Desalojos forzados y pérdida de vivienda ante un gobierno cómplice de AirBnB, inmobiliarias y el próximo Mundial de futbol

El auge del trabajo remoto y la llegada masiva de nómadas digitales provenientes de países con un mejor desarollo económico y una población con poder adquisitivo superior han acelerado un fenómeno crítico en la capital mexicana: el incremento de desalojos forzados en edificios residenciales. Documentados por medios y estudios académicos a lo largo del año, estos desalojos responden a un patrón de «renovación urbana» enfocado en transformar viviendas tradicionales en alojamientos temporales, particularmente a través de plataformas como Airbnb. Este proceso, parte de una gentrificación de alcance transnacional, no solo desplaza a comunidades de bajos ingresos, sino que también exhibe debilidades en la regulación urbana y en la defensa del derecho a la vivienda, provocando protestas vecinales, debates legislativos y llamados urgentes de especialistas y activistas.

El modelo que llegó con la pandemia

La llegada de trabajadores remotos extranjeros ha intensificado la presión sobre el mercado de renta en zonas céntricas como Roma Norte, Condesa, Juárez y el Centro Histórico. Atraídos por el bajo costo relativo frente a sus países de origen, optan por contratos cortos a través de plataformas digitales. Este cambio ha incentivado a propietarios y desarrolladores a desplazar inquilinos de largo plazo, con el fin de reconvertir inmuebles en alojamientos turísticos. Investigaciones de TecScience del Tecnológico de Monterrey y reportajes del Diario de México destacan el papel de los nómadas digitales como detonantes de la gentrificación, generando desde incrementos abruptos en rentas hasta desalojos violentos. Un fenómeno similar ha sido descrito por la Universidad de Colima en comunidades del Pacífico, donde la turistificación, acelerada tras la pandemia, privilegia la renta temporal sobre la vivienda asequible. Aunque existen antecedentes previos, los análisis recientes subrayan que 2025 marca un punto de agudización y continuidad del problema.

Desalojos ante los ojos ciegos del Estado

El año ha estado marcado por desalojos masivos que reflejan la magnitud de la crisis. En agosto, más de 40 familias fueron expulsadas en apenas dos días en la alcaldía Cuauhtémoc. En Roma Norte, residentes del edificio de Tonalá 125 denunciaron el 26 de agosto haber sido desalojados sin aviso suficiente y con presencia policial, con la certeza de que el inmueble sería reconvertido para Airbnb. “Ya sabemos qué pasará con nuestra casa: la van a convertir en Airbnb, como han hecho con toda la colonia”, señaló una vecina. Un día después, el 27 de agosto, 19 familias en República de Cuba 11, en el Centro Histórico, vivieron un proceso similar, caracterizado por violencia y arbitrariedad.

Otro episodio grave involucra a 54 familias desalojadas desde principios de 2024 de un edificio en Circunvalación y General Anaya, junto al mercado de La Merced, quienes aún en 2025 permanecen en un campamento improvisado, entre basura, lluvia y plagas, sin acceso a servicios básicos. Isabel García, una de las afectadas, relató: “Prácticamente esto no es vida, pero aquí seguimos”. Adriana, vendedora de la zona, agregó: “Las autoridades nada más nos traen vuelta y vuelta; queremos una solución”. Aunque en este caso el desalojo no está vinculado directamente a Airbnb, sí forma parte de la crisis habitacional generalizada.

Investigaciones en Redalyc (PDF) y reportajes de La Jornada documentan un patrón extendido: edificios enteros en colonias como Juárez y Condesa convertidos en rentas temporales tras desalojos. Además, se han denunciado prácticas como el deterioro intencional de inmuebles para justificar la expulsión de inquilinos, con apoyo de autoridades judiciales que fabrican delitos de narcomenudeo o despojo. La Cooperativa de Periodistas ha registrado al menos 36 casos con uso de violencia armada, entre ellos Tonalá 125 y República de Cuba 11. Para académicos como Roberto Pimentel Bermúdez (UNAM), ejemplos como la Casa Covadonga en Belisario Domínguez 44, originalmente destinada a vivienda social y hoy convertida en alojamiento turístico, ilustran la manera en que el patrimonio inmobiliario se transforma en objeto de especulación ligada al turismo global.

Aumento en las rentas

El encarecimiento de la vivienda es el telón de fondo de los desalojos. Reportes señalan que en 2025 las rentas crecieron hasta 11 % anual en zonas céntricas, muy por encima de los aumentos salariales. En los últimos 16 años, la vivienda se ha encarecido 48 %, desplazando a unas 20 mil familias por año. El alza se explica en gran medida por la reconversión de residencias a rentas temporales, lo que vuelve inaccesibles barrios tradicionales y obliga a miles a mudarse a periferias con menor acceso a servicios. Estudios publicados en febrero de 2025 asocian directamente este fenómeno con la turistificación, al incrementar la especulación inmobiliaria impulsada por extranjeros que trabajan de manera remota en la ciudad.

Airbnb como pieza clave del despojo

Paralelamente, la capital ha visto crecer de manera sostenida la oferta en Airbnb. Datos de Inside Airbnb y El Economista muestran que en marzo de 2025 había 26051 alojamientos activos en la plataforma, un aumento de 7.54 % respecto a 2023, cifra que representa ya más de la mitad de la oferta hotelera tradicional (53555 habitaciones). La concentración se da principalmente en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, con casos de edificios enteros dedicados al turismo temporal. En algunas colonias, este modelo llega a ocupar hasta 1.46 % del suelo urbano.

Aunque solo una fracción del total de viviendas de la CDMX está en Airbnb (menos del 1%), estudios de Alquimia Urbana advierten que su impacto es desproporcionado en ciertos barrios, donde desplaza comunidades completas. Desde 2019, la oferta en la plataforma ha crecido 170%, generando ingresos de hasta 15 mil millones de pesos en 2023. Sin embargo, los beneficios económicos contrastan con la erosión del derecho a la vivienda y con un marco regulatorio aún insuficiente.

¿Cómo pasó Sheinbaum de dar la bienvenida a los nómadas digitales a la supuesta preocupación por la gentrificación?

La presidente Claudia Sheinbaum ha provocado un debate al hacer una transición notable en su discurso sobre Airbnb, calificada incluso como incongruencia. En 2022, como jefa de Gobierno de la CDMX, celebró profundamente la alianza con Airbnb y la UNESCO para promover la ciudad como destino ideal para nómadas digitales, afirmando: “Es una invitación para que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México”.

Sin embargo, el 7 de julio de 2025 tuvo lugar un cambio de postura, señalando que “particularmente en la Condesa y en la Roma ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales”, sin aceptar su papel como parte fundamental del problema. Cuestionada por su previo impulso al modelo, contestó que no se puede permitir “el encarecimiento de la ciudad que expulsa a quienes han vivido por años. Tiene que haber inclusión, no tolerancia: inclusión”.

Ante el creciente descontento, el gobierno capitalino ha anunciado medidas de mitigación. Recién este mes, septiembre de 2025, la jefa de Gobierno Clara Brugada impulsa una reforma legal para frenar desalojos en inmuebles en renovación, además de protocolos que buscan garantizar derechos básicos, como apoyos temporales en hospedaje para familias desplazadas, como en el caso de República de Cuba 11. También se discuten reformas a la ley de arrendamientos y a la Ley de Turismo local para regular el uso de plataformas digitales. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan obstáculos legales: la reforma a la Ley de Turismo aprobada en 2024 aún no se ha implementado, paralizada por amparos interpuestos por Airbnb y anfitriones, lo que ha frenado su ejecución efectiva, incluyendo también que autoridades en todos los niveles se benefician también de la renta de inmuebles bajo estos modelos, generando incluso un conflicto de interés.

No obstante, colectivos vecinales y expertos coinciden en que estas acciones son todavía insuficientes. El Foro Contra la Gentrificación exige políticas más firmes de recuperación de vivienda para residentes y advierte que los desalojos persistirán mientras no se regule con rigor la especulación inmobiliaria. En La Merced, las familias desalojadas organizan festivales de resistencia, como el previsto para el 27 de septiembre en Cuba 11, para visibilizar la problemática.

Un reportaje de La Jornada destapó un escándalo que deja en evidencia las grietas del sistema judicial en la Ciudad de México: agentes del Ministerio Público, actuarios e incluso notarios han estado involucrados en despojos inmobiliarios a través de fraudes como ventas simuladas, suplantación de identidades y validación de documentos falsos.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), entre 2019 y 2024 se abrieron 19 mil 992 carpetas de investigación por este delito, lo que equivale a un promedio de 9.1 casos diarios. Sin embargo, solo el 2.6% de los inmuebles afectados ha sido devuelto a sus dueños, lo que refleja no solo ineficacia, sino también posibles complicidades dentro de las instituciones.

Especialistas en derecho inmobiliario señalan que, en lugar de atender estos casos como delitos penales, las autoridades los mandan a la vía civil, lo que prolonga los juicios hasta por 10 años. Esto, advierten, abre la puerta para que grupos delictivos como La Unión Tepito operen con total impunidad en distintas zonas de la capital.

Entre los casos más graves se encuentra el del inmueble ubicado en Antonio Caso 104, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. En 2020, miembros de la asociación civil Construyendo un Proyecto de Vida AC intentaron quedarse con la propiedad mediante una falsa expropiación avalada con documentos apócrifos que actuarios del Tribunal Superior de Justicia validaron sin reparo.

Otro episodio se registró en Tlalpan, donde actuarios dieron por buenos citatorios y contratos de arrendamiento falsos en un juicio civil, facilitando la ocupación ilegal de una vivienda. En 2021, en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, integrantes de La Unión Tepito entraron con violencia, cambiaron cerraduras y vendieron departamentos por menos de 100 mil pesos.

Abogados como Jorge Rábago Moreno, Mercedes Estrada y Andrés Saavedra, representantes de víctimas, reclaman reformas urgentes. Por su parte, el Gobierno de la CDMX ha anunciado cambios normativos para reforzar la protección patrimonial y frenar estas prácticas corruptas que agravan la crisis de vivienda en la ciudad.

El mundial de futbol: Única prioridad para el gobierno capitalino

A medida que la Ciudad de México se prepara para recibir partidos del Mundial de Futbol 2026, el “blanqueamiento” urbano avanza a costa de comunidades históricas y familias trabajadoras. La gentrificación, impulsada por proyectos turísticos e inmobiliarios, no solo reconfigura los barrios cercanos al Estadio Azteca, sino que también genera una ola de desalojos y despojos que buscan maquillar la ciudad para el espectáculo global.

Vecinos organizados han denunciado que las mesas de trabajo con autoridades —como la Secretaría de Gobierno y el propio Instituto de Vivienda— se han convertido en promesas incumplidas. “Se suponía que no habría proyectos de movilidad sin consultar a los vecinos, pero hoy vemos obras avanzando sin nuestro consentimiento. Sentimos que es una traición del gobierno capitalino”, expresaron en un posicionamiento difundido en protesta.

En una acción simbólica realizada alrededor del Estadio Azteca, colectivos colocaron imágenes para evidenciar la invisibilización de comunidades populares y el impacto directo de la turistificación: el despojo de vivienda, el desplazamiento de familias y la imposición de un modelo de ciudad pensado para visitantes, no para quienes la habitan. “Queremos que quede claro que el Mundial significa sobre nuestro territorio despojo, turistificación y blanqueamiento social”, remarcaron.

La narrativa oficial insiste en que el Mundial traerá inversión y prestigio internacional, pero detrás del discurso celebratorio se acumulan testimonios de desalojos forzados y presiones inmobiliarias. Para muchos habitantes, el costo real del evento es el borrado de la memoria barrial y la expulsión de quienes no encajan en la postal que el Estado pretende exhibir ante el mundo.

En suma, 2025 confirma una tendencia crítica: la reconversión de vivienda hacia el turismo temporal, impulsada por nómadas digitales y plataformas como Airbnb, está reconfigurando el tejido social y urbano de la Ciudad de México. Frente a un mercado que prioriza la ganancia sobre el derecho a la vivienda, la disyuntiva entre “desarrollo” y exclusión masiva se vuelve más evidente que nunca.

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