Vincenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Uno de los movimientos más importantes que España ha visto en los últimos años ha sido el 15-M, que denunció la falsedad de las instituciones que se definen a sí mismas como democráticas, indicando que en lugar de representar los intereses de la ciudadanía tales instituciones representan los intereses de las grandes empresas financieras e industriales que dominan no solo la vida económica, sino también la política y mediática del país. La evidencia de que ello es así es abrumadora.
De ahí el éxito de uno de los eslóganes que apareció con más frecuencia en sus manifestaciones, “Lo llaman democracia, pero no lo es”, un eslogan que resume muy bien el mayor problema de la llamada democracia española. Dicho eslogan fue y continúa siendo altamente popular a nivel de calle en España, como consecuencia de que la gran mayoría de su población está de acuerdo en que las instituciones llamadas representativas no la representan.
Tal falta de democracia, que aparece con toda claridad en España, también ocurre en gran medida en las instituciones igualmente llamadas democráticas que gobiernan la Unión Europea, y que incluyen no solo el Banco Central Europeo, sino también la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Eurogrupo e incluso también el Parlamento Europeo.
Un ejemplo de ello es lo que ha estado ocurriendo en los países de la Eurozona durante el periodo de la Gran Recesión, cuando las clases populares de tales países han estado sometidas a una serie de políticas públicas que han afectado muy negativamente su bienestar y su calidad de vida. Estas políticas públicas han sido impuestas por la mayoría de gobiernos de la Unión Europea (UE), altamente influenciados por los grupos financieros y económicos que dominan la vida económica.
De ahí que las políticas públicas impuestas por tales grupos (como las reformas laborales) vayan encaminadas a mejorar los intereses empresariales a costa de los intereses del mundo del trabajo, con el consiguiente descenso de los salarios y de la calidad del empleo. Un tanto semejante ocurre con los recortes de las transferencias y los servicios públicos del Estado del Bienestar, que han reducido de una manera muy marcada la protección y la seguridad laboral y social de la población, significando un deterioro muy acentuado de la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía.
La coaptación de las instituciones llamadas representativas por parte de las grandes empresas financieras y las corporaciones transnacionales
Estas políticas públicas se han aplicado para beneficiar a las grandes empresas financieras y empresariales (representadas en España por el IBEX-35), cuyo poder político y mediático es enorme. Un ejemplo de ello es que en pocos días la Constitución Española se modificó para escribir en piedra en dicho documento que el Estado español debe tener como primera responsabilidad en su quehacer cotidiano el pagar su deuda con los acreedores, la mayoría de la cual está poseída y/o gestionada por las instituciones financieras dominantes en España y en la UE.
Otro ejemplo de esta excesiva influencia de los intereses financieros e industriales es lo que ha estado ocurriendo con la empresa automovilística alemana, Volkswagen. Desde hace décadas, la comunidad científica internacional que trabaja en salud pública ha alertado del enorme peligro que representa para la salud de la población su exposición al muy tóxico dióxido de nitrógeno que se desprende de la utilización del diesel, siendo los automóviles y camiones los mayores generadores de dicha contaminación.
En EEUU, donde la protesta frente a esta situación fue más acentuada que en Europa, el gobierno federal ha ido presionando para que la dependencia del transporte en el uso del diesel vaya disminuyendo. En Europa, sin embargo, la industria del diesel se sacó de la manga el “nuevo diesel”, promocionándolo como no contaminante cuando, en realidad, desde el punto de vista de la toxicidad es incluso peor, debido a que las partículas a través de las cuales tiene lugar la contaminación son más pequeñas que en el diesel anterior, con lo cual su entrada y penetración en el cuerpo humano (hígado, riñones, pulmones y otros órganos) es incluso mayor.
La industria automovilística en general, y Volkswagen en particular, era plenamente consciente de ello. Y, por extraño que parezca, las agencias reguladoras de los Estados miembros de la UE también. No era desconocido que el diesel (incluido el nuevo) representaba una amenaza mayor para la salud que la gasolina. En realidad, el número de muertos debido a la exposición al diesel es mayor que el número de muertos debido a accidentes de tráfico como ha señalado Wolfgang Münchau, del Financial Times (09.11.15).
Como consecuencia de una mayor conciencia ecológica en EEUU que en Europa, la regulación ambiental es más estricta en aquel país que en el continente europeo. El máximo de emisiones permitidas en EEUU es de 40 microgramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro. Los reguladores, sin embargo, han sido siempre mucho más laxos en Europa que en EEUU, permitiendo el doble, o sea, 80 microgramos. En realidad, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea están trabajando (con la ayuda del lobby del automóvil) para que sea 128 microgramos por kilómetro, más del triple de la norma estadounidense. El gobierno español presidido por el Sr. Rajoy ha sido uno de los gobiernos que han apoyado con mayor intensidad esta medida.
La complicidad de las mal llamadas instituciones democráticas en el ataque a la salud de los ciudadanos
La evidencia del enorme poder de tales lobbies (los más importantes son, además de la banca, las empresas farmacéuticas, las químicas y las del automóvil) en las instituciones llamadas democráticas europeas es contundente. En Bruselas, donde está la sede de la Comisión Europea, la presión de estos lobbies es la que configura la mayoría de normas que rigen la regulación de tales grupos de interés. En otras palabras, son estos lobbies los que prácticamente escriben las leyes.
Pero, por si ello no fuera suficiente, la industria automovilística ha utilizado todos los métodos para saltarse las normas (ya en sí mucho más laxas de lo que deberían ser). Y una manera de hacerlo ha sido incluyendo un software que permite falsificar las pruebas que se realizan para medir el grado de contaminación en los coches. En el laboratorio estadounidense donde se descubrió este software (y dado a conocer el pasado 23 de septiembre) la tasa real era 40 veces superior a la permitida.
La respuesta inmediata de la compañía Volkswagen, cogida in fraganti, fue que la instalación del software era desconocida por la dirección de dicha compañía (la caradura del mundo empresarial no tiene límites) y que solo afectaba a un número muy reducido de modelos de coche de Volkswagen. En realidad no eran unos pocos. Eran nada menos que 11 millones de vehículos, de los cuales 8,5 millones se habían vendido en la Unión Europea. El Presidente delegado de la compañía a nivel mundial nombró a un nuevo director que era el que dirigía la sección Porsche, que se consideraba limpia (hasta que se descubrió que los Porsche también tenían tal software).
Frente a esta realidad, uno esperaría que el gobierno español rápidamente hiciera un cambio de la Constitución, poniendo que la salud de la ciudadanía es el primer objetivo del Estado por encima de todo lo demás. Le aseguro que ello no pasará. No porque los gobiernos no sean capaces de aprobar documentos y leyes muy altisonantes que se leen muy bien y que no sirven para nada (la Constitución española está llena de normas que se ignoran constantemente, desde el derecho al trabajo a la obligación de aplicar las leyes que los propios políticos aprueban y que se saltan a la torera cuando les conviene). Pero usted no verá como el presidente y el jefe de la oposición se reúnen con nocturnidad y alevosía para cambiar la Constitución, pues no se sienten presionados por la población que, en general, ha caído en una especie de fatalismo.
La gente sabe lo que ocurre en el país, y de ahí la popularidad de los eslóganes del 15-M. Pero no creen que las cosas puedan cambiarse, sensación que reproducen los grandes medios de información y persuasión. Es cierto y es una nota de optimismo que las recientes elecciones municipales y las últimas legislativas han abierto nuevas vías y esperanzas que pueden cambiar el escenario. De ahí la importancia de cambiar urgentemente las instituciones políticas
La necesidad de movilización popular a nivel europeo
En realidad, cómo resolver la falta de democracia en España es relativamente fácil de ver. Debería romperse la ligazón del poder financiero y económico por un lado, con el poder político por el otro, impidiendo a la vez la relación entre el primero y el segundo a través también del control de los medios de información y persuasión por parte del poder financiero y económico.
La verdad de lo ocurrido, tanto en el caso de la crisis financiera (donde hemos visto el mayor caso de beneficencia pública a un colectivo –los bancos-) como en el caso de Volkswagen, ha sido difícil de conocer debido a que los mayores medios de información y persuasión (todos ellos, tanto los públicos como los privados) están financiados y/o influenciados por aquellos intereses. Hoy la primera reacción de los Estados y de las instituciones llamadas “democráticas” europeas ha sido el de proteger, no la salud de la ciudadanía, sino la salud de los equipos de dirección de la industria automovilística. Y un tanto parecido ha ocurrido en los mayores medios de comunicación. Y desde luego, le aseguro que nadie terminará en la cárcel. Y a esto lo llaman “democracia”.
Una última observación. Es sorprendente que en las elecciones del 20 de diciembre el partido más votado fuera el PP, un partido conservador-neoliberal perteneciente a las familias políticas europeas conservadoras-liberales, que son las familias más próximas y más defensoras del establishment económico-financiero (en España el IBEX-35) que han apoyado más a la banca y a la industria automovilística. Hoy el establishment político-mediático desea la continuación del gobierno del PP, con la ayuda de Ciudadanos, otro partido liberal, cuyo principal asesor económico es el más próximo al IBEX-35 de todos ellos. ¿Lo conseguirán? No hay que descartarlo, pues hay una enorme presión, desde la Casa Real a Wall Street, para que ello ocurra.
Desean por todos los medios parar esta creciente demanda de separar el poder financiero y económico del poder mediático-político, que transforma los últimos en meras correas de transmisión de los primeros. Estas presiones están centrándose en el PSOE, dividiéndolo para impedir que se establezca una alianza de izquierda a favor del cambio.
Mientras, estamos viendo la mayor campaña de agresividad y hostilidad que haya existido en Europa (desde la II Guerra Mundial) por parte del establishment político-mediático europeo, en contra de los partidos como Podemos e Izquierda Unida, En Comú Podem, Las Mareas y Compromís-Podem, que representan una alternativa. Tal agresividad, nunca vista antes, muestra la inseguridad que la estructura de poder refleja promocionando la represión que siempre ha caracterizado a las fuerzas conservadoras y liberales frente a lo que perciben como una amenaza.
Esta avalancha requiere movilizaciones populares de todo tipo. Y es positivo que se creen plataformas que denuncien la falta de democracia en Europa, como la iniciada por el que fue en su día Ministro de Finanzas del gobierno Syriza en Grecia, el Sr. Varoufakis, plataforma y movimiento al cual he dado todo mi apoyo. Pero se necesita ir mucho más allá –como seguro los organizadores de tal campaña son conscientes- pues es urgente que se establezcan coaliciones con movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos, a nivel europeo, para transformar profundamente las instituciones de gobernanza de Europa, hoy controladas por el mundo del capital, para ponerlo al servicio de las clases populares de todos los pueblos y naciones de este continente.
