El “Grupo de los 8”, ocho legisladores de ambos partidos, han revelado esta reciente propuesta de Reforma Inmigratoria. Por el lado demócrata, participaron los senadores Schumer, Durbin, Menendez y Bennet; por el bando republicano los senadores McCain, Flake, Graham y Rubio.
Estando la viabilidad de la propuesta supeditada al apoyo republicano en el Congreso, las condicionantes son muchas y la posibilidad de naturalización de inmigrantes es en muchos casos lejana y no garantizada.
Los recientes resultados electorales, donde una vasta mayoría del electorado hispano se inclinó por el presidente Barack Obama, han propiciado un escenario político favorable para aunar criterios y definir una agenda legislativa para el tema migratorio, especialmente en lo que se refiere a la situación de 11 millones de personas indocumentadas, con riesgo de deportación, viviendo en Estados Unidos.
El “Grupo de los 8”, ocho legisladores de ambos partidos, han revelado esta reciente propuesta de Reforma Inmigratoria. Por el lado demócrata, participaron los senadores Schumer, Durbin, Menendez y Bennet; por el bando republicano los senadores McCain, Flake, Graham y Rubio.
En este tipo de documentos, la premisa es encontrar puntos de consenso entre distintos intereses (partidistas, lobby de grupos económicos, sociales), para la elaboración de un proyecto de ley que sea viable en el Congreso. En ese sentido, lo más probable es que con el paso de los meses, esta propuesta sufra una serie de enmiendas y votaciones para ir puliendo su contenido.
Su principal barrera será en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, quienes ven con malos ojos una potencial reforma que otorgue una “amnistía” a individuos que han quebrantado la ley (al cruzar una frontera sin permiso). Sin embargo, recientes sondeos indican que casi dos tercios del electorado estadounidense se inclina por un “camino a la ciudadanía” que incluya pago de una penalidad, de impuestos y revisión de antecedentes criminales, que es justamente lo que sugiere la reciente propuesta del “Grupo de los 8”.
El tortuoso camino a la ciudadanía
“Esta no es una amnistía; la amnistía es el perdón de algo. Amnestía es como decir hácelo ilegalmente, porque es más barato y fácil”, declaró el senador (R) por Florida, Marco Rubio, a quien se le atribuyen intenciones electorales para las presidenciales del 2016. “Será más barato, rápido y fácil para las personas que vuelvan a sus lugares de origen y esperen 10 años que pasar por este proceso que he diseñado”.
En efecto, bajo esta propuesta, quienes no se acojan a los beneficios del Dream Act o a los programas de Empleo Agrícola, solamente podrán optar a un status de “Inmigrante Provisional Registrado”, que les permitirá trabajar y hasta salir del país, pero sin ninguna clase de beneficio federal.
El “camino para la ciudadanía” podría ser lejano y tortuoso, puesto que estos “Inmigrantes Provisional Registrados” tendrán que esperar más de 10 años para poder recién aplicar a un status de Residente Permanente, que les pueda finalmente llevar a la ciudadanía estadounidense, pero “colocándose a la cola”, a la fila entre todos los extranjeros que están tratando de obtener visa.
Y aquí viene el número difícil: de estas visas “por mérito” (basadas en puntajes) solamente habrán disponibles 120 mil anuales, con un incremento paupérrimo del 5 por ciento cada año, condicionado a que la tasa de desempleo en EEUU no aumente de los niveles actuales, lo que significa que la gran mayoría de personas indocumentadas nunca podrán alcanzar la residencia permanente o la ciudadanía mediante este procedimiento, creando de facto una clase de individuos, vecinos en nuestras ciudades, que deberán trabajar y pagar impuestos como todos nosotros, pero sin los mismos derechos y beneficios que el grueso de la población.
Las críticas a la propuesta
“En vez de arreglar un sistema quebrado y permitir que 11 millones de inmigrantes indocumentados puedan vivir en EEUU con sus familias como residentes permanentes y ciudadanos, los legisladores de Washington han escogido un proceso que obligará a las familias trabajadoras y cada uno de sus seres amados a pagar 2000 dolares en multas, pagar impuestos atrasados, esperar 13 años para aplicar a la ciudadanía, militarizando la frontera, y forzando a miles de empleados agrícolas a trabajar en condiciones esclavizantes sin mejorar su protección laboral y sus estándares de vida”, señaló severamente Ron Gochez, miembro fundador de Southern California Immigration Coalition, una organización pro-inmigrante de Los Angeles que está convocando una protesta para este 1 de mayo.
Si bien este documento de acuerdo es un gran avance en la materia (millones de personas no temerán ser deportadas y podrán trabajar y viajar con tranquilidad), contempla una serie de condicionantes que son parte de la negociación para satisfacer los intereses políticos y económicos de grupos conservadores de la sociedad estadounidense.
Una muestra de ello es que la propuesta empieza abordando el reforzamiento de la seguridad fronteriza. De hecho, se estipula como primera condición para el inicio de la “legalización” de indocumentados, que el programa de seguridad fronteriza comience a aplicarse.
El plan garantiza 3 billones para el aumento de la seguridad, incluidos 3500 nuevos agentes, además de 1,5 billones para extender el muro fronterizo, estableciendo una meta de reducir en un 90 por ciento la inmigración ilegal al país. Si no se cumpliese esta meta en 5 años, la propuesta detalla otros 2 billones de dólares para enmendar el rumbo.
Toda una inversión multi-millonaria en un problema que es bastante relativo: según recientes estudios, la inmigración ilegal en la frontera sur se ha reducido drásticamente de la espiral ascendente de las décadas anteriores, llegando a casi cero. Dos razones argumentadas son la debilidad de la economía estadounidense tras el período reciente de recesión, y la violencia en el norte de México. Además, la posible aprobación de una Reforma Migratoria tampoco sería incentivo para cruzar la frontera ilegalmente, ya que solamente los individuos que se han mantenido en el país desde 2011 podrían aplicar al status provisional descrito.
Este plan inicial, este borrador bipartidista de una posible Reforma Migratoria, genera importantes preguntas para la comunidad hispana. Una revisión histórica sugiere que este tipo de legislaciones emana cada 3 décadas, por lo que no es probable que hayan muchas otras posibilidades, ni tampoco un momento políticamente propicio, para abordar el tema. ¿Son los beneficios inmediatos, a corto plazo, suficientes para compensar las condicionantes que tiene el plan (camino largo y escaso hacia la ciudadanía, militarización de la frontera)? ¿Existe capital político para presionar por un mejor acuerdo, o más bien se debe apuntar a la viabilidad de la propuesta en el Congreso? Los próximos meses seguramente brindarán la respuesta.
Hugo Espinoza Caut (twitter)/ Redacción “Entre Noticias”
