Caso Comuna 4:20: cómo el Gobierno de la CDMX fomenta el narcomenudeo y el deterioro social

En los últimos años, la legalización del consumo lúdico de marihuana en México, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021, ha generado un intenso debate social, político y cultural. En la Ciudad de México, los denominados «puntos 4:20» (en referencia al 20 de abril Día Mundial de la Marihuana), espacios designados para el consumo «responsable» de marihuana, han desatado protestas vecinales, críticas a la permisividad del gobierno y preocupaciones sobre el impacto en la seguridad y la convivencia urbana. La reubicación de la «Comuna 4:20», un colectivo cannábico que promueve el uso libre de la marihuana, ha sido el epicentro de estas tensiones, especialmente en el Centro Histórico y la colonia Guerrero. Este artículo analiza las protestas, las críticas a la política gubernamental, el problema del narcomenudeo y las implicaciones sociales del consumo de marihuana.

El 4 de agosto de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo un operativo para desmantelar el campamento de la Comuna 4:20 ubicado afuera del Metro Hidalgo, un lugar conocido por su alta afluencia de personas. Este espacio, junto con otros en Avenida Juárez y la Estela de Luz, fue clausurado tras denuncias ciudadanas sobre venta de drogas, consumo de sustancias ilícitas y disturbios en el espacio público. En respuesta, las autoridades reubicaron los puntos 4:20 a tres nuevas ubicaciones: la Plaza de la Concepción (Belisario Domínguez y Eje Central), el Monumento a Simón Bolívar (Paseo de la Reforma y calle Violeta) y la Plaza de Lectura José Saramago (Circuito Interior y Reforma). Sin embargo, esta reubicación no fue bien recibida por los residentes de las zonas afectadas, quienes han protagonizado protestas y bloqueos en el Eje Central y Paseo de la Reforma.

Los vecinos del Centro Histórico y la colonia Guerrero han expresado su rechazo a los nuevos puntos 4:20, argumentando que su cercanía a escuelas, parques y zonas familiares representa un riesgo para la seguridad y la educación de los menores. Por ejemplo, en la Plaza de la Concepción, los residentes han señalado la proximidad de una secundaria diurna, un Centro de Estudios Tecnológicos (CETIS) y una secundaria técnica, lo que consideran una amenaza para los jóvenes. Carteles como «Los niños tenemos derecho al progreso y a no oler marihuana» reflejan el sentir de los manifestantes, quienes temen que estos espacios normalicen el consumo de drogas y fomenten el narcomenudeo.

Las protestas han escalado hasta incluir bloqueos de hasta 10 horas en el Eje Central Lázaro Cárdenas y 120 minutos en Paseo de la Reforma, evidenciando la frustración de los habitantes. En la Glorieta de Violeta, los vecinos reportaron acumulación de basura y desorden desde el primer día de instalación del campamento, lo que intensificó su oposición. Aunque las autoridades han prometido diálogo y posibles reubicaciones, los colectivos cannábicos han defendido su derecho al consumo, argumentando que son víctimas de estigmatización y que los espacios 4:20 son necesarios para garantizar su libertad.

De la permisividad del Estado al narcomenudeo sólo hay un paso

Uno de los puntos críticos de las protestas es la percepción de que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, ha sido permisivo con el consumo de marihuana y, de manera indirecta, con el narcomenudeo. Aunque las autoridades han establecido reglas estrictas para los puntos 4:20 (como la prohibición de venta o intercambio de marihuana, el consumo de otras sustancias y molestias a transeúntes), los vecinos denuncian que estas normas no se cumplen. En la antigua ubicación del Metro Hidalgo, se reportó la venta de drogas duras como cristal, anfetaminas y fentanilo, lo que apunta a que los espacios de tolerancia están sirviendo como fachada para actividades ilícitas.

La permisividad percibida se atribuye a varios factores. Primero, la falta de una regulación clara y efectiva tras la despenalización del consumo lúdico de marihuana en 2021. Aunque la SCJN declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo, el Congreso mexicano no ha logrado aprobar una ley integral que regule el cultivo, distribución y consumo, dejando un vacío legal que ha permitido la proliferación de puntos 4:20 sin suficiente supervisión. Segundo, la vigilancia en estos espacios, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gobierno, ha sido insuficiente para prevenir el narcomenudeo, según los residentes, reglas que sólo han quedado en la letra:

– No venta ni intercambio de marihuana
– Prohibición del consumo de otras sustancias
– Respeto a transeúntes
– Control sobre número de personas y tiempo de estadía
– Supervisión de la posesión permitida en cada punto

Además, eventos como la marcha del Día Mundial de la Marihuana (20 de abril) han puesto en evidencia la laxitud de las autoridades. Durante estas movilizaciones, se reportó consumo abierto de marihuana y alcohol en la vía pública, así como la presencia de menores, sin intervención significativa de la policía, además de agresión a transeúntes. Esto ha alimentado la percepción de que el gobierno prioriza los derechos de los consumidores de marihuana sobre la seguridad de la comunidad.

Agenda 2030: un marco que amplía el poder del lobby cannábico:

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha sido vinculada por algunos sectores críticos a las políticas de despenalización de drogas como la marihuana. Aunque la Agenda no aborda explícitamente el consumo de drogas, sus objetivos relacionados con la salud, la igualdad y la sostenibilidad han sido interpretados por algunos como un respaldo implícito a la liberalización de sustancias, lo que genera controversia en contextos como el mexicano.

Los críticos argumentan que la permisividad hacia el consumo de marihuana, enmarcada en discursos de derechos individuales y libertades, podría estar alineada con una visión globalista que subestima los impactos sociales de las drogas. Por ejemplo, el ODS 3 (Salud y Bienestar) promueve el acceso a servicios de salud, pero no aborda directamente los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas. Los detractores de la Agenda 2030 sostienen que esta omisión refleja una postura permisiva que prioriza agendas internacionales sobre las necesidades locales, como la seguridad y la cohesión social en comunidades afectadas por el narcomenudeo.

En el caso de México, algunos sectores ven la despenalización de la marihuana como un paso hacia la normalización de conductas que debilitan el tejido social, especialmente en un país con altos índices de violencia relacionada con el narcotráfico. La reubicación de los puntos 4:20 ha sido interpretada por algunos colectivos cannábicos como un intento de «blanqueamiento» de la Ciudad de México de cara a eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026, lo que sugiere una influencia externa en las políticas locales.

Ver: https://cannabis2030.org/es/

La marihuana como puerta de entrada a drogas duras:

La marihuana es frecuentemente señalada como una droga de entrada que puede conducir al consumo de sustancias más duras, como la cocaína, la heroína o las metanfetaminas, debido a su capacidad para alterar el juicio y normalizar el uso de sustancias ilícitas. El consumo de marihuana, especialmente en edades tempranas, puede introducir a los usuarios a entornos donde otras drogas son accesibles, aumentando la probabilidad de experimentar con ellas. Estudios como los del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) han mostrado que el consumo de marihuana puede modificar la química cerebral, sensibilizando el sistema de recompensa y haciendo que los usuarios busquen sensaciones más intensas a través de drogas más potentes.

Además, la exposición a redes sociales o grupos donde el consumo de drogas es común refuerza esta progresión, ya que la marihuana actúa como un primer paso hacia la aceptación cultural de sustancias más peligrosas.Otro argumento que apoya la teoría de la marihuana como puerta de entrada es su impacto psicológico y el fenómeno de la tolerancia. Con el tiempo, los consumidores habituales de marihuana pueden desarrollar una menor respuesta a sus efectos, lo que los lleva a buscar sustancias más fuertes para alcanzar el mismo nivel de satisfacción o euforia.

Investigaciones, como las publicadas en el Journal of Addictive Behaviors (2010), han encontrado que los adolescentes que consumen marihuana tienen un riesgo significativamente mayor de probar opioides o estimulantes en comparación con aquellos que no la consumen. Factores como la presión social, la curiosidad y la disponibilidad de drogas más duras en los mismos círculos donde se consume marihuana refuerzan esta transición, consolidando la idea de que la marihuana puede ser un punto de partida hacia adicciones más graves.

1. Normalización del consumo frente a menores: La cercanía de los puntos 4:20 a escuelas y parques ha generado preocupación sobre la exposición de niños y adolescentes al consumo de marihuana. Los vecinos argumentan que la visibilidad de estas prácticas dificulta la enseñanza de valores como la abstinencia y puede normalizar el uso de drogas entre los jóvenes.[

2. Aumento de la inseguridad: Residentes del Centro Histórico y la colonia Guerrero han reportado un incremento en la inseguridad, incluyendo robos y agresiones, en las áreas cercanas a los puntos 4:20. La percepción de que estos espacios atraen a personas involucradas en el narcomenudeo refuerza esta preocupación.

3. Basura y desorden: Los campamentos cannábicos han sido señalados por generar acumulación de basura y desorden en espacios públicos, lo que afecta la calidad de vida de los residentes y refuerza la idea de un deterioro del entorno urbano.

Las protestas contra la Comuna 4:20 en la Ciudad de México reflejan un choque entre los derechos individuales de los consumidores de marihuana y las preocupaciones de las comunidades por la seguridad, la educación y la calidad de vida. La permisividad del gobierno, derivada de un marco legal ambiguo y una supervisión deficiente, ha exacerbado las tensiones, especialmente en un contexto donde el narcomenudeo sigue siendo un problema persistente. La reubicación de los puntos 4:20, aunque busca regular el consumo, no ha logrado satisfacer las demandas de los vecinos, quienes ven en estos espacios una amenaza al bienestar social.

Este artículo no habla de prohibiciones, habla de cómo un sistema privilegia una agenda sin tomar en cuenta la opinión de la gran mayoría. No pide a los consumidores dejar de hacerlo, sino hacerlo en sus espacios privados, en sus casas.

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