seguridad pública en México se intensificó durante el sexenio de Felipe Calderón, quien, a pocas semanas de asumir la presidencia en 2006, lanzó la llamada “guerra contra las drogas”. Esta estrategia implicó el despliegue masivo de soldados y marinos para combatir al crimen organizado, una decisión que marcó un punto de inflexión en la relación cívico-militar. Según Human Rights Watch, las Fuerzas Armadas operaban en gran parte del país sin un control civil efectivo, lo que derivó en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
La falta de transparencia y rendición de cuentas en el ejército mexicano exacerbó estas problemáticas. Hasta 2012, los abusos cometidos por militares eran investigados por tribunales castrenses, lo que garantizaba un alto grado de impunidad. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó en 2012 que los delitos contra civiles debían ser juzgados en el sistema penal ordinario, la implementación de esta medida fue limitada. Entre 2012 y 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió más de 500 investigaciones contra militares, pero solo logró 16 condenas, según la Washington Office on Latin America (WOLA).
Enrique Peña Nieto (2012-2018): La Continuación de la Estrategia
A pesar de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto de revertir la militarización, su administración no solo mantuvo, sino que amplió el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Peña Nieto propuso la creación de una Gendarmería Nacional con 40,000 agentes, pero este proyecto nunca se consolidó, quedando en apenas 5,000 elementos. En cambio, el número de bases militares de “operaciones mixtas” creció de 75 a 182 entre 2012 y 2017, extendiendo su presencia de 19 a 27 estados. La cantidad de militares desplegados en estas bases se triplicó, mientras que la Policía Federal se mantuvo estancada con menos de 40,000 agentes.
En diciembre de 2017, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que buscaba legalizar el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Sin embargo, esta ley fue declarada inconstitucional por la SCJN en noviembre de 2018, al considerarla una violación al mandato constitucional que establece que la seguridad pública debe ser de carácter civil. Organismos internacionales, como la ONU y la OEA, señalaron que la militarización durante este periodo incrementó la violencia, las violaciones a derechos humanos y la impunidad.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): La Contradicción de la Guardia Nacional
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la presidencia en 2018 con la promesa de desmilitarizar la seguridad pública y “regresar al ejército a los cuarteles”. Sin embargo, su estrategia dio un giro pragmático que contradijo sus compromisos iniciales. En 2019, creó la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad con carácter civil, diseñado para reemplazar a la Policía Federal, que López Obrador consideraba corrupta e ineficaz. No obstante, la Guardia Nacional se integró principalmente con personal militar: de sus 90,000 elementos en 2020, 51,101 provenían del ejército y 10,149 de la Marina, según Animal Político.
Aunque la reforma constitucional de 2019 establecía que la Guardia Nacional sería civil y que los militares se retirarían de las calles para 2024, AMLO rompió esta promesa en 2022 al extender el plazo hasta 2028. Además, en septiembre de 2022, el Congreso aprobó una reforma que trasladó el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, medida que fue declarada inconstitucional por la SCJN en 2023. A lo largo de su sexenio, López Obrador no solo mantuvo a los militares en tareas de seguridad, sino que les otorgó roles civiles sin precedentes, como la construcción de infraestructura, la distribución de vacunas y la administración de aduanas, puertos y empresas estatales como el Tren Maya.
La Nueva Ley de la Guardia Nacional: Riesgos y Preocupaciones
La nueva Ley de la Guardia Nacional, aprobada en junio de 2025, consolida el control total de la Sedena sobre esta institución, transformándola en una cuarta Fuerza Armada junto al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Entre las modificaciones más controvertidas se encuentran:
Militarización Permanente: La ley elimina el carácter civil de la Guardia Nacional, establecido en el artículo 21 de la Constitución, al integrarla completamente a la Sedena. Esto significa que sus elementos, en su mayoría de origen militar, estarán sujetos a la disciplina castrense y serán juzgados por tribunales militares, lo que podría perpetuar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.
Nuevas Facultades de Investigación: La Guardia Nacional ahora tiene la capacidad de realizar tareas de inteligencia, intervenir comunicaciones y utilizar agentes encubiertos sin control judicial, lo que representa un riesgo para la privacidad y los derechos ciudadanos. Organizaciones como R3Dmx han alertado que estas medidas legalizan la vigilancia masiva por parte del ejército, una práctica que carece de transparencia y contraviene el derecho internacional.
Acceso a Cargos Políticos: La reforma permite a militares ocupar cargos de elección popular y otros puestos civiles, como secretarías de Estado o embajadas, si así lo decide la presidenta. Esto desdibuja la separación entre los poderes civil y militar, aumentando el riesgo de un modelo autoritario.
Falta de Controles Democráticos: La ley carece de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Según el PAN, el supuesto control parlamentario es “decorativo”, sin herramientas reales para auditar operativos o suspender abusos. Esto contrasta con las recomendaciones de organismos como Amnistía Internacional, que han señalado que los militares no están capacitados para interactuar con civiles, lo que incrementa el riesgo de violaciones a derechos humanos.
Riesgos de la Militarización
La consolidación de la militarización en México plantea múltiples peligros:
Violaciones a Derechos Humanos: La experiencia de los últimos 20 años demuestra que el uso de militares en tareas de seguridad pública está asociado con un aumento en las violaciones a derechos humanos. Desde 2006, México ha registrado más de 200,000 asesinatos y decenas de miles de desapariciones, muchas atribuidas a las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional, a pesar de su supuesto carácter civil, ha sido acusada de homicidios, torturas y desapariciones forzadas desde su creación.
Erosión del Estado de Derecho: La falta de supervisión civil y la opacidad de las Fuerzas Armadas debilitan el Estado de derecho. La nueva ley refuerza un modelo en el que los militares operan sin controles efectivos, lo que podría derivar en un poder fáctico que no rinde cuentas a nadie.
Impacto en la Democracia: La posibilidad de que militares ocupen cargos políticos representa una amenaza a la democracia, al otorgarles un poder político y económico sin precedentes. La Sedena manejará un presupuesto récord de 146,000 millones de pesos para la Guardia Nacional en 2026, consolidando su influencia en la vida pública.
Ineficacia en la Seguridad: No hay evidencia de que la militarización haya reducido la violencia en México. Durante el sexenio de López Obrador, el país registró cifras récord de asesinatos, y la Guardia Nacional no ha logrado pacificar las regiones más violentas. Los expertos coinciden en que la solución radica en fortalecer las policías civiles, no en depender de los militares.
Voces Críticas
Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y el Centro Prodh han calificado la reforma como un retroceso democrático. “La militarización total y permanente de la seguridad pública es un error histórico que pone en riesgo los derechos de las y los mexicanos”, afirmó MUCD. Por su parte, Denise Dresser, analista política, ha señalado que esta ley crea un “poder fáctico sin controles civiles” que subordina el poder civil al militar. Amnistía Internacional y WOLA han advertido que la militarización no solo es ineficaz, sino que agrava la crisis de violencia e impunidad en el país.
La nueva Ley de la Guardia Nacional marca un punto de no retorno en la militarización de México, consolidando un modelo que comenzó con Felipe Calderón, se mantuvo con Enrique Peña Nieto y se institucionalizó bajo Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las promesas de un cambio hacia un enfoque civil, la realidad es que la seguridad pública ha quedado en manos de las Fuerzas Armadas, con consecuencias graves para los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia. La oposición y las organizaciones civiles han anunciado que buscarán revertir esta reforma mediante amparos y acciones legales, pero el control mayoritario de Morena en el Congreso y la reciente reforma judicial limitan las posibilidades de éxito. México enfrenta ahora el desafío de recuperar el equilibrio entre la seguridad y las libertades democráticas en un contexto donde el poder militar parece imponerse sobre el civil.
Entre Noticias
