«La población ocupada ha perdido medio millón de efectivos y el paro alcanza a más de cinco millones de personas, de los que más de dos millones llevan más de dos años sin encontrar trabajo».
Por Victor Arrogante
Sufrimos las consecuencias de los recortes y ajustes económicos que los gobiernos de turno han ejecutado en los últimos años, en buena parte del mundo y de forma especial en España. Es la puesta en práctica de la ideología neoliberal, teorías económicas y políticas austericidas contra el pueblo llano.
La economía analiza el comportamiento de las sociedades por la subsistencia, teniendo en cuenta la producción de bienes y servicios, relacionándolo con los recursos naturales escasos. Para Adam Smith, las relaciones económicas de forma equilibrada, en una sociedad en la que los individuos sólo se preocupan de sus propios intereses, se producen gracias a una «mano invisible» que, de forma espontánea, coordina los mercados y sus intereses. En este orden natural los gobiernos no deben intervenir, limitando su actuación a defender la propiedad privada, administrar justicia y facilitar bienes públicos (como carreteras o puertos). Keynes defiende que en momentos de crisis es necesaria la intervención del estado para corregir los desequilibrios que el mercado origina, mediante políticas fiscales y redistributivas. Para Marx, el capitalismo se sustenta en la existencia de dos clases cuyos intereses son contradictorios y antagónicos: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, dueño de su fuerza de trabajo. Burguesía y proletariado enfrentados en una «lucha de clases».
Lo cierto es que la economía estudia, analiza y propone la forma en que se fijan los precios de los bienes y factores de la producción, como el trabajo y el capital; el comportamiento de los mercados financieros; las consecuencias de la intervención del estado y su influencia en el mercado; la distribución de la renta, así como proponer métodos de ayuda a la pobreza sin alterar resultados económicos; la influencia del gasto, impuestos y déficit público en el crecimiento. También estudia el desarrollo de los ciclos económicos, causas, oscilaciones del desempleo y producción y cuales son medidas necesarias para el crecimiento; funcionamiento del comercio internacional; o el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Con todo y con esto, la mayoría de los economistas no supieron o no quisieron ver la que se nos avecinaba: la crisis económica más devastadora de la historia, que ha afectado al propio estado social.
Tras el fracaso de los países comunistas, el modelo económico que querían representar, la «economía planificada», dejó de ser alternativa al «capitalismo». Los defensores del «mercado» se hicieron más fuertes y el «pensamiento único» se implantó globalmente para quedarse. En el sistema todo tiene que ser libre, menos la conciencia social; todo a disposición de la libre economía, incluso la dignidad de los trabajadores; todo sometido al libre mercado, sin normas, ni leyes, salvo cuando sean necesarias para su beneficio. ¡Qué el estado no intervenga!, pero pedirán inversión, capital o rescate cuando se reduzcan las ganancias. Tras la aplicación salvaje de sus teorías, se esconde la insolidaridad entre los seres humanos, chocando con valores sociales como democracia o justicia social. Todo por el máximo beneficio.
El nuevo capitalismo se sustenta del beneficio que generan diferentes fuentes. Con la especulación financiera alejada de empresas productivas y deslocalizando empresas, pagan los trabajadores explotados y con menos derechos. Con los rescates y las quitas, como preferentes, corralitos y otros productos tóxicos, pagan los clientes de los bancos. Exigiendo a los gobiernos recortes en gastos sociales y servicios públicos, paga la ciudadanía en general, especialmente los menos favorecidos. Trabajadores, clientes y ciudadanía, que son la misma cosa, son explotados tres veces desde diferentes ámbitos.
En este sistema económico, si alguien no compra, alguien no vende, no obtiene beneficios, por lo que no tiene sentido seguir produciendo y tampoco mantener asalariados. El objetivo es ganar dinero a costa de lo que sea y es secundario lo que se venda: si existe demanda (incluso prostitución, armas o drogas), si crea beneficio y posibilidad de acumulación de riqueza, todo vale. El capitalismo es capaz de alcanzar las mayores cuotas de creación de riqueza a costa de la injusticia social, ampliando exponencialmente la horquilla de las desigualdades sociales.
Hay otro enfoque posible, en el que ni todo vale, ni todo consiste en ganar dinero. Con esta visión, la producción adquiere una función social. Este modelo, basado en la competencia, combina la libre iniciativa con progreso social, asegurado por la capacidad económica. Los valores éticos en los cuales se fundamenta la economía social de mercado se centran en principios que guardan relación con la dignidad humana, el bien común y la solidaridad a fin de lograr un sistema económico equilibrado, al servicio de la calidad de vida de los seres humanos. En la «economía social de mercado», el estado interviene en el libre mercado para garantizar la justicia social. La propiedad privada cumple una función social, subordinada al principio de destino universal de los bienes. En la búsqueda libre del beneficio económico se salvaguardan valores como el bien común, la moderación y la responsabilidad ambiental, como garantías de bienestar para todos los actores sociales.
La Constitución española permite este sistema y el contrario. Proclama la voluntad de “Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Dice en su articulado que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Reconoce el derecho y el deber de todos los españoles “al trabajo… y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Mucho se dice y mucho se incumple. España se constituye en un “Estado social y democrático de Derecho” y garantiza un orden económico y social justo, “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”, en el que “los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. Como estamos viendo, los gobiernos se acercan a la economía de mercado, alejándose del Estado social.
La económica capitalista se mueve de manera cíclica, a golpe de crisis, más o menos profunda, de forma habitual. El FMI cifra en 122 las que se han producido desde la más famosa en 1929. Las últimas cuatro grandes se han producido en muy diferentes lugares del planeta y por diversas causas, con un hilo conductor: la «sobredimensión» que provoca «burbujas». Ahora estamos en la del «capitalismo de casino», que comenzó a finales de 2006 con los problemas de las entidades financieras estadounidenses, que habían popularizado las hipotecas subprime, concedidas a personas con pocos recursos. Estas hipotecas fueron vendidas como productos derivados a otras entidades en todo el mundo, contaminando al sistema internacional. Las inyecciones de liquidez a bancos y gobiernos se utilizaron para hacer frente a su morosidad y los créditos no llegaron ni a familias ni a empresas. En esta situación apareció la cara más amarga de la crisis: miles de empresas cerradas y millones de personas desempleadas en todo el mundo.
El objetivo del sistema capitalista es ganar dinero, por lo que fabrica y vende cuanto más mejor. Con ello, la capacidad de producir crece más que la posibilidad de consumir y entra en juego el sistema financiero, concediendo créditos al consumo, provocando el endeudamiento desproporcionado del sector privado (familias y empresas). Al crecer, hace que algunos precios se inflen y suban, como el de la vivienda, creando una «burbuja inmobiliaria especulativa». Cuando la distancia entre la capacidad de compra y capacidad de pago aumenta, el riesgo de impago sobrepasa los límites y estalla la burbuja. La crisis está servida.
En política económica no es lo mismo hacer una cosa que la contraria. Las teorías económicas están avaladas por ideologías y su aplicación beneficia a la clase capitalista o en su caso a la clase media y trabajadora. Los depositarios de las ideologías son los partidos y con ellos los gobiernos. Cuando se dice que todos los gobiernos son iguales y hacen lo mismo, hay que decir a continuación que si hacen lo mismo es porque tienen igual ideología. No es cierto que los gobiernos que representan a la izquierda ideológica hagan lo mismo que los de la derecha. Ni todos son iguales, ni todos hacen lo mismo, aunque la solución que se ha dado es la contraria a la que se precisaba.
En este tiempo, la población ocupada ha perdido medio millón de efectivos y el paro alcanza a más de cinco millones de personas, de los que más de dos millones llevan más de dos años sin encontrar trabajo. Ha bajado la tasa de actividad y la afiliación a la Seguridad Social, cuyo Fondo de Reserva ha perdido más de 25 mil millones de euros en cuatro años. La deuda pública se sitúa en 1,053 billones, lo que representa el 99,5% del PIB. No se está reactivando la economía y el desempleo en España triplica la tasa media de paro en los 34 países de la OCDE. La riqueza de las familias ha caído en el último año un 15,7%, mientras que los presidentes del Ibex cobran 158 veces más que un empleado medio. Ahora el gobierno ha quedado en evidencia ante la Comisión Europea, que ha descubierto el engaño electoral y advierte que España no cumplirá con el déficit ni en 2015 ni en 2016. Además se puede producir un recorte encubierto de 3.000 millones, según alerta la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, lo que dejará hipotecado al próximo gobierno tras el 20D.
El gobierno de Rajoy, que gestiona el Estado al servicio de los intereses del capital, con la excusa de la crisis, ha desmantelado el «Estado social» y hasta el democrático de Derecho con su rodillo, sus reformas y las dejaciones en la administración de justicia. Con austeridad y sin inversión pública, recorta gastos en prestaciones sociales, elimina derechos y servicios públicos esenciales y privatiza otros; sube los impuestos en general, sin incrementar la presión fiscal a las rentas más altas. Ante la situación creada y los datos que presenta la economía, el gobierno no asume su fracaso y Rajoy, pese a lo que dice, consolida la miseria. Las medidas que posibilitarían salir de la situación, las está gestionando la derecha más reaccionaria en todos los ámbitos.
La crisis la estamos pagando los que siempre pagamos todo en beneficio de los poderosos, sustentadores de la ideología que domina.
Victor Arrogante: Exprofesor. Ayer y hoy militante por la justicia, la igualdad y la solidaridad. Colabora con su opinión en Diario Progresista, Cuarto Poder, Nueva Tribuna, Publicoscopia y muchos otros medios. Es autor del libro «Reflexiones republicanas» publicado por CultivaLibros.
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Entre Noticias/Artículo publicado con autorización del autor.
